Se profundiza la militarización en el norte del país. A una semana de que se diera luz verde al Decreto con Fuerza de Ley que regula el accionar de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas, el gobierno de Gabriel Boric saca un balance positivo, sobre una iniciativa que entrega mayores potestades a militares para controlar y reprimir, entre ellas controles de identidad, registro de equipajes y detenciones.

Una medida que ni siquiera el gobierno de Piñera fue capaz de llevar adelante, pero que el actual gobierno ha implementado sin ningún escrúpulo, aludiendo a la mantención del orden público, y el resguardo de la “infraestructura crítica”, que concentran sitios estratégicos de la economía y servicios, entre otros.

La ministra del interior y seguridad pública, Carolina Tohá se refirió a la situación tras su arribo en Tarapacá, región en la que comenzó el despliegue de la operación, específicamente en la comuna de Colchane:

“Seguramente vamos a tener muchos camiones militares circulando por carreteras, y eso va a ser una carga para esas carreteras, o vamos a tener personal que consume agua. Es verdad que vienen muchos desafíos con esto, pero es una buena noticia que tengamos esos desafíos. Era mucho peor no tener estas exigencias, por el hecho que estábamos tan faltos de estas funciones de este personal, y de esta presencia que hoy día estamos activando”.

Estos dichos los siguió profundizando en el programa “Hable en Off” de Radio Duna, donde junto con sacar un balance positivo de lo que viene siendo el plan de militarización fronteriza, señaló “probablemente esta medida por sí sola no va a ser suficiente, va a tener que ser acompañada por otras medidas más", añadiendo “en el caso de que haya peligro y amenaza a la vida de terceros se ocupa el armamento letal".

Es claro que para el gobierno, esta política militarización en zonas fronterizas es tan sólo un manto que esconde la implementación de medidas que responden a una agenda política cada vez más a derecha, donde los paños fríos hacia el gran empresariado y el sostenimiento de políticas antidemocráticas y coercitivas se mantienen el tiempo. Las cada vez mayores garantías y facultades con la que cuentan las instituciones represivas del Estado como las Fuerzas Armadas, carabineros y la PDI, son parte de esta tónica.

Hoy en que el gobierno se adapta completamente a la política conservadora que busca imponer a la derecha, quienes vienen dirigiendo algunos de sus principales ataques a la población migrantes, con discursos que promueven el odio y xenofobia, acompañado de un fuerte acento a la agenda de seguridad, resulta necesario denunciar y desenmascarar este accionar. Medidas que luego serán utilizadas en contra de trabajadores, estudiantes, y todos aquellos sectores que se organizan frente a las miserias de este sistema, y que el gran empresariado con la venia de la casta política incluido el oficialismo del Socialismo Democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio, no dudan de hacer caer sobre la espalda el pueblo trabajador.