Los datos surgen del último informe sobre "Evolución de la distribución del Ingreso" en Tucumán, y reflejan que para el tercer trimestre de 2022 más del 50% de la población asalariada percibía ingresos inferiores al Salario Mínimo Vital y Móvil (52.000 pesos), es decir, el salario mínimo legal que las patronales están obligadas a pagarle a sus empleados.
De acuerdo al informe, la desigualdad en la distribución del ingreso es muy grande: este primer 50% de la población asalariada, con los ingresos más bajos, percibe apenas el 24,2% de los ingresos totales. La informalidad laboral se concentra en gran medida en este 50% de la población asalariada, aunque los salarios por debajo del mínimo legal no son exclusivos de los empleo informal. Numerosas empresas con contrato "basura" de tercerización laboral no llegan siquiera a cubrir el piso legal: desde la cosecha hasta diversos rubros del comercio, empleo doméstico, etc.
En cuanto a la escala de los ingresos familiares, más del 60% de los hogares no llegaba a cubrir el valor de la Canasta Básica Total (112.000 pesos en septiembre de 2022), y más del 20% no llegaba siquiera a cubrir la Canasta Básica Alimentaria (52.600 pesos).
Otro dato que surge del informe es que la desigualdad golpea con más fuerza sobre las mujeres: entre el 40% más pobre, la mayor parte de los ingresos provienen de fuentes "no laborales", es decir, subsidios, planes sociales, salario familiar, etc. La brecha salarial respecto a los hombres es una constante en todos los niveles socioeconómicos, aunque en los segmentos más pobres esa brecha salarial es más profunda.
Por ejemplo, para el quinto decil de la escala, es decir quienes se ubican en el medio de la tabla de la distribución del ingreso, se observa que el 73% de los ingresos de los hombres corresponde a ingresos laborales. Pero en para las mujeres de este segmento, apenas el 40% de los ingresos corresponde a ingresos laborales. Es decir que en este segmento, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres supera el 30%.
Tucumán es hoy una de las provincias con mayor tasa de informalidad laboral (45,2%) y una de las tres provincias con el salario promedio más bajo del país. Pero además es la provincia con la tasa más alta (26,5%) de "ocupados demandantes de empleo", es decir, trabajadores que buscan un empleo adicional.
La precarización laboral es moneda corriente en la provincia, las patronales de todos los rubros tienen las manos libres para explotar la fuerza de trabajo privando de todo derecho a los asalariados gracias a la complicidad de los sucesivos gobiernos provinciales y las conducciones de los sindicatos. Esta problemática acuciante no aparece en la agenda de partidos políticos que integran o tienen el apoyo de importantes empresarios como el PJ, Cambiemos, Fuerza Republicana, ni siquiera del Frente Amplio por Tucumán. Solo el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad plantea una agenda de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
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