Hay muy pocas posibilidades de que se produzca finalmente una reforma en la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, antes del final de la legislatura de PSOE y Unidas Podemos. Una ley impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015 que en 2021 (último año con datos facilitados por el Ministerio de Interior) se cobró algo más de 5 millones de euros en multas por “faltas de respeto” a la autoridad, además de miles de detenidos.

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Se trata de una ley que, aunque fue aprobada supuestamente para combatir el terrorismo, ha tenido una clara intención de perseguir y sancionar la movilización social y las contestaciones al Régimen del 78. Prueba de ello es el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y la brutal persecución al independentismo catalán o a las movilizaciones de la juventud.

La persecución del movimiento independentista y otros movimientos sociales en territorio catalán es particularmente sangrante. Se saldó con los presos políticos del procés – condenados en 2019 – y más de 4.000 procesados y procesadas, muchos de ellos y ellas con peticiones de penas elevadísimas. Una persecución que el Estado no solo ha ejercido a través de la “Ley Mordaza” sino para la cual se ha servido de todo tipo de estrategias, como la infiltración de policías en los movimientos sociales y el movimiento independentista.

La derogación de la Ley Mordaza fue un compromiso electoral, así como lo fueron la también bloqueada Ley de Vivienda y la derogación de la Reforma Laboral (y no su revalidación, que es lo que fue la Reforma laboral de Yolanda Díaz). Sin embargo, la reforma de la Ley Mordaza claramente es otro proyecto que no cuenta con el suficiente consenso entre los socios de gobierno. El enésimo sapo que tragar por parte de la Unidas Podemos.

Uno de los elementos fundamentales de este bloqueo es la presión ejercida por los policías y guardias civiles, que acordaron en diciembre movilizaciones contra la reforma de la Ley que les otorga casi total impunidad en las calles. Con el lema “¡Por una España más segura!”, el sindicato policial JUPOL y la asociación de la Guardia Civil JUCIL (organizaciones cercanas a Vox) han liderado las movilizaciones de los últimos meses.

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Aunque el ministro Marlaska niega que el bloqueo tenga ninguna relación con la presión de las FSE, señalan algunas líneas rojas que coinciden sospechosamente con las reivindicaciones de este sector: por un lado, el artículo 23.4 que prohíbe el uso de las pelotas de goma; por otro, el 36.6 sobre las sanciones por desobediencia; el artículo 37.4 que busca regular las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y la disposición adicional para acabar con las devoluciones en caliente. Cuatro elementos que si bien están ya edulcorados en la última versión de la reforma, los “sindicatos” policiales no están dispuestos a admitir porque le quitan a las FSE capacidad represiva.

El equipo de Marlaska se niega a aceptar estos dos últimos puntos y defienden a capa y espada el uso de pelotas de goma como material antidisturbios, pese a haber resultado ser una herramienta peligrosísima en numerosas manifestaciones. En cuanto al punto de las devoluciones en caliente, escurren el bulto hacia una futura reforma de la Ley de Extranjería, otro engranaje del imperialista y racista Estado español permitida por el autoproclamado “gobierno más progresista de la historia”.

El problema no es solamente Marlaska. Unidas Podemos, a través de su ponente en esta ley, Enrique Santiago, secretario general del PCE, ha ejercido de mediador entre el PSOE y los críticos a la reforma, apostando por “el diálogo”. Es decir, allanan el camino hacia una no-reforma que deje en lo esencial lo más lesivo de la Ley Mordaza anterior blanqueándola y dándole una “capa de pintura progresista”. El PNV ha secundado la posición de UP y PSOE, mientras que Esquerra Republicana, en un ejercicio de traición a quienes llevan años siendo sancionados por su adhesión al independentismo, firmó el texto con “la nariz tapada” para facilitar la negociación. EH Bildu continúa sin dar su brazo a torcer a una reforma descafeinada como la que plantea el Ejecutivo.

El bloqueo de la reforma de la Ley Mordaza es solo un ejemplo de la deriva punitivista que lidera el gobierno en el último tiempo. No es casualidad que, mientras los sindicatos policiales salen a la calle, se acabe de reformar el Código Penal. Una reforma que supone otro ataque contra la movilización y la disidencia política.

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En un contexto de crisis social, en el que la inflación y los precios suben más rápido de lo que hacen los salarios, en el que las burocracias sindicales pactan pérdidas de salario y en el que la reaccionaria guerra de Ucrania no da señales de pronto final, el Gobierno saca su cara más represiva.

Y es que las herramientas del Código Penal, así como la Ley Mordaza, le vienen estupendamente para reprimir posibles protestas, huelgas y movilizaciones, criminalizando a quienes salen a la calle a luchar por sus derechos. Es en los momentos de crisis en los que los estados sacan su verdadera cara. Y es que son, como sostuvo Lenin en El estado y la revolución, herramientas de la clase burguesa para asegurar sus derechos mediante la fuerza.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado, en este contexto, nunca pueden jugar a favor de la movilización o de la contestación a un Régimen caduco y antidemocrático como lo es el del 78 porque su funcionamiento es intrínsecamente reaccionario. Siempre pedirán mayor impunidad y menos obstáculos para reprimir mejor. Es necesario que la clase trabajadora responda con mayor movilización, y exigiendo al Gobierno el fin de todas las leyes represivas y la excarcelación de los presos.