El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este lunes que se llegó a un acuerdo sobre la cuarta revisión de las metas correspondientes al programa de Facilidades Extendidas; cuando sea votado por su directorio, la Argentina recibirá un desembolso de US$ 5.300 millones para seguir pagando la deuda contraída durante la gestión de Macri. En el comunicado emitido por el organismo afirman que el Gobierno realizará “controles continuos de gastos” sobre los subsidios energéticos, la asistencia social y la obra pública, para cumplir con la meta de déficit fiscal.
Hacen referencia también a la acumulación de reservas que estuvo en discusión en las últimas semanas, según informaron desde el ministerio de Economía la meta para el primer trimestre será reducida en US$ 3.000 millones y la anual en US$ 2.000 millones, aunque hasta el momento el FMI no ratificó estos montos. El Banco Central debía acumular más de US$ 3.000 millones durante marzo para cumplir con los objetivos, algo imposible que hubiese derivado en un incumplimiento del acuerdo. Con la modificación, el Frente de Todos consigue algo de alivio para los próximos meses, pero la situación no deja de ser aguda debido a la fuerte baja de las exportaciones y la incertidumbre provocada a nivel mundial luego de la quiebra de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos.
En declaración realizada por Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, y Ashvin Ahuja, jefe de misión para la Argentina, hacen hincapié en el ajuste fiscal para cumplir con lo pactado, mostrándose rígidos en este punto. Allí expresan que: "Las autoridades están comprometidas en alcanzar el déficit fiscal primario del 1,9% del PIB en 2023 a través de controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social, y una mejor priorización del gasto de capital."
Los funcionarios del Fondo dedicaron especial atención al sistema jubilatorio, sobre el cual venían insistiendo en la necesidad de “reformar”, como si no fuese suficientemente poco que la mayoría de los jubilados cobren menos de $ 75.000 (con el bono incluido). En el documento destacan que: “Se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos."
“Si bien se espera que políticas macroeconómicas más sólidas y esfuerzos para asegurar mejorar la cobertura de reservas y revertir las recientes pérdidas de divisas, se solicita una modificación del objetivo de acumulación de reservas internacionales netas para 2023”, escribieron los técnicos del FMI para dar lugar a que los directivos de la organización aprueben la modificación en las próximas semanas. “Esto acomodará parcialmente el impacto cada vez más severo de la sequía, al mismo tiempo que tendrá en cuenta los efectos compensatorios de menores precios de importación de energía y las medidas de políticas acordadas. Se solicita que la mayor parte de esta acomodación se realice a principios de 2023, en consonancia con el impacto adelantado de la sequía.”, agregaron.
Desde el FMI no perdieron la oportunidad de felicitar nuevamente a la gestión del Frente de Todos por sobrecumplir las metas durante el año pasado: “Todos los criterios de desempeño cuantitativo hasta fines de diciembre de 2022 se cumplieron con cierto margen. El déficit fiscal primario de 2022 alcanzó el 2,3% del PIB (frente a una meta del 2,5%), en particular debido al continuo sólido control del gasto y las acciones para mejorar la focalización de los subsidios y la asistencia social. Al mismo tiempo, las reservas internacionales netas aumentaron en US$ 5.400 millones (por encima de la meta de US$ 5.000 millones), debido a mejoras en la balanza comercial y un importante apoyo oficial.”
El Gobierno complace por demás al capital internacional y hace que la situación social sea cada vez más crítica. Incluso en un año electoral planean recortar aún más las jubilaciones, las políticas alimentarias y la obra pública, junto con acelerar la quita de subsidios en las facturas de los servicios. Con el objetivo de seguir pagando la deuda externa que deja atado al país a los intereses de los estados imperialistas y los grandes fondos de inversión.
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