Desde las 00 hs. hasta las 12 hs. de este viernes, se llevó a cabo un paro de colectivos en las líneas pertenecientes al grupo DOTA. Se trata de la empresa más grande de ese rubro.
La medida se da luego de otra llevada adelante a fines de febrero. Tanto en aquella como en la actual, uno de los reclamos centrales es el salarial. Aquella vez se reclamaba por un bono acordado en paritarias pero que las empresas se negaban a efectivizar.
En el paro de este viernes, se pide un aumento del salario básico para los choferes, que denuncian haber perdido alrededor de un 30% de poder de compra durante los últimos cinco años.
El sector que impulsa esa medida responde a Miguel Bustinduy, exaliado del actual secretario general Roberto Fernández y opositor burocrático dentro del gremio. El sector que responde a Bustinduy viene denunciando fraude en 5 seccionales, que habría ganado en las últimas elecciones realizadas en diciembre.
Si bien la internas entre estos sectores de la burocracia sindical del transporte es parte del paro de este viernes, el mismo se da en el marco del descontento y bronca extendida entre los los trabajadores, por la caída del salario durante los últimos años y la firma del último acuerdo paritario, a la medida del techo pedido por Massa, de un 60 % anual.
En ese contexto, las declaraciones de la Kelly Olmos atacando el derecho a huelga de los trabajadores del transporte, bajo el argumento de la interna sindical, no hacen más que defender los intereses de las empresas del sector que acumulan enormes ganancias a través de los subsidios y subas de las tarifas.
A la vez son parte del plan del Gobierno y del ministro de Economía, Sergio Massa, para mantener pisados los salarios mientras la inflación lejos de estabilizarse se dispara, deteriorando cada vez más el poder de compra de los trabajadores. Seguir garantizando el ajuste que exige el FMI parece ser el objetivo de la ministra detrás de tildar al paro de “ilegal” y “extorsivo”.
El reclamo de los trabajadores del transporte es más que justo y por eso es imprescindible apoyar el reclamo y rechazar los dichos de la ministra, que apuntan a estigmatizar la medida de fuerza y limar su legitmidad ante los ojos de millones de trabajadores que son usuarios del transporte público. Pero al mismo tiempo, es imprescindible que estas medidas no queden en acciones aisladas en donde la base de los trabajadores no tiene ni voz ni voto. Consultados sobre este punto, trabajadores de la Agrupación Bordó del Transporte -que integran el Movimiento de Agrupaciones Clasistas- aseguraron: "Apoyamos con fuerza este reclamo, pero es urgente avanzar en discutir un plan de lucha y hacer asambleas para decidir entre todos los compañeros, para ver como seguir la pelea por un salario equivalente a los 350 mil pesos". Y reclamaron: "Les exigimos a los cuerpos de delegados de Bustinduy como a Fernández que convoquen a asambleas en todas las líneas para decidir un plan de lucha por salario, contra los despidos, para enfrentar las persecuciones y para pelear por mejores condiciones laborales". | 
