Los uniformados acusados de matar a balazos a Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Angel Suárez, Alejandro Trujillo y Gustavo Pérez ahora están detenidos en la prisión militar del Campo Militar Número 1, en Ciudad de México. Son cuatro cabos de caballería, pertenecientes al 16º Regimiento de Caballería Motorizada de Nuevo Laredo. Se trata de Agustín Cornelio N, Juan Carlos N, Bernardo N y Jorge Nicolás N.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni la Secretaría de la Defensa (Sedena) dieron a conocer el estatus de estos militares de manera oficial.

En distintos medios de prensa se afirmó a inicios de marzo que la justicia militar acusaba a los cuatro de un delito de desobediencia. Sin embargo, esta institución nunca lo ratificó ni lo negó. En cuanto a la FGR, encabezada por el polémico Gertz Manero, no se pronunció sobre el tema, aunque se informó que está investigando los hechos.

Según el Código de Justicia Militar, los uniformados condenados por desobediencia pueden recibir una pena de hasta un año de prisión en general. Eso, de acuerdo con ese documento, en el caso de que esa desobediencia “ocasione un mal grave”, eleva la pena a dos años.

Resalta el hecho de que hubo declaraciones contradictorias por parte de la Sedena y el informe del capitán del regimiento. Hubo decenas de disparos, pero según las declaraciones militares solo dispararon los cuatro cabos.

Es un completo cinismo que la “justicia” de las fuerzas represivas del Estado sea la misma que juzgue a los militares: son juez y parte. El caso parece encaminarse a la impunidad, como sucedió con la masacre de Tlatelolco, la de Tlatlaya o la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, solo nombrando alguno de los casos más emblemáticos, todos acaecidos durante gobiernos del PRI.

Si la FGR, una institución del orden civil, decide acusar a los cuatro cabos de asesinatos, se supone que los fiscales deberían incluir como agravante, la ventaja de que los jóvenes asesinados no portaban armas ni dispararon ante el ataque de los militares. Si fueran hallados culpables, las penas podrían ir de 30 a 60 años de prisión. Pero de las instituciones de la democracia que prioriza las ganancias de los capitalistas por sobre las necesidades de la mayoría de la población no podemos esperar justicia.

Las nefastas consecuencias de la militarización

La masacre de Nuevo Laredo pone de manifiesto el reaccionario carácter de la militarización, es decir la asignación de tareas del orden civil a militares, marinos y a la Guardia Nacional. Esta estrategia de seguridad ordenada desde Washington e implementada desde 2006 durante el gobierno del panista Felipe Calderón supuestamente para frenar el narcotráfico solo ha cumplido con el rol de profundizar el clima de violencia que impera en gran parte del territorio mexicano.

Sus vínculos con el crimen organizado se evidenciaron, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa. Más que “combatir al narcotráfico”, el despliegue de militares en gran parte del territorio solo ha generado un clima de violencia que mantiene bajo el terror a la población. Fenómenos reaccionarios como los desplazamientos forzados, las ejecuciones, las desapariciones y los feminicidios se han incrementado exponencialmente.

Antes de asumir la presidencia López Obrador había prometido enviar a los militares a sus cuarteles. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Creó la Guardia Nacional con elementos del Ejército, la Marina y la policía, les asignó cada vez más actividades del orden civil, como el manejo de puertos y aduanas y los mantiene en las calles, en continuidad con los gobiernos del PRI y del PAN.

La continuidad de la militarización es una gran decepción para muchas personas que dieron su voto al presidente. Esta nueva masacre demuestra porqué es necesario terminar con el despliegue de los uniformados en las calles del país. Para lograr justicia para las personas ejecutadas, desaparecidas y desplazadas, es necesario poner en pie un amplio movimiento democrático integrado por sindicatos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, trabajadoras, trabajadores, mujeres y jóvenes que pelee por la vuelta de los militares a los cuarteles, que ponga en pie comisiones de investigación independiente y juzgados populares electos por la población que funcionen con recursos del Estado para investigar todos los casos y garantice justicia para todas las víctimas y los familiares.