El carácter persecutorio de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad quedó en evidencia con las arbitrariedades que recorrieron todo el proceso. Primero siendo condenada mediáticamente, después con manoseo de denuncias y causas abiertas, terminando con una sentencia dictada por jueces amigos de Macri, no imparciales, que incluyeron la inhabilitación para ejercer cargos públicos como parte de la condena.
Ese juicio, completamente lleno de irregularidades en todos los terrenos, no buscó enfrentar la corrupción que efectivamente tuvo lugar durante el kirchnerismo -algo que incluso la misma CFK dejó en evidencia-, sino que impuso una persecución política que buscaba o bien condicionar políticamente al peronismo o bien impedir que una de sus principales figuras pueda ser candidata. Un sector de la casta judicial -jueces llenos de privilegios que nadie votó- intenta arrogarse la potestad de decidir quién puede ser votado y quién no en el país. Esa arbitrariedad del Poder Judicial, hoy ejercida contra la vicepresidenta, debe ser denunciada. Mañana será usada contra los luchadores y las luchadoras obreras y populares.
Tampoco se puede ignorar que este entramado judicial, ligado a fuertes sectores del poder, busca instalar en la opinión pública que el único problema es la corrupción, tapando las causas estructurales de decadencia del país que ellos defienden como el saqueo de la deuda externa, la fuga de capitales o la propiedad privada de los principales resortes estratégicos de la economía del país.
El carácter direccionado de estos procesos judiciales queda en evidencia, también, en la protección de la que gozan el macrismo y la oposición de derecha. Una protección que llega a grados asombrosos. La denuncia de esa arbitrariedad judicial está siendo utilizada por el kirchnerismo y gran parte del peronismo para hacer un discurso contra la casta judicial, como parte de un discurso de campaña electoral. Presentan la proscripción como un hecho consumado; cuando aún no hay sentencia firme. De hecho, la vicepresidenta podría revertir su decisión y presentarse efectivamente como candidata. Ese es el pedido que vienen haciendo desde distintos sectores del mismo oficialismo.
Los fundamentos del tribunal
Los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso del Tribunal Oral Federal 2 publicaron este jueves a primera hora los fundamentos de la sentencia en el juicio “Vialidad”, donde condenaron en diciembre del 2022 a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y le dictaron inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, así como a Lázaro Báez y otros ex funcionarios públicos.
A partir de la publicación de los fundamentos hoy, correrá el plazo de diez días para que los fiscales y las defensas presenten las apelaciones a instancias superiores, como ya adelantaron que harán. Las condenas no son de aplicación efectiva aún, hasta que la sentencia quede firme (que puede implicar llegar a la Corte Suprema).
En el extenso fallo publicado hoy, una primera mirada nos permiten ver que los jueces argumentaron que “se ha acreditado la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.”
Y afirmaron que “entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional" donde “las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”, que “evidencian la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial. Lazos que fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez).”
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la vicepresidenta contra el juicio Vialidad fue que el Poder Judicial no puede juzgar las decisiones de un gobierno elegido democráticamente sobre el desarrollo de una política pública, como es en este caso la inversión en la obra vial de Santa Cruz. Al respecto, el tribunal responde que el análisis se centró en la puesta en la aplicación práctica de esta política pública.
Asimismo, como había adelantado en diciembre, el Tribunal descartó la figura de la asociación ilícita, presentada por la fiscalía y responde al fiscal Luciani que la referencia a otras causas cerradas, Hotesur y Los Sauces, no es suficiente para probar esa figura.
Es innegable el enriquecimiento de Lázaro Báez, que la defensa no pudo explicar a lo largo del juicio. Incluso la vicepresidenta no pudo desligar a sus gobiernos previos de la corrupción. En su defensa por redes sociales en el 2022, buscando mostrar el direccionamiento político del juicio, mostró las relaciones abiertas que Nicolás Caputo - empresario íntimo amigo de Macri- tenía con José López, el exfuncionario que fue visto tirando bolsos con dinero en un convento, que fuera Secretario de Obras Públicas de todos los gobiernos kirchneristas desde 2003 hasta 2015.
La cartelización de la obra pública, el enriquecimiento dudoso de empresarios, y su relación con funcionarios públicos, fueron moneda corriente bajo todos los gobiernos, y es parte de la corrupción que existe en los muchos negociados entre el Estado y los grandes capitalistas. Sin embargo, este juicio no buscó investigar profundamente los entramados de corrupción que, evidentemente, hubo tanto en los gobiernos kirchneristas y macristas.
En el juicio "Vialidad" fueron los vínculos entre el fiscal Luciani, el juez Giménez Uriburu y su cercanía al expresidente Mauricio Macri -lo cual motivó el pedido de recusación por las defensas- la expresión máxima de cómo las afinidades políticas atravesaban la causa y el juicio, o al menos, una parcialidad cuestionable. La acumulación de cuantiosas causas sobre los gobiernos kirchneristas, pero los sobreseimientos al macrismo en su extendido espionaje ilegal, muestran cómo se pone la mira a un solo lado de la "grieta" para hablar de "corrupción", mientras que el funcionamiento de la "Mesa judicial" en Olivos con Mauricio Macri siendo presidente, y el reciente escándalo de "Lago Escondido" con la publicación de conversaciones y encuentros entre jueces, fiscales, empresarios y funcionarios del PRO como Marcelo D’Alessandro, dejan expuestos los lazos profundos que hay entre estos sectores.
Frente a los cuestionamientos sobre cómo fue llevado el juicio, desde la etapa de instrucción hasta la sentencia, los jueces afirman en la sentencia que todas las etapas se han registrado y ponen a disposición de consulta para darle publicidad a lo actuado. En varios tramos de la sentencia, los jueces del TOF 2 rechazaron el “Lawfare” como concepto, y afirmaron que no existe especulación electoral en su fallo.
Esta sentencia podría llevar a la reapertura de otras causas, como en la otra causa conocida como Hotesur-Los Sauces, donde la Cámara ya está revisando la apelación a los sobreseimientos de la vicepresidenta y sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia, entre otros.
El viernes 10 de marzo Cristina Kirchner dará una conferencia en la Universidad de Río Negro, donde se espera que se refiera nuevamente al juicio "Vialidad" y la crítica al Poder Judicial, como parte de mantener una polarización entre oficialismo y oposición de derecha con la agenda permanente judicial, para no hablar de las políticas económicas de ajuste que viene implementando el Frente de Todos, en acuerdo con Juntos por el Cambio. | 
