Finalmente se conocieron los alcances de la baja de impuestos que venía anunciando hace meses Luís Lacalle Pou.
El discurso ante la Asamblea General del Parlamento fue el momento elegido para dar a conocer los detalles de la propuesta del gobierno.
La distancia entre el discurso y la realidad
Lacalle realizó estos anuncios en el contexto de un discurso donde se dedicó a realizar un balance de su gestión, iniciando el 4to año de su gobierno y a poco más de un año y medio de las próximas elecciones.
Como era de esperar su discurso estuvo lejos de la realidad que enfrenta la mayoría de la población.
Disminución del desempleo, baja en la informalidad laboral, planes de vivienda y record de inversiones y crecimiento fueron algunos de los aspectos reseñados por el presidente como “éxitos de su gestión”. También hubo tiempo para promesas de recuperación salarial en lo que queda del periodo, defender la Ley de Urgente Consideración (LUC), y reafirmar su intención de avanzar con la reforma educativa y concretar la ley de reforma de la seguridad social.
Este país irreal que se empeñó en mostrar el presidente está a una enorme distancia de la vida cotidiana de las amplias mayorías de la población.
El deterioro de las condiciones de vida y la pérdida de salario real de las y los trabajadores van de la mano con el aumento de la riqueza y las ganancias del sector empresarial que ha generado la política económica de la Coalición en estos 3 años.
El programa de la derecha nada bueno puede traer para el pueblo trabajador.
El anuncio de la baja de los impuestos
Preocupado por la baja de su popularidad, con las repercusiones del caso Astesiano en primera plana y con los datos de la verdadera situación económica que vive el país sobre la mesa, Lacalle buscó con la muy anunciada baja de impuestos revertir el desgaste de su gestión y dar un envión a las posibilidades de la derecha en las próximas elecciones.
Es innegable el tinte demagógico y la búsqueda de revitalizar el apoyo en su base social de las medidas anunciadas, aunque lo muy limitado de los anuncios también dan muestra que no hay mucho margen de acción.
Lacalle anunció que cerca de 63.000 trabajadores van a dejar de pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y alrededor de 20.000 jubilados dejarán de pagar el IASS y que las modificaciones impositivas van a beneficiar al 75% de los contribuyentes.
A su vez para las franjas de menores ingresos que tributan el impuesto (quienes ganan hasta 60.500 pesos mensuales), la tasa de deducciones aumentará del 10% al 14%; y la deducción por hijo a cargo subirá de 73.580 pesos anuales (13 BPC) a 113.200 pesos anuales (20 BPC); manteniéndose además la duplicación en casos de hijos con discapacidad.
Por otra parte aumentará el tope de costo de la vivienda para poder acceder a la deducción del crédito hipotecario y el crédito por arrendamiento de inmuebles aumentará de 6% a 8%.
En relación al Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) el presidente anunció que se aumentará el mínimo no imponible de 8 a 9 BPC, por lo que la primera franja subirá a 46.476 pesos. Este impuesto lo pagaron algo menos de 200mil jubilados en 2021 lo que equivale al 26% del total de personas que anualmente cobran pasividades (unas 750 mil).
Lacalle Pou también anunció que habrá modificaciones en el régimen del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) ficto que pagan las empresas, que pasará a ser con un esquema de tasas progresivas, como lo es el IRPF.
Lacalle reafirma el modelo excluyente
Hoy por hoy pagan el IRPF quienes ganan alrededor de 40mil pesos anuales (la cifra varía levemente según las deducciones que se pueden tener) y sin embargo algo más del 70% de la población trabajadora no paga este impuesto.
El dato da cuenta de los bajos salarios existentes en el país; algo similar sucede con las jubilaciones ya que solo un 25% paga el IASS. Estas cifras muestran la realidad de la clase trabajadora y del modelo económico imperante desde hace décadas con sueldos sumergidos y que no alcanzan a cubrir la canasta básica.
Los anuncios, que dejan afuera a ese 70% de peores ingresos, tienen un alcance poco menos que simbólico para los otros sectores, sin cambiar la realidad del poder adquisitivo de la amplia mayoría de la población.
Esta rebaja además se da luego del aumento de la recaudación en estos años por los cambios en la fórmula de cálculo de la BPC (en lugar de tomar la inflación como referencia el gobierno pasó a considerar el aumento salarial) y por la eliminación de la rebaja del 2% de IVA a las compras con débito. Las medidas implican entonces una renuncia fiscal de 150 millones de dólares, cuando en estos 3 años la recaudación creció alrededor de 100 millones.
Más allá de estos cambios cosméticos no se modifica en lo más mínimo una estructura impositiva organizada en beneficio de los grandes empresarios. Como señala Salvador Neves en Brecha “Mientras que tanto en Uruguay como en los países de la OCDE los impuestos al consumo representan el 10 por ciento del PBI, los gravámenes sobre las rentas significan, en este país, la mitad de lo que representan en los de esa organización, y también son inferiores en Uruguay los que pagan por distintos conceptos las empresas y los propietarios”.
Todos los gobiernos, desde la dictadura en adelante, vienen profundizando un modelo de corte neoliberal, con todo tipo de beneficios para los empresarios, exenciones impositivas, subsidios, y zonas francas; y que se basa en bajos salarios para las y los trabajadores así como mayor precarización y flexibilización laboral.
Por supuesto que estos pilares se mantienen inalterables, a pesar del crecimiento de la desigualdad social y las grandes ganancias que vienen obteniendo distintos sectores económicos (por ejemplo el agro) en estos últimos 3 años.
Un programa obrero de salida a la crisis
La oposición del Frente Amplio es incapaz de ofrecer una alternativa al programa de la derecha.
Frente a los anuncios, se han limitado a señalar que deja afuera a los sectores más sumergidos pero no dicen nada de que de conjunto se trata de un modelo impositivo regresivo e injusto.
Durante sus 15 años de gobierno fueron artífices de este modelo de salarios sumergidos, donde existe un impuesto como el IRPF que grava los salarios y no toca la renta de los grandes empresarios. No podemos olvidar que el IVA, un impuesto que grava el consumo de toda la población fue dejado prácticamente igual durante su gobierno.
Solo un programa de gobierno que termine con los beneficios que hoy tienen los grandes empresarios puede traer un cambio positivo para la situación que viven las y los trabajadores.
Algunas de la medidas que hay que implementar incluyen terminar con el IVA al consumo y el impuesto a los sueldos que representa el IRPF, para avanzar en una estructura impositiva que grave las grandes fortunas, terminando con los beneficios a las zonas francas y a la inversión extranjera. Al mismo tiempo hay que revertir este modelo de explotación y salarios miserables liquidando la precarización y flexibilización laboral. | 
