Tal como lo viene reflejando La Izquierda Diario, el juicio por espionaje ilegal contra el exagente de la Policía Federal, Américo Balbuena, y dos de sus exjefes, Alfonso Ustares y Alejandro Sánchez, va llegando a su fin. Este miércoles por la tarde, con el alegato de la querella y la Fiscalía, comenzó a cerrarse el proceso que comenzó hace diez años. Como se sabe, la causa se inició en 2013 con la denuncia de organismos de derechos humanos por la infiltración que hacía la Federal a través de Balbuena, quien durante once años se hizo pasar por periodista en la Agencia Rodolfo Walsh.
El juicio se desarrolla en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, y durante las audiencias la sala de Comodoro Py destinada al proceso siempre estuvo llena de público. La querella está representada por los abogados Matías Aufieri, Liliana Mazea, Myriam Bregman y Carlos Platowsky, todes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), y el Ministerio Público está representado por el fiscal federal Ariel Quety. El primer alegato estuvo a cargo de la querella.
Para Bregman quedó completamente probado durante el proceso el espionaje de Balbuena junto con la orden o el aval de Ustares y Sánchez. “Trataron de justificarlo diciendo que hacía una pasantía, pero eso es como decir que Alfredo Astiz hizo eso cuando se infiltró en la Iglesia de la Santa Cruz y desaparecieron las Madres de Plaza de Mayo, es una barbaridad decir que un agente de una fuerza de seguridad del Estado está haciendo una beca en una agencia periodística” sintetizó la abogada y diputada nacional ante periodistas al final de la jornada.
Bregman agregó, en ese sentido, que “todo lo que toca la Federal se borra y no se puede probar en juicio. Por eso en este proceso se destacó este dato, porque es una confirmación de que en esas computadoras estaba registrado todo el trabajo de inteligencia que Balbuena había realizado por más de diez años en organizaciones sociales, gremiales y políticas”. La dirigente del PTS y el Frente de Izquierda recuerda situaciones similares, como en el caso del “suicidado” prefecto genocida Héctor Febrés en 2007 o el año pasado con el celular del atacante de Cristina Kirchner. A lo que puede sumarse la colaboración de la Federal con otras policías, como la Bonaerense, a la hora de falsificar pericias, como en los recientes casos de Daiana Abregú y Alejandro Martínez.
Tanto el alegato de la querella como el de la Fiscalía, que expuso a continuación, pidieron una “sentencia condenatoria” para Balbuena, Ustares y Sánchez por el delito de abuso de autoridad de funcionario público, al encontrarlos responsables de desarrollar tareas de inteligencia para obtener información de referentes y organizaciones, en clara violación de Ley de Inteligencia. Pese a la gravedad del hecho, la pena máxima contemplada para estos casos es de dos años de prisión.
"Las acciones que aquí se reprochan han sido claramente deliberadas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo" dijo el fiscal Quety al comenzar su alegato, resaltando que revisten de mayor gravedad por haber violado la protección de derechos y garantías constitucionales de las personas. Consideró que se encontraba acreditada la condición de "servicio externo" del agente Balbuena, en consonancia con la querella, que implicaba la tarea de "búsqueda de información" según explicó el testigo Marcelo Saín. Además, remarcó la incompatibilidad de su actividad en la Agencia Walsh con la ley normativa del Cuerpo de Informaciones.
Bregman resaltó que, más allá de ser una pena menor contemplada para este delito en el momento de su comisión (posteriormente se ha modificado y agravado), “es de gran relevancia haber sacado a la luz la existencia de estas agencias de espionaje, que siguen funcionando en la actualidad, bajo gobiernos constitucionales con absoluta impunidad”.
Las claves del alegato
El doctor Aufieri y su colega Mazea tuvieron a su cargo el alegato de la parte denunciante. Allí recordaron que “el accionar del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal llegó primero al cine que un juicio” en alusión a la serie Iosi, el espía arrepentido, estrenada en 2022. “En el caso Balbuena, diez años debieron esperar las víctimas, principales afectadas por el paso del tiempo, para ver a los acusados sentados en el banquillo”, dijeron desde la querella.
En el alegato también se mencionó que “las respuestas sobre la existencia del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal fueron variando entre distintos funcionarios responsables”. En el caso de Jorge Capitanich, entonces jefe de Gabinete, “reconoció su existencia y dijo que ese cuerpo debería disolverse”. En el caso de Nilda Garré, “envió un proyecto de ley al Congreso a ese fin”. También destacaron el valioso testimonio de Marcelo Saín, extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que dijo que "este cuerpo no está creado para ser policía auxiliar de la justicia, era para infiltrar".
Pero Aníbal Fernández, actual ministro de Seguridad y responsable de las fuerzas federales durante gran parte de los años que Balbuena se infiltró en la Agencia Walsh, negó recientemente la existencia misma del Cuerpo de Informaciones al que pertenecía el espía. Lo peor es que lo hizo hace pocos días, durante su interpelación en la Cámara de Diputados a raíz de la situación en Rosario y nada menos que ante una pregunta de la diputada Bregman. En tono provocador, Fernández afirmó que las denuncias sobre el carácter de ese cuerpo, al que se bautizó “los plumas”, son propias “del Siglo XVI”. Como suele ocurrir, Aníbal va contra la realidad. En el juicio a Balbuena, Sánchez y Ustares se comprobó sobradamente que la misión del Cuerpo es contemporánea.
En el alegato también se recordó “el momento histórico en el que la Policía Federal decidió infiltrar al espía Américo Balbuena en FM la Tribu y la Agencia Walsh: cuando la crisis de 2001 estaba estallando en todo el país con toda su fuerza. Días antes de infiltrarse, la Federal reprimió a sangre y fuego las movilizaciones que se dieron alrededor de la Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre de 2001. Rubén Santos, el comisario, y sus subalternos tienen confirmada sentencia en Casación por los asesinatos de cinco manifestantes y lesiones graves, a cientos de personas”.
En ese marco, acusaron a las defensas de buscar enmarañar el proceso para evadir la responsabilidad por el espionaje con el argumento de que eran “gestores oficiosos de las luchas y organizaciones”. También argumentando que Balbuena realizaba una ‘pasantía’ o hobby, algo que se demostró contradictorio y falso al tratarse de una agencia de izquierda que apoyaba y divulgaba las luchas que luego resultaban reprimidas por la Policía Federal, donde revestían él y sus jefes.
"Balbuena dijo que nunca lastimó ni hizo daño a nadie, nosotros por el contrario pensamos que pretende restar importancia al delito de espionaje, lesionó inconmensurablemente a los denunciantes y a la sociedad toda, al punto que hoy está severamente penado", dijeron Aufieri y Mazea ante Rafecas y los propios acusados. Los testimonios y denuncias de las víctimas lo dejaron en claro: María del Carmen Verdú relató cómo el “pluma” buscaba con especial énfasis en causas que implicaban a agentes de la Federal por violencia institucional y gatillo fácil. Christian Castillo resaltó cómo las notas de Balbuena oficiaron de informes utilizados para causas posteriores contra los manifestantes. Claudio Dellecarbonara contó que especialmente buscaba conocer planes de acción, pertenencias políticas y organización del movimiento obrero.
Quién era Balbuena
En el juicio quedó ampliamente demostrado que Balbuena actuó violando incluso la llamada “ley orgánica” de la Policía Federal. Hoy siguen vigentes el decreto 2075 del año 1958 (presidencia del dictador Pedro Aramburu) y su modificatorio de 1963 (el 9021, presidencia de José Guido). Allí se establece que “el cargo que desempeñan los integrantes del Cuerpo de Informaciones es incompatible con el desempeño de funciones en servicios informativos oficiales o privados, policías particulares, agencias informativas comerciales o similares”.
Cuando salió a la luz el verdadero “trabajo” de Balbuena, la Policía Federal le hizo un sumario interno que es una verdadera burla. Nunca determinaron ninguna responsabilidad del espía, a pesar de que la normativa establece, además, sanciones por omitir informar a sus superiores de este tipo de actividades. Ergo, ni siquiera pagó algún costo dentro de la fuerza. En ese sumario, sin embargo, sí constan las exigencias de la querella respecto a que se dé a conocer qué información dio Balbuena durante más de una década y qué otros “balbuenas” seguían en actividad (lo que nunca se informó).
En ese sentido, las pericias que se conocieron en el proceso judicial concluyeron en que abundantes archivos fueron borrados de los dispositivos secuestrados en los allanamientos. Una cantidad que llamó la atención del perito Matías Castellani, como declaró en su testimonio. Se pudo determinar que la fecha de borrado correspondía al 3 de mayo de 2013, justo cuando Nilda Garré ordenó el inicio del sumario interno y el pase a disponibilidad de Balbuena.
Sin embargo, pese al intento de borrar todo rastro, en los allanamientos se obtuvieron pruebas. Como un modelo de “ficha” para completar con datos personales, antecedentes judiciales, policiales y otros de quienes eran espiados. También un archivo titulado “ficha patronímica”, en el que se ve una fotografía, datos personales y antecedentes judiciales de violencia política de Gustavo Franquet.
Durante el juicio, el acusado Sánchez intentó instalar la idea de que Balbuena tenía “capacidades limitadas”, sólo aptas para tareas administrativas. Buscaba así relativizar sus aptitudes como “pluma”. Pero sólo con ver que su legajo se demuestra todo lo contrario. El mismo Sánchez lo describía así en 2010: “Se trata de un personal de una excelente base cultural, dueño de un tacto y temperamento que lo proyecta a realizar tareas de alto compromiso profesional”. Calificaciones similares de sus superiores se reiteraron con el correr de los años.
Pese al intento de sus exjefes para depositar a Balbuena sólo en “tareas administrativas” alejadas de “la calle”, en las planillas secuestradas consta (con sello del propio Sánchez) que Balbuena realizaba “actividades extrapoliciales” y hasta constaba su actividad “periodística”. Si Balbuena se dedicaba a tareas administrativas, ¿para qué el carácter secreto como agente?
El espionaje político y el rol de la Federal
En sus declaraciones los exjefes de Balbuena coincidieron en admitir que asignaban agentes secretos, sin identificación ni uniforme, a cubrir manifestaciones. Incluso Ustares relató que en 2002, frente al conflicto social, pidió “refuerzos” de agentes de “identidad secreta”, porque el Cuerpo de Informaciones era “destacado en la inmediatez de la información”. Mientras Ustares hablaba, desde la querella quedaron “azorados, admitió un delito constante”.
En el alegato de la querella se afirmó que “toda esa información la podía reunir un solo agente. El que más información podía aportar a la función de la División Análisis, era Balbuena a través de la Agencia Walsh. Donde hubiera organizaciones que denunciaron a la Federal, ahí iba Balbuena, no le erraba”.
Por eso los abogados del CeProDH no dudaron al sentenciar que “el espionaje no terminó en 1983: todos los hechos relevantes políticos tienen detrás espionaje”. Y recordaron casos donde salió a luz esta práctica como el crimen de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la Masacre del Puente Pueyrredón en 2002 o la reunión del G20 en Buenos Aires en 2018. Espionaje ejecutado por la Federal (con Balbuena en un medio alternativo o José Pérez “Iosi” en la comunidad judía), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Proyecto X de la Gendarmería o la Base Almirante Zar en Trelew a cargo de la Armada, para nombrar los ejemplos conocidos.
“La infiltración era a todos los sectores, con la finalidad de permitir el armado de causas y la criminalización de las personas, por eso hay una responsabilidad institucional, porque ésa es la misión del Cuerpo de Informaciones”, alegaron desde la querella.
“Que sea una puerta para comenzar a echar luz”
En la parte final del alegato, les doctores Aufieri y Mazea detallaron que los jefes de Balbuena dicen que “no sabían” las tareas específicas que su subordinado hacía fuera del Cuerpo. “Porque todo era ilegal y todo era lo mismo, no eran dos vidas escindidas, una como agente de esa división y otra como periodista, era el mismo trabajo”, remarcaron.
“Es claro que sus superiores no podían desconocer su presunto hobby extra policial, es claro que lo promovían y que la información de quiénes protestaban contra la Policía iba al Cuerpo de Informaciones sin posibilidad de que ello no fuera así”, agregaron.
Así, “quedó demostrado que hubo dos planes: el espionaje y quedar impunes. Solicitamos que no se naturalice este delito, por los luchadores que ya no están, por las víctimas de causas armadas y venimos a pedir justicia y castigo, en nombre de toda la sociedad” finalizaron les querellantes.
El próximo martes 28 les tocará alegar a las defensas de Balbuena, Ustares y Sánchez. Y los propios imputados tendrán la oportunidad de dar sus “últimas palabras” antes de conocerse el veredicto del juez Rafecas (que podría ser ese mismo día). La sentencia completa será leída el viernes 31 de marzo. “Esperamos que la sentencia sea un desahogo para las víctimas y una puerta para comenzar a echar luz sobre estas prácticas, es una oportunidad única entre tanto oscurantismo. Pedimos que se abran los archivos, que se den a conocer los listados de infiltrados que hay en todo el cuerpo social”, concluyó Matías Aufieri en el alegato. Rafecas tendrá la última palabra.
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