En Río Negro desde 2015 al 2022 se registraron más 220 femicidios. Una breve historización de la lucha en la que las mujeres y disidencias enfrentan a los grandes poderes económicos, políticos y judiciales, quienes con su accionar perpetúan la violencia a las mujeres. Mil razones para seguir movilizadas y hacer paro en el Día Internacional de la Mujer.
En Bariloche continúa el reclamo de justicia por Brenda Díaz y en Viedma-Patagones la familia de Agostina Jalabert denuncia que fue víctima, estando en México, de femicidio por parte de su novio viedmense que sigue prófugo. Entre las noticias del inicio de la campaña electoral provincial, se dio a conocer que un candidato de Javier Milei a Intendente para la localidad de Fernández Oro, Daniel Molina, fue citado por la justicia a indagatoria por sus posibles vínculos con la desaparición y crimen de Otoño Uriarte. Es en este contexto en el cual una vez más nos movilizaremos en todo Río Negro y el país este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Queremos aquí hacer un breve repaso de los casos más resonantes que atraviesan el reclamo histórico de la provincia, sintetizado en la consigna internacional “Ni una menos, con vida nos queremos”.
Resalta la cantidad de femicidios ocurridos en Cipolletti, conocida nacionalmente como la “Capital de Femicidio”. En cada uno de los casos, así como en el resto de la provincia, siempre aparece relacionado una compleja red de cómplices que han sido agentes de las fuerzas de seguridad, fiscales y jueces o incluso funcionarios políticos. Yanet Opazo fue el primer nombre que sacudió Cipolletti en 1993, asesinada por un balazo mientras paseaba en bicicleta con una amiga. Dos sospechosos, un arma peritada que no fue la que disparó, una investigación fallida en la que las Fuerzas de Seguridad nacionales aseguraron que el proyectil que mató a Yanet ya no podía ser peritado. Se caía la única prueba. El proceso se cerró sin culpables y la palabra impunidad comenzaba a sonar por la ciudad.
El Primer Triple Crimen: una cadena de impunidad
Domingo 9 de noviembre de 1997. Las jóvenes hermanas María Emilia y Paula González con su amiga Verónica Villar salieron a caminar para nunca más volver. Al caer la noche la Comisaría 69 (ahora 32) no toma la denuncia de los familiares alegando que se debía esperar 48 horas, que “seguro se habían ido con algún noviecito” y tantos otros prejuicios sexistas. Los propios familiares y amigos salieron esa misma noche a buscarlas sumándose en la mañana siguiente toda la comunidad. Dos días después, el 11 de noviembre, un vecino junto a su perra encontró a las chicas semienterradas amordazas, con signos de violencia en una zona conocida como los Olivillos, cerca de las vías del tren.
Evidentemente en el brutal femicidio participó más de una persona. La hipótesis en la que confían los familiares es que los responsables son civiles hijos de familias con poder económico y político en la zona, además obviamente de la policía. Para este caso en particular una mujer que declaró como testigo en la causa aseguró que había visto a las chicas en una “fiesta sexual” de manera forzada.
La Policía, con el Comisario General Rubén Elosegui a cargo, intentó inculpar a un hombre que vivía en una precaria casilla cercana al lugar del hallazgo de los cuerpos; los agentes fueron a arrestarlo y le dispararon. El jefe policial terminaría destituido y procesado por encubrimiento, luego de que el papá de una de las chicas, Verónica, escuchara a uno de los agentes decirle al propio Elosegui que “a pesar de haberle pegado tres tiros no lo pudieron matar”. Otro testigo, Carlos Aravena, aparecería decapitado y sin un brazo meses más tarde. Luego, Rafael Huiriman Lloncón, quién aseguró haber visto cómo secuestraban a las chicas, moriría atropellado.
Julio Arriaga era el Intendente de la ciudad y Alberto Weretilneck su Secretario de Gobierno. El caso estuvo plagado de irregularidades desde el comienzo cuando de la mano del comisario Luis Seguel contaminaron la escena del crimen con la intensión de encubrir la cúpula política. El juez Pablo Maynet y el fiscal Iribarren, fueron cuestionados. Este último fue a juicio por incumplimiento de funcionario público, aunque quedó sobreseído. Por el crimen, solo Claudio Kielmansz se encuentra cumpliendo condena por secuestro agravado seguido de muerte con dolo eventual. Otro de los acusados, Guillermo González Pino, fue absuelto por falta de pruebas, pero la causa no avanzó y el crimen quedó, al igual que tantos otros, impune.
Redes de trata, entre funcionarios políticos y de la justicia
En Río Negro existen las redes de trata de personas, que funcionan porque son amparadas por los poderes político y judicial. Cabe señalar que en el año 2019 aparecen vínculos del Legislador provincial Javier Iud y del intendente de San Antonio Oeste Luis Ojeda, ambos peronistas, con denuncias por corrupción de menores en “fiestas”. Por estas denuncias el propio Iud renunció a su banca aunque tanto él como Ojeda fueron sobreseídos.
Otro ejemplo es el del Juez Bernardi de Viedma, quien fue denunciado en el año 2014 por organizar, junto a otros abogados y empresarios, fiestas privadas con chicas de entre 13 y 20 años de edad de sectores carenciados, siendo sometidas sexualmente por personas adultas, con poder económico y social. Otro caso que deja al descubierto la red de corrupción y prostitución ligada a altos rangos del poder político y judicial. Sobre todo, teniendo en cuenta que, la mayoría de las menores habían vivido en los hogares de protección financiados por la provincia donde desde allí las captaban para luego explotarlas sexualmente.
Foto de Télam. Momento en que se resuelve desaforar y detener al Juez Bernardi
El caso de Otoño Uriarte
Otoño desaparece el 23 de octubre de 2006, cuando caminaba por un sector de chacras en donde vivía con su familia. Seis meses más tarde, el 24 de abril de 2007, su cuerpo fue hallado en Cipolletti, en un canal de riego “E 30”, a 15 metros de profundidad. Otoño fue violada, torturada y brutalmente asesinada. Sin embargo la causa no está caratulada como femicidio: pasó de “búsqueda de paradero” a “privación ilegítima de la libertad agravada por su duración”. Hubo seis imputados, todos están sobreseídos.
La investigación, como tantas otras estuvo colmada de encubrimiento, pérdida de evidencia e inconsistencias. Hubo un juicio político, destitución, sanciones a fiscales y policías pero también importantes ascensos en la cúpula policial. En aquel momento Vallejos era Comisario de Fernández Oro, quien toma la denuncia por desaparición de Otoño, en donde no figuraba ni siquiera cómo estaba vestida, algo que el propio Comisario sabía perfectamente por ser quien la labró.
Tres años después del hallazgo del cuerpo de Otoño, en el año 2010, Victor Cufre, jefe de Vallejos, fue ascendido como Secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia. Ese mismo año el propio Vallejos fue promovido a primer jefe de la Regional Quinta en Cipolletti. “Pareciera que los premian” diría Ofelia Villar, la mamá de Veronica Villar, en una entrevista.
En el expediente consta una conversación telefónica que permitió revelar los nexos de proxenetas del cabaret “Las Vegas” de Choele Choel con un policía de la Comisaría 8va de esa localidad. En la llamada, se los escucha hablar de una chica de 15 años, supuestamente traída de La Pampa, a la cual acuerdan “fichar”. El juez de la causa Oscar Cid fue llevado a juicio político por esas escuchas, por mal desempeño de sus funciones y por el letargo en la información de las mismas ya que esa información la recibe en noviembre del 2006 pero la hace llegar digitalmente entre marzo y abril del 2007. Cid, solo fue suspendido por dos semanas.
Bariloche y el femicidio de Micaela Bravo
Micaela fue vista por última vez el 23 de marzo de 2016, cuando dejó a una sobrina en el jardín, en Bariloche. Fue hallada sin vida el 6 de abril de ese año. Por esos días, la Policía y el Poder Judicial estaban presionados por una sociedad que reclamaba justicia y pedía el esclarecimiento de los crímenes de Ruth Sagaut y Natalia Báez que habían sucedido días antes. Las sospechas apuntaban a dos femicidios. Por eso, la desaparición de Micaela exasperó aún más a la población.
Una vez más aparece en este caso “errores” en la investigación. Policías que tenían que rastrillar no lo hicieron de manera eficiente. Fiscales que solo exploraron la hipótesis que ubicaba a Patricio Vargas, el ex esposo de Micaela, como el único sospechoso. En este contexto, el policía Lucas Muñoz fue secuestrado en la misma ciudad el 14 de julio de 2016, camino a la Comisaría 42 donde prestaba servicios. El 10 de agosto, el cuerpo de Muñoz apareció en un descampado. De a poco se va develando un vínculo entre ambas muertes, que el propio Patricio Vargas denunció: “Muñoz tenía información clave sobre Micaela. Había indagado, conocía a los que taparon su muerte”. Patricio Vargas, cuya casa fue baleada días después de que marchara exigiendo justicia, declaró por entonces en varios medios que Muñoz conocía la trama del asesinato de Micaela. En su visión, los responsables de su muerte eran civiles, dedicados a la trata de personas y el narcotráfico aunque vinculados a jefes policiales y agentes que entorpecieron la investigación del caso.
Luego de seis años, en junio de 2022, se llevó adelante el juicio por la muerte de Micaela. La única acusada, que fue declarada culpable, fue Angélica Paine. Es la madre de quien era la pareja de Micaela al momento de su desaparición. Según las declaraciones de varios testigos, la mujer no aprobaba la relación de su hijo y tenía conductas muy violentas. Sin embargo, la fiscalía y la querella no presentaron ninguna prueba directa y objetiva que acredite con certeza que fue la autora del crimen que fijaron en la tarde del 23 de marzo de 2016. El defensor oficial Marcos Ciciarello señaló presencia de un perfil genético masculino debajo de la uña del pulgar de la mano derecha de Micaela y una huella de su calzado plantada en el hotel Mascardi, además de restos de ADN de personas que no fueron identificadas en los cordones de sus zapatillas. Nada de esto fue tomado en cuenta.
Mil razones para movilizar contra este “modus operandi”
En cada uno de los casos se conjugan el accionar político, policial y la inacción de la justicia. Es que el negocio de la trata funciona gracias a la complicidad y la participación activa de diversos actores que construyen la impunidad sobre la que se asienta este delito: desde proxenetas, intermediarios y tratantes hasta diversos agentes de las fuerzas de seguridad; los empresarios, intendentes, gobernadores y otros funcionarios políticos; la justicia y otras instituciones del Estado.
El movimiento de mujeres seguirá luchando para terminar con la explotación capitalista en su eslabón más macabro y perverso, que son los femicidios y la trata de personas que en su mayoría tiene cara de mujeres y niñas. El Estado capitalista reproduce y legitima la opresión patriarcal contra las mujeres, siendo el garante principal de que la violencia siga perpetrándose sin fin. Ninguna de sus instituciones lleva adelante un programa serio disponiendo de las partidas presupuestarias necesarias que ayuden realmente a las mujeres víctimas de violencia para tener un refugio transitorio. Incluso de ser necesario un hogar permanente, un subsidio que cubra la canasta básica, entre otras elementales medidas. El gobierno tiene sus prioridades: decidieron que el presupuesto priorice los pagos al FMI, mientras el ajuste se descarga sobre los sectores más vulnerables. Lo mismo aplica para las partidas presupuestarias provinciales, donde desde 2024 nuevamente se empezará a pagar la deuda del Bono Castello.
Pero Arabela Carreras ha montado toda una lavada de cara y fotos para la prensa inaugurando Comisarias para mujeres, programas para formación con perspectiva de género, líneas telefónicas para denunciar violencia hacia las mujeres. En los hechos son supuestas herramientas, vaciadas de presupuesto y sin profesionales especializados.En Rio Negro desde el Primer NiUnaMenos allá por el año 2015, se cometieron más de 220 femicidios, pero la provincia cuenta hoy solamente con 7 Casas Refugios: una en Viedma, una en Cipolletti, dos en Bariloche, una en Roca, una en Allen y una en El Bolsón. Todos son hogares transitorios y no dan abasto para atender la demanda.
En la provincia gobernada por una mujer se da rienda suelta a la larga cadena de explotación y violencia con total impunidad. Conquistar una vida libre de violencia machista requiere de una lucha revolucionaria por acabar, de raíz, con este régimen social y su Estado fundado en la violencia de la explotación y la opresión de la inmensa mayoría. Es el único camino realista para gozar de la plenitud de la vida, del pan y también de las rosas.
