Este martes, en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner protagonizó una “conferencia” en el marco de una reunión del Grupo de Puebla . Junto a ella estuvieron expresidentes como Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia). También la acompañaron abogados y juristas, como el exjuez español Baltasar Garzón.
Con la excusa de la presentación del Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina, la mandataria volvió a referirse a los tópicos que ya había abordado en Viedma hace 12 días y que son el eje de sus discursos de los últimos meses. Especialmente las causas penales armadas en su contra por sectores del Poder Judicial aliados de la oposición de derecha, que entre otras cosas derivaron en una reciente condena proscriptiva de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El encuentro del Grupo de Puebla se tituló “Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”. Y CFK fue la última en hablar, tras cuatro horas de disertaciones de otras personalidades del “progresismo” iberoamericano. Su discurso duró unos 33 minutos y tuvo tres ejes centrales: la relación entre narcotráfico y sistema financiero, una sobrevaloración de su Gobierno en comparación con el macrismo que la sucedió, y el lawfare judicial como método de persecución política.
Cristina acusó a jueces y fiscales de preocuparse más por perseguirla a ella y sus partidarios que por resolver profundos problemas sociales como el narcotráfico. “Nos quieren convencer que pelean contra el narcotráfico porque están presos chicos o mujeres que andan en el narcomenudeo, pero si tenemos que luchar contra el narcotráfico primero tenemos que desarmar el sistema financiero que es el que lava la guita del narco”, dijo CFK apelando a la realidad que viven miles de jóvenes pobres en las barriadas populares.
Lo curioso es que, en este punto, eludió toda referencia a que su fuerza política lleva gobernando el país 16 de los últimos 20 años. ¿Qué se hizo y se hace durante sus gobiernos con el sistema financiero al que, con razón, acusa de socio del negocio ilegal? No sabe/no contesta.
Luego, para graficar cómo se ve perseguida por parte del Poder Judicial, hizo una comparación peculiar. “Cuando uno (sic) decide jugar de un lado sabe que no es gratis: si vas con los otros y con los medios, no tenés problema, te ven rubia, alta, de ojos azules. El problema es cuando una decide jugar del lado de los pueblos y de las grandes mayorías nacionales”, sostuvo. ¿Ella comparte con la industria mediática y publicitaria la idea de “perfección” asociada al color de pelo, la estatura y el color de ojos? Cuanto menos, polémico.
Yendo al fondo de su relato, la vicepresidenta sostuvo que las persecuciones de las que es víctima tienen su causa en el intento opositor de frenar, vía el “partido judicial”, supuestas transformaciones económico-sociales encaradas por ella y sus partidarios. “Nos persiguen porque igualamos a las sociedades, por la justicia social, por el derecho de los trabajadores a participar activamente en el producto bruto de lo que producen”, lanzó ante el aplauso de la concurrencia.
Direccionando la “memoria” sobre lo ocurrido entre 2003 y 2015, Cristina dijo que el lawfare construyó el mito de que durante sus gestiones “se llevaron un PBI”, pero que en verdad “el PBI se lo llevaron ellos (por el macrismo, NdR) con el FMI y todavía no sabemos dónde está”. Para ella, con esa “estigmatización” respecto a la corrupción de sus exfuncionarios se “buscó volver a imponer un modelo económico y disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular”.
Para fundamentar el argumento, aseguró que “en 2015 no había deudas, ni de Estados ni de empresas ni de familias y no había Fondo Monetario Internacional. Además había reservas en el Banco Central y los salarios no estaban rezagados, no sólo eso, eran los más altos de América Latina”. Y arremetió contra lo hecho por el gobierno de Mauricio Macri, quien entregó “el país hecho percha en 2019”.
Dicho sea de paso, aquí también se omite algún tipo de explicación de por qué muchas y muchos votantes que la habían elegido con el 54 % en 2011 optaron, cuatro años después, por poner en las urnas la boleta de Cambiemos.
La sobrevaloración que hace Cristina de sus años al frente de la Casa Rosada es evidente. A fines de 2015, el economista Esteban Mercatante publicó el libro La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo (Ediciones IPS), donde queda demostrado que aquel período estuvo comprendido por algunos de los años de mayor crecimiento continuado a tasas elevadas de la historia argentina, pero también que desde 2012, producto del estancamiento derivado de los condicionantes de una economía dependiente y atrasada, fue ese mismo gobierno el que encabezó un ajuste paulatino sobre los bolsillos populares.
Pero a esa sobrevaloración de CFK sobre el pasado se suma una subvaloración sobre el presente. Especialmente sobre el rol que juegan desde diciembre de 2019 la propia vicepresidenta y sus aliados en el gobierno del Frente de Todos. Como escribieron no hace mucho Fernando Scolnik y Eduardo Castilla, si es cierto que la anunciada renuncia a postularse electoralmente es “indeclinable”, cabe suponer que semejante decisión se asocia (además de la proscripción) “a la caracterización de una probable derrota del peronismo en 2023. Una hipotética campaña electoral enfrentaría la dificultad de tener que relatar los años 2019-2023 y el fracaso del experimento Frente de Todos. la ubicación de la propia CFK, “primero semioficialista-semiopositora y ahora de apoyo abierto a Sergio Massa, complicaría mucho esa tarea”, dicen los editorialistas de La Izquierda Diario.
En ese sentido vale preguntarse a qué “igualación de la sociedad”, “justicia social” y “derecho de los trabajadores a participar activamente” de lo que producen se refiere Cristina. Porque si algo viene quedando demostrado en los últimos años es que, aceptando de hecho la “herencia” macrista, el gobierno peronista está encabezando un fenomenal ajuste sobre las condiciones de vida de las masas trabajadoras.
Quien catapultó a Alberto Fernández como presidente hoy hace referencia a las dificultades que padecen millones de laburantes por la inflación, los bajos salarios y jubilaciones, la imposibilidad de llegar a fin de mes y demás penurias. Pero en ese juego discursivo, la misma vicepresidenta se desliga (a ella, a su hijo Máximo y a los funcionarios de La Cámpora) de toda responsabilidad en la legitimación de la “herencia” y la aplicación decidida del ajuste pergeñado en el acuerdo con el FMI, que castiga a la base social que los votó hace más de tres años.
Las políticas frentetodistas contribuyeron mucho a que, desde 2015 a la fecha, el poder de compra de un salario mínimo, vital y móvil se haya reducido en un 33 % y hoy se ubique muy por debajo de la mitad de la canasta de pobreza. También a duplicar la inflación (del casi 54 % en 2019 a más de 100 % interanual hoy). Ni hablar a que tres cuartos de las jubiladas y los jubilados perciban haberes tan mínimos que equivalen a menos de un tercio de la canasta básica que elabora la Defensoría de la Tercera Edad.
La responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner y sus funcionarios, acompañando acríticamente el ajuste delineado y ejecutado por Sergio Massa, no forma parte de ninguno de sus discursos políticos. Menos aún del de quienes arengan a su alrededor por un operativo “luche y vuelve” (como si no estuviera en la cumbre del poder). Y eso ya no es polémico. Eso es concreto. | 
