Recientemente el poder judicial sumó un eslabón más en la criminalización de la protesta y la persecución a luchadores político-sociales. Ratificando la condena por atentado y el dictamen de prisión para los imputados en los sucesos de la Suprema Corte en 2013, no solo esto, sino que además igualaron la condición de las penas más duras a los imputados sobre los que recaía la condena más suave de complicidad.
El ensañamiento contra estos militantes identificados con una postura de izquierda por fuera de los partidos del régimen, es un mensaje y amenaza contra todo aquel dispuesto a luchar contra los abusos e injusticias del sistema.
Un eslabón más
No hace muchos años se daba a conocer un caso de infiltración a la Plenaria Memoria y Justicia, con la confesión directa del tira que realizó el espionaje de que estaba mandatado para “identificar gente con nombre, apellido y foto para que la Policía no trabaje a ciegas”.
Pero esto no resultaba ser un caso aislado, sino que es cómo funciona el sistema,
demostrado en múltiples ejemplos, bajos distintos gobiernos. Una sumatoria que podemos enumerar como por ejemplo: el caso de los archivos de la dictadura y el descubrimiento del espionaje en democracia hasta fecha muy reciente por parte de los aparatos represivos, el robo a los antropólogos forenses del GIAF, las persecuciones a estudiantes y luchadores durante las huelgas docentes de 2013 y 2015, y un largo etc.
La continuidad impune de la actividad del DOE y el fortalecimiento de la actividad de estos aparatos incluso durante los gobiernos del Frente Amplio, por ejemplo con la adquisición del sistema de espionaje llamado El Guardián, además de la legislación de normas y leyes represivas como el decreto anti piquete y la ley de Faltas, los múltiples artículos represivos y anti huelga de la LUC, etc. El caso Astesiano también dejó registro de como el aparato policial y las autoridades políticas usan impunemente sistemas como las cámaras de seguridad para perseguir civiles.
Sin olvidar además las represiones a distintas manifestaciones desde la salida de la dictadura, desde la represión en el Hospital Filtro bajo el gobierno de Lacalle Herrera, con dos asesinados y varios heridos y detenidos. Hasta las represiones bajo los gobiernos del Frente Amplio, por mencionar algunas como: la represión en el CODICEN, la brutal represión en la marcha del agua y en la marcha contra UPM, solo por mencionar algunas.
La lista es extensa, y se suma a otro aspecto clasista del régimen y es la criminalización de la pobreza, que va desde la represión contra vecinos que luchan por la vivienda, la violencia policial sistemática contra la juventud en los barrios pobres que incluye casos como los de Sergio Lemos y el recientemente asesinado por la policía Santiago Barreto, las razias y “operativos” sobre los barrios populares, etc.
Enfrentar en las calles al régimen clasista y represivo
La criminalización de la protesta, pero también de la pobreza, es de esta forma parte sistemática de una política de Estado, resultado del carácter de clase del régimen y su aparato represivo.
El ataque a las libertades democráticas, los derechos fundamentales, tiene una razón de ser para la clase dominante y sus funcionarios (políticos y judiciales), mantener el dominio sobre las amplias mayorías populares. Es el complemento coercitivo, al discurso y la fachada democrática que permanentemente se publicita, y que termina siendo “democracia” y "libertad" en favor de unos pocos.
Debemos organizarnos desde abajo y pelear bajo un frente de lucha que incluya a todos aquellos que honestamente estén dispuestos a pelear por defender las libertades democráticas. Llevando a las calles la lucha por la defensa de nuestros derechos y contra las arbitrariedades autoritarias del régimen. La clase trabajadora debe hacer suya y ponerse a la cabeza de una campaña que pelee por estas causas, acompañada por todo el espectro de los movimientos sociales, para gritarle bien fuerte al régimen clasista ¡no pasarán! | 
