El 8 de febrero y los comunicados 4 y 7
El Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía se sublevan el 8 de febrero de 1973, en rechazo al nombramiento del General retirado Antonio Francese como ministro de Defensa, por parte del entonces presidente, Juan María Bordaberry.
En los dos días siguientes, el Ejército y la Fuerza Aérea difunden su rechazo al General “constitucionalista” Antonio Francese y dan a conocer los comunicados militares 4 y 7 en los que realizan una serie de apreciaciones políticas y sugieren una serie de medidas que el gobierno debería aplicar.
Por otro lado, la Armada se opone al levantamiento y se “atrinchera” en la Ciudad Vieja en defensa de la figura presidencial. Luego de 4 días de tensiones, el 12 de Febrero de 1973 se llega al Pacto de Boisso Lanza por el que se crea el Consejo de Seguridad Nacional (CO. SE.NA.) [1] integrado por el Presidente, los ministros y el Jefe del Estado Mayor Conjunto.
Quedando constituido de esta manera un gobierno cívico militar, que se preparaba para imponerle una derrota histórica a la clase trabajadora y al movimiento popular, consolidando con eso las bases fundamentales para el gobierno dictatorial que buscaban imponer.
La bancarrota de la izquierda reformista
Aunque el recientemente creado Frente Amplio no tuvo una posición monolítica, sus grupos mayoritarios (el Partido Comunista y el Partido Socialista) apoyaron o vieron con simpatía el levantamiento militar.
El Partido Comunista (guiándose por su concepción de alianzas con sectores de la burguesía nacional) entendió que estos militares eran “peruanistas”. Inspirándose en el militar Velazco Alvarado que había dado un golpe de estado en 1968, en Perú y que había tomado medidas nacionalistas que se suponía confluían con el interés popular.
En su editorial publicado en “El Popular” [2], el PCU defendió la confluencia con estos militares y afirmó que: “Para quienes, como nosotros, consideramos que el dilema del país es oligarquía o pueblo, no puede haber otra opinión. Nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre poder civil y poder militar; que la divisoria es entre oligarquía y pueblo, y que dentro de éste caben indudablemente todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo, para terminar con el dominio de la rosca oligárquica.”
Semanas más tarde, Rodney Arismendi el principal dirigente del PCU en la época, afirmará: “…pero los puntos enumerados suponían que en las Fuerzas Armadas, tendencias importantes tomaban conciencia de los problemas fundamentales del país, y lo hacían enumerándolos, en una coincidencia no concertada, objetiva, para emplear la frase repetida, con aspectos del programa mínimo del Frente Amplio y de la CNT.” [3]
Para el PCU, Bordaberry era el representante de la oligarquía (“la rosca” como se la conocía en esa época), en cambio los militares que se rebelaban podían confluir con el pueblo y tener posiciones de izquierda [4].
Estas expectativas se basaban en algunos pasajes de los comunicados 4 y 7 que hablan de creación de fuentes de trabajo, defensa de la industria nacional y fomento de los sectores productivos, participación obrera en la dirección de las empresas, combate a la corrupción y los ilícitos económicos.
Como consecuencia de estas posturas el movimiento sindical, hegemonizado por el PCU, se mantuvo pasivo y expectante a pesar de la existencia de una resolución desde años atrás llamando a la huelga general en caso de cualquier intentona golpista.
Por otro lado, el Partido Socialista, teniendo una influencia menor en el movimiento obrero, también manifestó expectativas en los comunicados 4 y 7, saludando la confluencia de los supuestos militares “patriotas” con los intereses populares. José Díaz del Partido Socialista escribía en esos años: “la vida ha hecho salir a los militares de sus cuarteles y hoy en la calle sus sectores patrióticos encuentran los caminos de la unidad con el pueblo. [5]
Por último hubo expresiones minoritarias de dirigentes frenteamplistas como Liber Seregni, que expresaban una postura constitucionalista. Que descreían de las intenciones de los supuestos militares “patriotas” y tenían claro que era un golpe de Estado que apuntaba contra las fuerzas del movimiento popular. Pero a su vez, buscaron una salida institucionalista, de pacto con otros sectores políticos, pidiendo la renuncia de Bordaberry y respaldando al entonces vicepresidente Jorge Sapelli. En definitiva un acuerdo entre cúpulas políticas por fuera de los intereses de la clase trabajadora, para sostener la estabilidad institucional [6].
Como se puede ver con este panorama, la izquierda reformista nucleada en el Frente Amplio en sus distintas posturas frente a los hechos que se sucedían en febrero de 1973, aportó negativamente para los intereses obreros y populares, apostando a acuerdos con sectores burgueses como los militares “patriotas” como en el caso del PCU o sectores “constitucionalistas” como la postura de Seregni y otros.
Subordinando de esta forma los intereses obreros y populares, a una disputa campista entre sectores burgueses, y llevando de esta forma como consecuencia a la impotencia y confusión de las fuerzas populares, frente a los planes de fuerza que la burguesía y el imperialismo empezaban a poner en marcha.
Lo que estaba en juego
El prestigioso intelectual Carlos Quijano, director del Semanario Marcha, en su editorial de la época [7], acertó en ver en los sucesos de febrero el empoderamiento militar. En sus palabras: “La cuestión es simple; y va más allá del respeto o no de la constitución; del mantenimiento o no de las instituciones; de la permanencia o no de un presidente; se trata de que el poder militar, lo quieran o no lo quieran , quienes lo ejercen, ha sustituído al poder político.”
Y agregó además su crítica a las visiones que veían esperanzas en el poder militar, citando varios casos recientes en la región en donde el poder militar había hecho de las suyas: “La tragicomedia no ha terminado; pero ya puede apreciarse el paño.” [8]
En aquella época lo que estaba en juego era una pulseada entre los intereses de la burguesía local y el imperialismo, enfrentada a los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares. La reacción tempranamente optó y planificó su estrategia de fuerza y apuntó a imponer sus planes por encima de la clase obrera.
Entonces para realmente imponer sus planes reaccionarios debían infligirle una derrota histórica a la clase obrera, que venía desde hace años acumulando más allá de sus contradicciones, un proceso de experiencias de luchas profundas a partir del ascenso obrero y popular de fines de los años sesenta.
Este enfoque estratégico de la reacción se dirigía hacia el empoderamiento militar, para que éstos en el plano operacional (la represión al movimiento obrero y de masas) establezcan en el país las condiciones exigidas por la burguesía y el imperialismo.
La clase obrera, aunque golpeada por el pachequismo, todavía permanecía en pie y con posibilidades de derrotar a la reacción si se lograba imponer una estrategia adecuada para triunfar. Lo que implicaba mantener la confianza en sus propias fuerzas y sostener una política independiente, sin ir detrás de ninguna fracción burguesa, desarrollando la movilización obrera y popular en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores basado en las organizaciones obreras, y la construcción de organismos de democracia obrera y de autodeterminación.
Es decir una estrategia insurreccional que apuntara a hacer prevalecer el poder de los trabajadores, derrocando a la clase dominante, sus políticos que la representan y expulse al imperialismo norteamericano.
Esta confrontación de intereses entre el pueblo trabajador por un lado y la burguesía nacional asociada al imperialismo norteamericano por el otro, quedó totalmente demostrada con la histórica huelga general en resistencia heroica al golpe de Estado del 27 de junio. Demostrando que la clase obrera organizada era la fuerza fundamental que los golpistas necesitaban doblegar para imponer su plan reaccionario. Huelga durante la cual se puso en las dos semanas que tuvo como duración en jaque al poder y dejó constancia de la fuerza y capacidad de la clase obrera para cambiar el curso de la historia. | 
