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La Izquierda Diario
1ro de diciembre de 2024 Twitter Faceboock

Sequía y déficit hídrico
Otra consecuencia de la depredación de los bienes comunes naturales
Hernán Yanes

Desde hace algunos meses el país está atravesando una situación de déficit hídrico y sequía, con restricciones de acceso al agua potable y consecuencias en las actividades agrarias. Profundizando en el tema se observa claramente que este no es un problema de la naturaleza y la falta de lluvias sino del uso depredador de los bienes comunes naturales que promueve el capitalismo y su sed de negocios y ganancia.

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La sequía se ha transformado en un problema grave para el país. El déficit hídrico se arrastra desde hace varios años, pero la situación ha empeorado en este verano y alcanza niveles de gravedad, lo que ha llevado a que se tomen medidas de restricción en el uso del agua y un impacto negativo importante en las actividades agrícolas.

La semana pasada el intendente de Canelones publicó un video sobre la seca en el embalse de Canelón Grande, hecho que se suma a distintas imágenes sobre la baja en distintos cursos de agua del país que provén de agua a ciudades y poblado: solo por citar algunos ejemplos podemos ver la gravedad del problema en Paso Severino que provee el agua para Montevideo y zona metropolitana y está en sus mínimos históricos; en el río San Salvador, que abastece la ciudad de Dolores, el río Rosario, que permite la toma de agua para las ciudades de Nueva Helvecia y Rosario, y el San José que abastece a la ciudad homónima.

En Ciudad de la Costa queda agua para pocas semanas por la seca que sufre la Laguna del Cisne y lo mismo sucede para Lavalleja por la afectación del arrollo San Francisco.

Más allá de algunas lluvias de estos últimos días, es una situación compleja que se arrastra desde ya hace algunos años y se agudizó en este último tiempo.

¿Cuál es la causa de la falta de agua?

Al preguntarse por la causa de este importante problema, un discurso, que es tomado y difundido por el gobierno, coloca el origen del problema en la falta de lluvias, las olas de calor, el cambio climático y el efecto del fenómeno climático conocido como “La Niña”.

Distintos sectores con responsabilidad en el tema quieren hacer pasar el problema como una simple contingencia de la naturaleza y algo que no se puede prever ni manejar.

Sin embargo distintas situaciones y ejemplos muestran que hay decisiones políticas y económicas que explican y ayudan a entender como se ha generado esta situación.

Los trabajadores de Ose lo han dicho claramente en un comunicado difundido hace pocos días: “las causas de fondo de la falta de agua disponible para potabilizar, así como de la calidad de la existente, se hallan en el modelo productivo que se aplica en nuestro país desde hace décadas y tiene como consecuencia un uso del suelo y cursos de agua que prioriza el lucro del capital por encima de las necesidades de nuestro pueblo”.

Privatizaciones y recortes presupuestales en OSE

Los impactos de la falta de agua se acrecientan por la política que ha tenido el gobierno para OSE, que se es parte de la lógica de recortes, gestión empresarial y vaciamiento de las empresas públicas en general.

Los trabajadores del sector denuncian que hay falta de personal y una política de no reponer cargos vacantes, nombramientos a dedo y falta de concursos, lo que lleva a que sean totalmente insuficientes los recursos humanos para dar respuestas adecuadas frente a las necesidades que se suscitan: camiones parados porque faltan operarios, falta de insumos para reparaciones, falta de arreglos en roturas de cañerías con la consiguiente pérdida de agua son solo algunos ejemplos. Por otra parte, y en consonancia con la visión privatista del gobierno, los recortes en OSE tienen como correlato la mayor injerencia de empresas privadas y la profundización de la tercerización de tareas que corresponden al Estado.

La administración multicolor también es responsable de la no construcción de la represa de Casupa, que hubiera mitigado la gravedad del problema que se plantea actualmente con respecto al riesgo de agua potable en la zona metropolitana. La concreción de esa represa hubiera permitido contar con una capacidad de retención tres veces más grande que la que tiene la represa de Paso Severino, sin duda de gran utilidad en este contexto de falta de lluvias.

Como parte de las acciones del gobierno no se puede dejar de lado el proyecto Neptuno, anunciado en la última etapa del año 2022. El proyecto prevé una importante inversión en la zona Arazati en San José para la provisión de agua potable y se realizará de manera privada a través de un consorcio de empresas llamado Agua de Montevideo. Se trata de una mega privatización del agua que no respeta el plebiscito del 2004 (reforma constitucional referida la política nacional de aguas y saneamiento) y que transforma a la provisión de agua potable para la población en una simple mercancía que asegura ganancias en el entorno de 700 millones por 30 años para las empresas privadas a cargo de la propuesta.

Agronegocios, modelo forestal y sequía

El riesgo de falta de agua potable dista de ser un problema atribuible a “la naturaleza”; hay decisiones políticas de décadas y que fueron sostenidas por todos los gobiernos que son fundamentales a la hora de entender la situación actual del agua y del medio ambiente.
Desde el mundo académico se viene denunciando hace años el alto impacto negativo de las plantas de celulosa y la afectación en los suelos y el agua que conlleva.

La aparición masiva de cianobacterias en los cursos de agua, son producto de la explotación intensiva de las tierras que llevan a una alta contaminación. Una nota aparecida en La Diaria, que recoge los resultados de una investigación científica, señala de manera concluyente que “el aumento exponencial de las floraciones a partir de los 2000 es la intensificación agrícola impulsada por la soja y su aporte de nutrientes a los cursos de agua”. [1]

Este modelo de país, que primariza al economía y coloca al Uruguay en un lugar de simple proveedor de materias primas está al servicio de generar “oportunidades de negocios” para los grandes empresarios del agrobusiness sin detenerse a considerar que tiene nefastas consecuencias sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la población.

En esta misma línea de inversiones con impacto en el medio ambiente aparece también el proyectado Data Center de Google en Uruguay.

Con base en el volumen de agua proyectado para el funcionamiento del centro en Chile, el investigador y docente de la UdelaR Daniel Pena estimó el consumo de agua que insumiría el emprendimiento en Uruguay en más de 14 millones de litros diarios, equivalentes al consumo de aproximadamente 120 mil personas al mes; y a nivel de energía eléctrica implicaría un volumen equivalente al 30 por ciento del consumo residencial total nacional registrado en 2021; lo que impacta en el aumento del uso de combustible fósil para producir energía con su impacto en la emisión de gases de efecto invernadero.

Por supuesto que cualquier cuestionamiento a estos “negocios” se choca con la férrea defensa del gobierno y de todo una estructura legal que ampara y facilita la llegada de inversiones de grandes empresas (tratados de inversiones, zonas francas, exenciones impositivas, cambios en normativas de derecho laboral, etc.) En el caso concreto del Data Center se tuvo que recurrir a la justicia porque el gobierno se negaba a dar datos sobre el consumo de agua que demandaría el emprendimiento. A la vez que se promueve sancionar el consumo de agua a nivel de los hogares como forma de enfrentar el déficit hídrico, se promueven iniciativas con un impacto altísimo en el consumo de agua.

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Un problema estructural de alcance mundial

La situación de nuestro país se inscribe en una lógica más general que es común a todo el planeta y está directamente relacionada al modelo económico existente y su impacto en el medio ambiente. La actual falta de agua que hoy vive el país, es solo un ejemplo de la situación catastrófica que vive el propio planeta y que amenaza incluso su existencia, en tanto el conjunto de impactos ambientales que tiene la actividad económica y el modelo social vigente.

Una declaración de la Fracción Trotoskista- Cuarta Internacional (FT-CI) de hace pocos años señalaba:

“El capitalismo ha prosperado desde hace siglos mediante la explotación de la naturaleza, ya sea como fuente “inagotable” de recursos para convertirlos en mercancías o como repositorio de desperdicios. Sin embargo, la capacidad de la Tierra de “soportar” los procesos ecodestructivos del capital está llegando al límite.

La necesidad de crecimiento constante del capital ha llevado a la interrupción de un complejo ciclo natural que tardó millones de años en desarrollarse, provocando una fractura del “metabolismo” entre la sociedad y la naturaleza.

El cambio climático y la crisis de los ciclos biológicos del carbono, el agua, el fósforo y el nitrógeno; la acidificación de los océanos; la pérdida creciente y acelerada de la biodiversidad; los cambios en los patrones en el uso de la tierra y la contaminación química de la industria, son algunas de las terribles manifestaciones de una situación completamente inédita para la humanidad: la tendencia hacia la descomposición de sus condiciones naturales de producción y reproducción. A esta dinámica ecodestructiva se relaciona directamente la degradación social y material de cientos de millones de personas que sufren la miseria, el desempleo y la precariedad laboral, mediante los cuales el capitalismo asegura su rentabilidad y reproducción.”

La falta de agua de estos meses es solo la punta del iceberg de un problema más general que hace al cuidado del medio ambiente y la depredación capitalista con el riesgo cierto de hacer insostenible la vida en el planeta.

Se hace necesario tomar medidas urgentes que vayan en el sentido de un cambio profundo en la lógica de la producción, la distribución y el consumo a nivel global:

Hay que terminar con el negocio del agrobusiness, expropiando las grandes propiedades e impulsando una reforma agraria, expulsando a las empresas imperialistas y buscando un modelo agroalimentario sobre bases sustentables y de cuidado del medio ambiente.

Hay que prohibir los agrotóxicos, promoviendo métodos alternativos no dañinos.

Asegurar condiciones seguras de trabajo en las fábricas y empresas, libres de tóxicos y agentes contaminantes

Basta de megaminería contaminante y prohibición de la apropiación privada de bienes públicos como el agua.

Implementar una matriz energética sustentable y diversificada, nacionalizando esta industria bajo control de trabajadores y usuarios para desarrollar energías renovables y de bajo impacto ambiental que permitan reducir las emisiones de CO2.

Reducción masiva de la la producción automotriz y el transporte privado promoviendo el transporte público en todos sus niveles. Hoy en Montevideo tenemos un sistema de transporte ineficiente, caro y con prácticamente un monopolio de una empresa privada (Cutcsa). Hay que pelear por su municipalización bajo control de sus trabajadores y usuarios para que sea un sistema eficiente, rápido y no contaminante que desestimule el transporte individual.

Movilización en defensa del agua

Este próximo miércoles tendrá lugar la marcha por el día Mundial del Agua. Con la consigna “El Agua es del pueblo-No es sequía es saqueo” un amplio conjunto de organizaciones llama a concentrarse a partir de las 17 horas en Plaza Cagancha para marchar posteriormente hacia la Explanada de la Universidad.

La falta de lluvias con su impacto en la provisión de agua para la población y hace visible su importancia. No se puede considerar el agua como una mercancía, una visión que atraviesa a las políticas de todos los gobiernos que abren las puertas a los grandes empresarios que simplemente buscan hacer negocios.

Trabajadoras, trabajadores y demás sectores populares son los que pueden frenar esta mercantilización de los bienes comunes naturales, movilizados y en las calles defendiendo el acceso al agua. Ante la escasez del agua las restricciones y prohibiciones se tienen que dirigir a los grandes consumidores de agua, es decir el agronegocio y las empresas extractivistas que cambian el uso de los suelos y afectan las fuentes de agua dulce de donde se extrae el agua potable para el uso de la población.

 
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