La Cámara de Diputados desarrolla su actividad, aunque no precisamente dialogando con la realidad de millones de personas. Quizás la imagen más gráfica fue la de este martes: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se tiraron dardos y chicanas por más de 7 horas en la Comisión de Juicio Político, mientras el país debatía la inflación mensual de 6,6% que informó el Indec. El acumulado del último año batió un récord: volvió a ser de tres dígitos (102,5%) luego de tres décadas (1991).
Los testimonios que desfilan en el proceso del juicio político a los jueces de la Corte Suprema están revelando información sobre el oscuro funcionamiento del poder judicial. Lo llamativo es que esa sea la prioridad que cocina en su propia salsa a las dos coaliciones, mientras le dan la espalda a los problemas más acuciantes de las mayorías trabajadoras.
Afuera del Congreso, el clima está caldeado. Más de un millón y medio de usuarios del AMBA sufrieron cortes de luz prolongados esta semana. Los diputados y diputadas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, hasta el momento, se rinden a postergar este debate por al menos 90 días. Es el plazo que se puso el ENRE (Ente Regulador de la Electricidad) para hacer una auditoría sobre la empresa Edesur, que luego enviará al Congreso para que sea discutida su concesión. La pregunta es por qué tomarse tres meses, cuando el gobierno ya tiene información sobre incumplimientos sistemáticos de Edesur. El periodista Jairo Straccia reveló que al menos los últimos 5 informes semestrales de calidad que hace el propio Estado sobre el servicio de Edesur no pasan la prueba. La empresa incumplió en todos la cantidad y duración de los cortes de luz. El gobierno tendrá que explicar por qué, sabiendo de estos incumplimientos, la única medida efectiva que tomó fue perdonar una deuda de millones de pesos que Edesur tiene con CAMMESA.
Solo desde el Frente de Izquierda denunciaron que esos no pueden ser los tiempos cuando hay familias desesperadas. La diputada Myriam Bregman reclamó una sesión especial urgente “para tratar la situación de las empresas de energía eléctrica. Nada impide que nos reunamos ya para dar respuesta a los miles de afectados”. A la vez que están acompañando las protestas de usuarios y soluciones de emergencia, la izquierda hizo pública su propuesta presentando un proyecto para estatizar bajo control de trabajadores y usuarios las empresas de energía.
Los cortes de luz se multiplicaron justo la misma semana que el FMI ordenó que se aceleren los tarifazos con más reducción de los subsidios en los servicios. Una tarea que el ministro Sergio Massa ya empezó, y seguramente va a redoblar como buen alumno del organismo internacional. El aumento de tarifas y de combustibles que viene implementando el Frente de Todos con el apoyo de todas sus alas, echa leña al fuego de la inflación.
Del lado de los liberales, aunque no frecuentan su lugar de trabajo, sí se pasean por canales de televisión. Javier Milei apareció en un programa de tv defendiendo a Edesur. Con las fracasadas ideas neoliberales de las privatizaciones, sostuvo que “no hay inversión porque el Estado regula pisando las tarifas”. Para Milei, Edesur sería la víctima en esta historia. Su reclamo es para que le dejen hacer más y mejores negocios con un servicio esencial. ¿Propone tarifazos peores que los de Macri?
Lo que viene en Diputados
Ya está programada para el 29 de marzo la vista del jefe de gabinete, Agustín Rossi. Será en el recinto para dar su informe de gestión y responder preguntas de diputados y diputadas que le fueron enviadas por escrito la semana pasada.
Mientras tanto el Frente de Todos busca acordar la convocatoria a una sesión el 28 de marzo. El temario que está sobre la mesa es el proyecto para fortalecer el sistema judicial de Santa Fe, consensuado por diputados de esa provincia del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal. La iniciativa se reactivó frente a los nuevos hechos ligados al narcotráfico en Rosario. Está casi lista para llegar al recinto: solo le falta pasar por la votación en la comisión de Presupuesto y Hacienda que esperan convocar la próxima semana. El oficialismo tiene intenciones de incluir en el temario el “Monotributo Tecnológico”, aunque es un proyecto que no contó con el apoyo de Juntos por el Cambio cuando fue tratado en comisiones.
El próximo martes 21 continúa la comisión de Juicio Político y entre los testigos convocados están tres personajes del gobierno de Juntos por el Cambio que integraban la llamada “mesa judicial”. El ex ministro de justicia, Germán Garavano; José Torello, actual senador y ex jefe de asesores de Macri; y el prófugo de la justicia “Pepín” Rodríguez Simon, que fue asesor judicial del ex presidente. Serán citados por el caso 2x1 (fallo Muiña, para beneficiar en la condena a los genocidas), bajo la hipótesis de que fue un fallo negociado. Las miradas están puestas en el voto de Highton de Nolasco, por el cambio repentino del sentido de su voto que permitió que salga, y por haber sido beneficiada en ese mismo momento con un fallo sobre su jubilación. Por la situación judicial de Rodríguez Simón, este jueves el diputado Alejandro Finocchiaro (ex ministro de Educación) afirmó en DiputadosTV “Rodríguez Simón es un prófugo de la justicia y ningún diputado del PRO está de acuerdo con eso”. Sin embargo el propio Garavano ofreció una mirada muy distinta esta semana en Radio Rivadavia: “No es una persona que esté ni escondida ni escapada, sino que está ejerciendo sus derechos en Uruguay”.
Si el Frente de Todos elige concentrarse en la disputa judicial, Juntos por el Cambio está promoviendo una reforma laboral contra los derechos de las y los trabajadores por estos días. Aunque no están tratando ningún proyecto, buscan que se instale el tema convocando expositores a la Comisión de Comercio, presidida por la radical Gabriela Lena, para hablar de “la industria del juicio laboral”, “los altos costos de despedir trabajadores”, “la presión tributaria por registrar empleados”. Allí se escuchan cosas tales como “las nuevas generaciones tienen poca tolerancia, renuncian”, ocultando que gran parte de las ofertas laborales para la juventud pretenden que trabajen 9 o 10 horas por sueldos de 50 o 60 mil pesos.
Otro de los temas que impulsan desde la coalición opositora es “la derogación de la ley de alquileres”. Una propuesta del mendocino y radical Julio Cobos, que acompaña el liberal Jose Luis Espert, tomando el reclamo del lobby inmobiliario. Cuando el precio de los alquileres se dispara más que duplicando la inflación (en CABA aumentaron en febrero en promedio 13%), avanza la especulación y la oferta en dólares para el turismo, la propuesta de Cobos pide poner fin a cualquier regulación que perjudicaría aún más a inquilinos e inquilinas.
Toda una pauta del sentido del programa de Juntos por el Cambio y los liberales: todo el poder al mercado, y atacar derechos de las y los trabajadores. El Frente de Todos también da sus indicios: entregado a administrar la escasez con ajuste al pueblo trabajador, sus manos parecen vacías hasta para hacer promesas. Como si retumbara en el palacio un "mejor no hablar de ciertas cosas". | 
