Este domingo la comunidad wichí de la localidad Misión Nueva Pompeya de la provincia del Chaco difundió imágenes de la brutal represión de la Policía provincial contra manifestantes de esa nación originaria que reclaman verdad y justicia ante la desaparición forzada de Salustiano Giménez.
Desde el 12 de febrero se desconoce el paradero del joven de 17 años y sus familiares creen que fue asesinado. Ante la incertidumbre sobre qué pasó con Salustiano, a casi un mes de ausencia la comunidad wichí denuncia que el Poder Judicial y la Policía dejaron de investigar. Por eso este fin de semana salieron a las calles de la localidad a protestar. Como toda respuesta oficial, recibieron una brutal represión.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “el viernes 3 de marzo, luego de una protesta, por primera vez la ministra de Seguridad provincial fue al lugar”. Gloria Zalazar se comprometió con la comunidad a “realizar acciones de búsqueda, pero al día siguiente se interrumpieron sin ninguna explicación”, afirma el organismo de derechos humanos.
El Gobernador, Jorge Capitanich, declaró públicamente que Giménez fue víctima de “una causa de homicidio” y a la familia se le informó que hay un sospechoso detenido. Pero lejos de tranquilizarlos, los familiares denuncian que el Gobierno dejó de investigar y buscar a Salustiano al tiempo que, misteriosamente, decidió trasladar al detenido sin mayores explicaciones.
A ello se sumó, según denunció la comunidad, la prohibición de la Policía a un grupo de personas para que encaren la búsqueda en un pozo en el que podría estar el cuerpo. Ambas actitudes provocaron más bronca en Misión Nueva Pompeya (ubicada a 450 kilómetros al noroeste de Resistencia), motivando las enérgicas protestas del fin de semana.
“El Gobernador subió un video diciendo que el caso del chico es un homicidio. ¿Pero dónde está el cuerpo? ¿A quién están cuidado? A los criollos. Que deje de decir ‘homicidio’ si no hay cuerpo. ¿A quién está defendiendo?”, se preguntan en un video desde la comunidad.
Vale recordar que Capitanich es uno de los gobernadores que más se han caracterizado por reprimir y no dar respuestas a las demandas básicas de las comunidades originarias. Siendo uno de los mandatarios aliados de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ha hecho del doble discurso un estilo marcado a fuego. “Derechos humanos” para la tribuna, bala, palo y cárcel para quienes protestan.
En Chaco no es extraño que un joven, sobre todo si es pobre e indígena, termine desaparecido o muerto. La eliminación física de miembros de las comunidades originarias es una práctica más que común de los sectores de poder, tanto privados como estatales. No sólo en la provincia que conduce Capitanich, claro, aunque allí los ejemplos abundan.
Las imágenes difundidas por la comunidad dan cuenta de la brutalidad policial y la decisión oficial de terminar violentamente con el reclamo. Al momento se informó que hay unas 21 personas detenidas y más de 40 heridos (entre ellos algunos policías intoxicados con los propios gases que lanzaron).
El Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir denunció “un nuevo hecho de violencia institucional” a manos del gobierno de Capitanich. En un comunicado difundido el domingo, afirman que durante la mañana “las fuerzas represivas en un operativo detuvo de manera ilegal al presidente de la Asociación comunitaria de Nueva Pompeya, Mario Ledesma. No saben en qué condiciones se encuentra”.
A su vez el Frente de Lucha Piquetero (integrantes de Unidad Piquetera), denunció “los gravísimos hechos represivos que han dejado decenas de heridos y más de 20 detenidos y conmueven a la comunidad wichi del impenetrable Chaco”. Agregan que “ante la inacción tanto de la Justicia como de la Policía, familiares y vecinos en un justo reclamo se acercaron a la comisaría local donde fueron salvajemente reprimidos”. Y denuncian que, al menos hasta el domingo a la tarde, se desconocía “el paradero de los 20 detenidos, por lo que hacemos responsables a los gobiernos municipal, provincial y nacional y reclamamos su inmediata liberación”.
Varias empresas mediáticas chaqueñas, propagandistas del gobierno del Frente de Todos, pretenden hacer pasar los hechos como “disturbios e incidentes” provocados por la comunidad wichí. A ello se suman comentarios orquestados en redes sociales en los que se despliega todo tipo de acusaciones hacia la comunidad originaria, cargadas de racismo y odio colonialista .
Mientras tanto, la ministra Zalazar encabezó una comitiva de funcionarios y jerarcas policiales que viajó a la zona. Allí se sacó fotos y difundió el mensaje de que es necesario “el diálogo” como “el único camino para restablecer el orden y la paz social”. Sin embargo, la única medida concreta que anunció fue el pedido al Ministerio de Seguridad nacional para que tropas de Gendarmería se instalen en Misión Nueva Pompeya para reforzar las tareas de la Policía chaqueña. Según informó Clarín, ya llegaron a la zona cuatro móviles de esa fuerza federal con cinco efectivos cada uno.
Desde el Movimiento Pueblos Originarios en Lucha denuncian, además de la “brutal represión”, que Zalazar “no relata las causas de los reclamos iniciales, su demora, ni de la indignación posterior por la actitud policial, dejando a las comunidades originarias como vándalos, casi irracionales a los que hay que reprimir”. Y exigen “que las autoridades provinciales y nacionales busquen a nuestro hermano Salustino Giménez. Basta de represión hacia nuestros hermanos, sólo queremos justicia, a pocos días del día de la mujer han herido y golpeado a nuestras hermanas por reclamar justicia y aparición con vida de nuestro hermano”.
Rosa Ángeles Campos, madre de Salustiano Giménez, pidió a través de las redes sociales que le “entreguen” a su hijo “ya sea vivo o muerto”. Sólo eso hará que “la comunidad se quede tranquila”, sentenció. | 
