Ha pasado poco más de un año desde que Boric asumió el gobierno. La inflación, el hecho de que se estén debatiendo temas como la jornada laboral de 40 horas o la reforma previsional, hace ineludible que nos preguntemos acerca del papel que cumplen -o pueden cumplir- los sindicatos.

Las burocracias sindicales de la CUT, el Colegio de Profesores o la FTC, parecen más concentradas en colaborar con el gobierno, que en defender los intereses y las condiciones de vida de la clase trabajadora. En el siguiente artículo explicamos algunos conceptos marxistas sobre los sindicatos, su relación con el Estado y la política revolucionaria, e intentamos analizar cómo actúa la burocracia sindical local en función de su papel reciente en el régimen de transición, particularmente en la minería del cobre durante la década de 1990. También nos referimos a algunas claves que hacen al actuar de la burocracia en los últimos años y bajo el gobierno de Boric y planteamos la salida de un programa revolucionario.

Marxismo revolucionario, sindicatos y burocracias sindicales

“Los sindicatos -escribía León Trotsky- se formaron en el periodo de surgimiento y auge del capitalismo. Tenían por objeto mejorar la situación material y cultural del proletariado y la extensión de sus derechos políticos”. Trotsky explica que en Inglaterra, el trabajo de formación de los sindicatos, “duró más de un siglo” y “dio a los sindicatos una autoridad tremenda sobre los obreros”.

Sin embargo, al cambiar las condiciones del capitalismo, cambió la situación de los sindicatos. Si en el siglo XIX, particularmente en Inglaterra, los sindicatos podían aspirar a ciertas conquistas, en tanto existía todavía espacio para una extensión del capitalismo, que disciplinaba a los sindicatos con ciertas concesiones para capas de los trabajadores, al advenir la etapa imperialista del capitalismo, basada en los monopolios y una competencia de rapiña en el terreno global, esto cambio radicalmente. Trotsky explica el caso inglés:

«La decadencia del capitalismo británico, dentro del marco de la declinación del sistema capitalista mundial, minó las bases del trabajo reformista en los sindicatos. El capitalismo sólo se puede mantener rebajando el nivel de vida de la clase obrera».

Por cierto, el desarrollo del imperialismo a inicios del siglo XX fue un factor fundamental en los cambios de las organizaciones obreras. El paso del capitalismo de libre competencia al capitalismo imperialista planteó una disyuntiva clave en los sindicatos: “pueden o bien transformarse en organizaciones revolucionarias o bien convertirse en auxiliares del capital en la creciente explotación de los obreros”. En este marco, aparecen -por primera vez en la historia- enormes burocracias sindicales, que controlan gremios completos o, en el caso de los países imperialistas, dirigen sectores de la aristocracia obrera, es decir, de las capas de la clase trabajadora que se beneficiaron materialmente a partir de obtener privilegios en base al papel predominante de sus propias naciones en la arena internacional. Respecto a la burocracia sindical, Trotsky escribía que “resolvió satisfactoriamente su propio problema social (...). Volcó la autoridad acumulada por los sindicatos en contra de la revolució socialista e incluso en contra de cualquier intento de los obreros de resistir los ataques del capital y de la reacción” (1933).

En oposición al sindicalismo reformista y burocrático que acababa de nacer, se desarrollaron fenómenos de sindicalismo combativo y revolucionario, especialmente en Francia. Trotsky se refiere así a este sector:

«El sindicalismo francés de preguerra, en la época de su surgimiento y expansión, al luchar por su autonomía sindical luchaba en realidad por su independencia del gobierno burgués y sus partidos, entre ellos el socialismo reformista-parlamentario. Esta fue una lucha contra el oportunismo librada de manera revolucionaria».

Se trata de un sindicalismo que renegaba de la acción política y la organización en partido político y que consideraba que el único representante de la totalidad de intereses de la clase trabajadora, era el sindicato, el cual, a través de la huelga general podría acabar con la explotación. Trotsky, al mismo tiempo que reconoce su papel en la lucha con las burocracias nacientes, critica sus limitaciones:

«La debilidad del anarco-sindicalismo, aun en su período clásico, era la falta de una base teórica correcta lo que resultaba en una comprensión errónea de la naturaleza del Estado y de su papel en la lucha de clases, así como en una concepción incompleta, no del todo desarrollada y por lo tanto equivocada del papel de la minoría revolucionaria, es decir, del partido. De ahí sus errores tácticos, como el fetichismo hacia la huelga general, el desconocimiento de la relación entre la insurrección y la toma del poder, etcétera».

Trotsky, cuando desarrollaba ese debate (1929), consideraba que ya no había condiciones para repetir la experiencia del sindicalismo revolucionario francés. Después de la Revolución Rusa y una serie de derrotas a las revoluciones en Europa en el marco de la burocratización de la II Internacional y la burocratización en curso de la III Internacional, lidiar con asuntos como el Estado y su papel en la lucha de clases, la lucha entre fracciones al interior del movimiento obrero -por ejemplo, entre reformistas y revolucionarios-; la cuestión de la maquinaria represiva del Estado y la cuestión de la insurrección, era ineludible. ¿No era acaso una completa ilusión esperar que un sindicato, que por su naturaleza misma organiza a trabajadores con distintos niveles de conciencia de clase, muchos de los cuales se inscriben para obtener beneficios económicos, cumpliera la función de tomar esos asuntos? Más tarde, en el Programa de Transición, Trotsky plantea que si bien la acción de los revolucionarios en los sindicatos es fundamental, estos no son suficientes para derrotar al capital, de hecho no están construidos para eso: “su objetivos, su composición y el carácter de su reclutamiento, no pueden tener un programa revolucionario acabado; por eso no pueden sustituir al partido”. El partido: la organización de una fuerza material que es una fracción de la clase trabajadora, una fuerza que conjuga a las y los trabajadores de vanguardia con la intelectualidad marxista; y que actúa no sólo en el terreno sindical, sino que también en el terreno político, enfrentando a los partidos políticos de la burguesía y reformistas que buscan influenciar a la clase trabajadora y los sectores oprimidos para evitar que avancen en una perspectiva de poder; es un factor determinante para enfrentar al Estado burgués, para lidiar con asuntos como la insurrección y el choque con la maquinaria represiva estatal. Temas que, mal que mal, se presentaron una y otra vez como desafíos en distintos procesos revolucionarios, en Chile tenemos nuestra propia experiencia con el golpe de 1973.

Volviendo al asunto de las burocracias que emergieron a inicios del siglo XX en Europa, estas constituyeron frenos objetivos y subjetivos a la lucha de clases, ya que combinaban el ascenso de partidos reformistas con el asentamiento de dirigencias sindicales burocráticas en los organismos de masas. Estos enormes aparatos jugaron un rol fundamental en la contención de la lucha de clases en la Europa central, pero aun así la irrupción de la Revolución Rusa y su onda expansiva, obligó a la burguesía internacional a redefinir nuevamente las condiciones de su relación con el proletariado.

En el periodo de entreguerras, las formas estatales cambiaron notablemente. Gramsci analiza este proceso y busca conceptualizarlo como Estado Integrado. Un ejemplo puede ser el intento por ampliar Estado y cooptar aún más sectores de trabajadores a través de las organizaciones obreras: es el proceso que se denomina estatización de los sindicatos, que abarcó desde países democratico-burgueses, fascistas e incluso a la propia Unión Soviética. Juan Dal maso analiza los planteamientos de Gramsci sobre esta cuestión. La estatización de los sindicatos buscó cooptar e integrar a sectores que antes estaban completamente por fuera de la regimentación estatal, y por ende se encontraban más expuestos a la influencia revolucionaria. La ampliación estatal permitió cooptar y regimentar a amplios sectores de masas,y al mismo tiempo, redefinió el rol de los sindicatos. Gramsci señala que los sindicatos pasan a cumplir un rol de “policía política”. Es decir atribuyó a los sindicatos (y partidos obreros) un nuevo rol de control sobre sectores de masas, como “prolongaciones estatales”. Trotsky también problematizó esta cuestión, cuando señalaba que “la burocracia sindical persigue con más fuerza aún a los obreros revolucionarios, reemplazando con el mayor descaro la democracia interna por la acción arbitraria de una camarilla, transformando a los sindicatos en una especie de campo de concentración de los obreros durante la decadencia del capitalismo”.

Como vemos, históricamente la función y rol de los sindicatos se ha transformado. Desde sus inicios como forma básica (e ilegal) de organización gremial obrera hasta a los enormes aparatos burocráticos socialdemócratas, estas organizaciones son en gran parte sostenedores del régimen, y al mismo tiempo, organismo obreros. El rol de la burocracia sindical aquí ha sido fundamental, y lo que Trotsky denomina en el Programa de Transición “crisis de dirección”, para referirse al hecho de que las condiciones para el avance el del proletariado están dadas y que los límites provendrían de sus direcciones, es en gran medida el problema que la burocracia sindical significó para la clase obrera. Trotsky concluía que los revolucionarios deben pelear por disputar la dirección de los organismos sindicales contra las burocracias y, al mismo, tiempo, superarlos con la fuerza de la autoorganización y el frente único obrero.

¿Son planteamientos actuales? Consideramos que sí. Después de décadas de neoliberalismo, la burocracia sindical se sostiene sobre la base de la fragmentación que ha tenido lugar en base a la ofensiva del capital sobre el trabajo, que en Chile se realizó primeramente por medio de la dictadura militar. Fruto de esa fragmentación es la separación entre trabajadores de planta y subcontratados, migrantes y locales, etc. A continuación veremos un caso particular para entender cómo se configuró la burocracia sindical vinculada a los partidos de la ex Concertación, el caso de la Federación de Trabajadores del Cobre.

La burocracia sindical en los 90`: el caso paradigmático de la FTC en Codelco

La actuación de la Federación de Trabajadores del Cobre durante la década de 1990 es una muestra paradigmática de los resultados a los que conduce la colaboración de una burocracia sindical con gobiernos burgueses progresistas y directorios empresariales: esa colaboración, más temprano o más tarde, resulta en desmedro de los trabajadores.
Recordemos que en los albores de la transición a la democracia, ganaba predominancia una política sindical conciliadora identificada con la Concertación que buscaba borrar cualquier vestigio de las luchas contra la dictadura de la década de 1980 y más todavía las experiencias de autoorganización y lucha de clases de 1970-1973. Esto era celebrado por el Jefe de la División de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, Patricio Frías: “El ’enemigo común’, que cohesionó al movimiento durante el período de represión militar, había desaparecido y el discurso histórico de confrontación hacia los empresarios y el régimen totalitario se iba debilitando frente a una realidad que se despolitizaba y se entregaba a los brazos del individualismo, el consumo y “los signos de los nuevos tiempos”” [1]. El dirigente sindical que mejor encarnó este “nuevo espíritu de los tiempos” fue el demócratacristiano Manuel Bustos. “Con el liderazgo de Bustos -decía Frías-, se logró mantener la unidad interna que ya estaba tensionada por las diferencias de los sectores comunistas y concertacionistas, y se firmaron algunos convenios con la Confederación de la Producción y el Comercio (…)”. Para el entonces personero de gobierno, por primera vez, “se reconoció la legitimidad de la empresa”.

La expansión de formas precarias de contrato -como el subcontrato- o la privatización de empresas del Estado durante la década de 1990, muestran la inutilidad que tuvo esa política para detener las conquistas del capital contra el trabajo. En realidad, se trató de una complicidad de la burocracia sindical con el naciente régimen
En el mismo sentido, lo sucedido en Codelco a partir de la nueva política de conciliación con el directorio de la empresa y con el gobierno concertacionista, que desarrolló la Federación de Trabajadores del Cobre, muestran que cuando se apuesta por una alianza estratégica del trabajo y el capital, quienes pierden son los trabajadores. Recordemos que a inicios de la década de 1990 estaba en debate la productividad de la estatal. Se asumía que la desventaja respecto a las empresas privadas de cobre eran consecuencia de lo obsoleto de las condiciones que había en Codelco para sus trabajadores y organización de la producción. Ese debate también llegó a los sindicatos de Codelco. Como relata Eduardo Loyola, ex vicepresidente de Recursos Humanos en Codelco (1994 – 2000), de manera sutilmente despectiva con los sindicatos: “el movimiento sindical se daba cuenta que, a diferencia del pasado donde eran las estrellas de la economía, había ahora otras empresas como Mantos Blancos, La Disputada y La Escondida, y que el modelo de gestión de la minería privada, en cuanto a productividad y competitividad, pasaba a ser un parámetro de comparación frente a las prácticas añejas de Codelco, que habían servido para un determinado período pero que en esas circunstancias ya no cuadraban”. Duncan Araya, ex tesorero de la FTC comenta cómo reflexionaba cuando empezaba a notarse la presión del proceso de privatización del cobre sobre la estatal Codelco: “Hace quince años el dirigente sindical tenía una sola pelea, que era luchar contra la dictadura (…) Cuando termina este proceso, el mundo se empieza a globalizar y tú ya no tienes que pelear con Pinochet sino con el modelo económico y la globalización. Para eso tienes que prepararte; ya no te sirve tirar piedras y patear puertas” (…) “Hace quince años - prosigue- al trabajador no le importaba saber a cuánto estaba 20 la libra de cobre, pero después sí, porque ya se había entregado la Escondida y Codelco era la guinda de la torta que seguía en manos del Estado y todo el mundo quería comérsela y hacerla improductiva e ineficiente”.

Así, con el argumento de hacer a Codelco eficiente y productiva -homologando su discurso al discurso del mando de la empresa-, y justificando esa política de colaboración con el mando empresarial-estatal en una supuesta defensa del carácter público de Codelco, la dirección de la FTC pasó del paro de 1993 a una política abierta de colaboración con el gobierno y las gerencias, para asumir en sus manos, responsabilidad por la política de externalizaciónes:

« "El 2 de septiembre de 1993 se firmó el primer documento entre Administración y trabajadores, denominado ’Compromiso con el futuro y la modernización de Codelco’, en el que se garantizaba la participación de la FTC en las transformaciones de la empresa, especialmente en lo relacionado a las dotaciones y externalizaciones. El acuerdo estableció que la implementación de planes de egreso voluntarios se realizarían en conjunto y que se compatibilizaría el desarrollo de la Corporación con la estabilidad laboral. Además, se decidió concretar las externalizaciones que ya estaban licitadas al 5 de agosto de ese año y se convino que las nuevas se harían con una evaluación previa de costos, calidad y eficiencia».

Como expresión de esta política, en Chuquicamata, “para reducir la planta se programaron jubilaciones en condiciones excepcionales, que significaron costos adicionales en los primeros años pero ganancias después, tanto para la Administración como para los trabajadores”.

«Los dirigentes sindicales evalúan este proceso positivamente, pues sostienen que dicha negociación ayudó a la División a salir de la baja productividad, al trabajador a subir su salario y al jubilado obtener un buen plan de retiro».

El discurso del responsable de las relaciones laborales, Mauricio Cuello, era sumamente optimista: “Si uno aplica las tendencias en recursos humanos se aplicó el ganar ganar: Ganó la administración, ganaron los trabajadores que se fueron y los que quedaron porque fueron recompensados por la mayor carga laboral”.

En 1995 esta política se profundizó. En ese periodo asumió la presidencia Juan Villarzú, buscando desarrollar una línea aún más ofensiva de cooptación a la FTC. Sin embargo, surgió un imprevisto:

«Aunque en 1994 los ánimos de ambas partes corrían en buena línea, en el mes de Mayo se produjo una movilización que puso a prueba el nuevo trato que se estaba implementando en la empresa. Los trabajadores de El Teniente se tomaron la entrada de las faenas en Maitenes y paralizaron el acceso de buses y vehículos».

Villarzú optó por dialogar con el zonal de la FTC. Ahí, Villarzú propuso la Alianza Estratégica como la clave de la modernización de Codelco. En este documento se defienden principios como “la colaboración, la construcción de las confianzas.

«Estoy convencido -escribía Villarzú-que si trabajamos juntos vamos a salir adelante. Para lograrlo, además de compartir objetivos, debemos ser capaces de construir confianza y lealtades entre nosotros. Debemos ser capaces de abordar y superar las discrepancias que inevitablemente surgirán, a través de un diálogo paciente, franco y respetuoso. Evitemos la tentación de imponer nuestros puntos de vista por la autoridad o la fuerza”. También prometió que “no se materializará ninguna nueva externalización sin antes haber evaluado detalladamente la posibilidad de mejorar la competitividad interna»….

En términos de balance de ganancias, los números son bastante evidentes en cuanto al beneficio que obtuvo la empresa a costa de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo gracias a la Alianza Estratégica:

«El gerente corporativo de Relaciones Laborales y Calidad de Vida, Daniel Sierra, explica que “el pacto permitió posicionar a Codelco como una empresa estatal y competitiva, con capacidad de liderar la industria minera a nivel mundial”. La productividad propia de Codelco se incrementó entre 1994 y 1998 en un 28 por ciento; pasó de 51,8 toneladas por trabajador a 76,2 toneladas. El costo directo de producción de 1993, de 60,1 centavos de dólar por libra, bajó en 1998 a 44, 7 centavos. Las dotaciones se redujeron de 24 mil 403 trabajadores en 1993 a 18 mil 584 en 1997, lo que equivale a una disminución de un 15,14 por ciento».

Que se produzcan más toneladas por trabajador, que aumente la productividad disminuyendo la dotación de trabajadores, sólo denota mayores niveles de explotación. En el caso de Codelco, además, el subcontrato creció exponencialmente. Esto, mientras los dirigentes de la FTC, como Raimundo Espinoza -que además es militante del PS-, participaban de la gestión de Codelco y asumían responsabilidad por decisiones de la empresa.

Este proceso es relevante y tiene una importancia que no es sólo histórica, también es política: no podemos perder de vista que en la revuelta de 2019 fue un debate en sectores de masas que se movilizaban en las calles, la nula participación de los trabajadores mineros en el proceso. Muchos sectores calificaron a los mineros de cobardes. Al inicio del gobierno de Boric, el paro de Ventanas contra el cierre también fue usado por el gobierno para separar a los mineros de la población.

Que la burocracia sindical de la FTC concentrara su actividad en la preservación de beneficios corporativos en desmedro de cualquier unidad con los trabajadores precarizados subcontratados y la población, manteniendo en la pasividad a los mineros de planta en las últimas décadas, impidió que este sector de la clase trabajadora jugara un papel crucial en el proceso más relevante de los últimos años. Algo que sin duda le termina conviniendo a los capitalistas. Es un caso -de los tantos- que demuestra que pelear para que los trabajadores cumplan un papel de sujeto revolucionario va de la mano de enfrentar a una fuerza material reaccionaria, la burocracia sindical forjada durante años, para lo cual es necesario construir una fuerza material contrapuesta: un partido revolucionario.

Las burocracias sindicales a un año del gobierno de Boric

Si damos una mirada panorámica a la década de 1990 e inicios del 2000, es evidente que la burocracia sindical en Chile jugó un rol fundamental en la gobernabilidad de la Concertación: figuras como el DC Manuel Bustos o el PS Arturo Martínez; o los PC Bárbara Figueroa y Jaime Gajardo, el PS Raimundo Espinoza -al mando de las principales organizaciones sindicales-, se dedicaron a negociar con el régimen de la transición algunas mínimas cuestiones mientras se profundizaban los ataques al trabajo.

Una línea de completa subordinación a los ejes del neoliberalismo y al Código Laboral de la dictadura. La denominada política del diálogo social (que no es otra cosa que colaboración de clase) encubrió siempre la subordinación al subcontrato y la tercerización, a los criterios de máxima productividad, a la flexibilización laboral, a la separación gremial entre los conflictos y luchas, que resultó ser criminal como estrategia sindical pues debilitó las fuerzas de la clase trabajadora para defender sus intereses. En Chile no existen grandes sindicatos o aparatos similares, por ejemplo, a los sindicatos alemanes socialdemócratas de inicios del siglo XX. La burocracia local ni siquiera se compara a la burocracia sindical argentina que, aunque igual de subordinada, posee grandes y fuertes sindicatos por rama, con más peso comparados con Chile. En algunos lugares, la burocracia colaboró activamente en la atomización del movimiento obrero, y a pesar de su debilidad relativa, la burocracia sindical, bajo la dirección del PC y la concertación, jugó un rol clave en el sostén del régimen durante los últimos 30 años.

Incluso cuando emergieron fenómenos de masas que pudieron eventualmente contagiar a los sindicatos como el movimiento NO+AFP o el movimiento de mujeres, las burocracias de los sindicatos y también la de los movimientos se encargaron, respectivamente, de mantener las luchas separadas. E. Albamonte y M. Maiello plantean respecto a problemas como este, que junto a la serie de cambios en la clase trabajadora en el marco de la ofensiva neoliberal…

«...se han desarrollado en paralelo nuevas burocracias a la par del desarrollo de los llamados nuevos movimientos sociales. Estos movimientos, mayormente policlasistas, como el movimiento de mujeres, el estudiantil, movimientos por la diversidad sexual, el movimiento negro, el ecologista, de inmigrantes, entre otros, han adquirido (o recobrado) en muchos casos -según los paises- un carácter de masas (...) aquellas nuevas burocracias y las mas tradicionales del movimiento obrero interectactuan en forma complementaria» (Albamonte y Maiello; Estrategia socialista y arte militar, p. 545).

Al estallar la rebelión, las burocracias sindicales que dirigen sindicatos en áreas con peso estratégico como la minería, las forestales, la producción energética, el transporte urbano, en general se mantuvieron al margen, y en algunos casos convocaron sólo al paro del 12 de noviembre, cuando el propio ascenso de masas amenazaba con rebasarlos. Evidentemente los trabajadores eran parte de la rebelión, pero diluidos, por fuera de sus organismos y gremios, movilizándose sólo como “ciudadanos”. El rol objetivo que jugaron aquí la CUT, el Colegio de Profesores e incluso la Unión Portuaria, de no vincular el paro del 12N con una un plan de huelga general, le permitió al régimen hacer su maniobra 3 días más tarde, el 15N, el denominado “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución. Si bien la Nueva Constitución terminó en el tacho de la basura con el triunfo del “rechazo”, el desvío que se gestó en esos días álgidos con el acuerdo por la paz, si cumplió su objetivo de frenar el ascenso de la revuelta justo cuando asomaba la clase obrera.

Durante la pandemia (2020-2021), los trabajadores tuvieron que lidiar con nuevos ataques, como despidos y reducción de jornadas y sueldos. Los partidos que blindaban al régimen y secundando una iniciativa de Piñera, votaron en el parlamento la ley de “protección del empleo”, descargando la crisis en el salario de los propios trabajadores (seguro de desempleo).

La concertación y el PC apoyaron esta ley, los sindicatos -dirigidos por estos partidos- permanecieron en el completo inmovilismo, la CUT incluso se involucró en negociar esa ley y la celebró. Incluso en el área de la salud pública, en plena pandemia, la burocracia sindical fue incapaz de organizar ningún golpe defensivo serio, mientras colapsaron los servicios y los trabajadores de salud hacían turnos interminables, sosteniendo la crisis en sus espaldas. La burocracia sindical jugó un rol clave durante la pandemia, como sostén del régimen y contención de la clase trabajadora. También se puede decir algo similar de la burocracias de los movimientos sociales, como la Coordinadora 8M, que hoy (al igual que la dirección de la CUT) son direcciones que viven en tregua con el Gobierno de Boric. Esto es importante durante la pandemia, uno de los sectores más golpeados en sus condiciones de vida fue justamente el de las mujeres.

La llegada de la pandemia golpeó fuertemente a la clase obrera, sus condiciones se habían deteriorado notablemente. El caso de educación, y el retorno a clases es un ejemplo dramático de precarización de las condiciones para trabajadores y comunidad. El Colegio de Profesores tampoco reaccionó a la altura. Y es que la burocracia sindical apostó por la Convención Constitucional y la Nueva Constitución, incluso cuando en la víspera, figuras nacionales de la burocracia sindical, sufrieron derrotas en las elecciones a convencionales, como Bárbara Figueroa (CUT), Luis Mecina (No+AFP) y Mario Aguilar (CDP).

El proyecto de nueva Constitución, fue un muy tímido intento por ampliar el Estado, por integrar en un régimen apenas retocado, a algunos sectores de “la sociedad civil”. El texto hacía algunas concesiones, en el terreno de la negociación ramal y reconocimiento formal de los trabajadores y los sindicatos; la CUT entregó de hecho un petitorio a la Convención Constitucional y fue parte activa de la discusión. Desde la CUT a la Unión Portuaria, pasando por el Colegio de Profesores, desde las direcciones sindicales más “radicales”, a la más “reformistas”, todos, casi sin excepción, se alinearon tras la nueva Constitución. No se trató acá sólo de pasividad de las direcciones, sino de que -en simultáneo- se pusieron a la cabeza de la campaña política del Apruebo, alineándose de esta manera con el desvío de la rebelión orquestado en el acuerdo por la Paz. De la misma manera, las burocracias sindicales se hicieron impulsoras de la campaña presidencial de Boric y luego se alinearon con el gobierno, manteniendo a las organizaciones sindicales en la pasividad. Todo esto ocurría mientras la crisis se intensificaba y la inflación se disparaba, algo que golpeaba primordialmente bolsillo de las familias obreras y sectores populares.

Sin embargo, el triunfo del rechazo el 4 de septiembre de 2022, trizó completamente la “vía constitucional” por la cual apostaron las burocracias sindicales tradicionales como la CUT o el Colegio de Profesores. Pese a esto, las burocracias no rompieron el estado de reposo y se mantuvieron subordinadas a la política de conciliación con los grandes empresarios que impulsa el gobierno. Es esta misma ubicación la que contribuyó a la derechización del ambiente político previo al triunfo del rechazo. Al poner todas las fichas en los derechos que iba a entregar la nueva Constitución en desmedro de responder en el terreno de la lucha de clases a problemáticas como la inflación o la pérdida de puestos de trabajo durante la pandemia, la burocracia contribuyó a la confusión y a la desmoralización de sectores de la clase trabajadora.

Después del triunfo del rechazo, no ha cambiado la política de colaboración de la burocracia y el gobierno que va de la mano con mantener la pasividad y no responder a la inflación. Un ejemplo de esta política son los Diálogos Sociales para la Reforma del Sistema de Pensiones, impulsados por el “Consejo Superior Laboral”, “instancia que tiene a Silvia Silva (CUT) como presidenta y a Juan Sutil (CPC) como vicepresidente”. Es decir, el diseño de la reforma previsional es realizado en común con el principal organismo empresarial de Chile: la CPC. No es sorprendente en tanto la reforma previsional que de palabra dice que va a terminar con las AFP, en realidad le da a estos grupos la posibilidad como nuevas administradoras del sector privado, que ahora coexistirá con administración estatal. Hace dos días, David Acuña, actual presidente de la CUT, visitó La Moneda con el objetivo de plantear “la necesidad de poder llegar lo antes posible con un ingreso mínimo que nos permita superar la línea de la pobreza. Un ingreso mínimo que le entregue dignidad a los trabajadores y trabajadoras, debido al alza que ha tenido la inflación". Para él se trata de aumentar hasta los $500.000 que el gobierno dice que se aumentarán al finalizar su mandato. Se trata de apurar en algo las cosas, dado el contexto de inflación. Pero de lo que no se trata, es de luchar. La CUT se ubica como un organismo anexo de la administración gubernamental. El año pasado, recordemos también la manera de negociar que tuvo la mesa del sector público. Esta política de las grandes organizaciones sindicales, en vez de fortalecer los intereses de los trabajadores, incentiva a la clase patronal a poner con mayor énfasis los límites para las reformas del programa de gobierno: por ejemplo, en el proyecto de 40 horas, se agregaron una serie de indicaciones que sirvieran para generar consenso con la patronal (como el no reconocimiento de horas extra); la reforma tributaria, de lleno se rechazó.

Pero a pesar de la burocracia sindical y el sentido común que ella ha ayudado a instalar, existen fenómenos que muestran disposición al combate en sectores de trabajadores. En Atacama, una masiva movilización de profesores, por condiciones insuficientes que impiden de hecho iniciar clases, muestra esa disposición. Carlos Díaz, al mando del Colegio de Profesores, se limita a enviar un saludo a los profesores movilizados y a insistirle al ministro que haga cambios.

Al mismo tiempo en San Bernardo, confluyen trabajadores de la salud con profesores enfrentados con la Corporación Municipal controlada por el PS, por problemas que van desde salario a condiciones laborales.

Si bien estas contratendencias no se generalizan aun ni marcan la tónica del movimiento obrero, la situación nacional e internacional plantea el regreso de la lucha de clases como factor: Francia, hoy mismo, es sacudida con la movilización obrera y popular que enfrenta la reforma previsional de Macron. La Guerra en Ucrania y el mayor roce entre potencias augura que la definición de Lenin sobre la época imperialista: una época de crisis, guerras y revoluciones, se actualiza cada vez más. En Chile, atravesamos una crisis orgánica, sin tendencia aún la acción independiente masas, pero con ataques en curso y una enorme debilidad del Gobierno que entrega concesiones mínimas, buscando consensuar con la clase capitalista. Sin duda los sindicatos y sus direcciones se probarán nuevamente. ¿Se repetirá, esta vez como farsa, la colaboración con un gobierno progresista al estilo de la colaboración de las burocracias sindicales con la Concertación en la década de 1990? ¿Surgirán sindicatos con una política independiente del gobierno y la clase capitalista? Para esta última perspectiva, es necesario construir un partido revolucionario y organización en los sindicatos, para recuperarlos de las manos de las burocracias.

Un programa revolucionario en los sindicatos

Trotsky, en Comunismo y Sindicalismo escribía que…

«...La independencia de la influencia de la burguesía no puede ser un estado pasivo. Solamente se expresa mediante actos políticos, o sea mediante la lucha contra la burguesía».

Podríamos decir que en la actualidad, lo que no existe es una “lucha contra la burguesía” de parte de las organizaciones sindicales como la CUT que directamente colabora con los grandes empresarios de la CPC diseñando política como la reforma previsional, siendo parte de la línea del gobierno para los trabajadores, a lo más, visitando diplomáticamente La Moneda para apurar un aumento de sueldos. El “abandono de la confrontación” de inicios de los 90, parece repetirse una y otra vez. En el caso del Colegio de Profesores, más allá del malestar discursivo que expresa Carlos Díaz, no existe ningún plan de lucha para afrontar la crisis de los liceos y escuelas post pandemia y generalizar la lucha de Atacama.

Para recuperar los sindicatos como organismos de la clase trabajadora hay que elaborar un plan para luchar contra la burguesía.Trotsky decía que la lucha por la independencia política de las y los trabajadores debía…

«…inspirarse en un programa claro, que requiere una organización y tácticas para su aplicación. La unión del programa, la organización y las tácticas forman el partido. En este sentido, la verdadera independencia del proletariado del gobierno burgués no puede concretarse a menos que lleve a cabo su lucha bajo la conducción de un partido revolucionario y no de un partido oportunista».

Esto no es menor, porque las fuerzas que actualmente controlan burocráticamente los sindicatos, se referencian mayoritariamente en los partidos y la política del gobierno y previamente depositaron las expectativas en el proceso constitucional, el cual para muchos fue la justificación para no salir a luchar. Son los herederos de la burocracia noventista. Tomando el planteamiento de Trotsky, una precondición para la independencia política de los sindicatos con respecto a la burguesía, es la construcción de un partido revolucionario que enfrente a los partidos oportunistas en el seno de los sindicatos.

En el caso chileno, cuestionar la estructura burocrática regimentada en el Código Laboral es necesario como parte de recuperar los sindicatos para los intereses de la clase trabajadora. Hoy en día, al mismo tiempo que en las alturas hay figuras sindicales de relevancia nacional que se caracterizan por su cercanía con el gobierno o colaborar con la CPC -como ocurre con la CUT-; por abajo hay mecanismos de control de los sindicatos por pequeñas burocracias que tienen fuero y que muchas veces tienen privilegios en comparación a los trabajadores que no son dirigentes. Estos sindicatos están separados por funciones, por tipo de contrato: de planta o subcontratado, etc. Una fuerza revolucionaria en los sindicatos no puede adaptarse a esta situación: hay que pelear por cuerpos de delegados que unan a todos los trabajadores en los lugares de trabajo: subcontratados, de planta, funcionarios auxiliares, etc. Eso es necesario para enfrentar la voluntad de la patronal y cuestionar las formas burocráticas de administrar los sindicatos.

Para enfrentar a los capitalistas, hay que pelear por enfrentar la inflación con un aumento del sueldo mínimo por sobre los $650.000 líquidos y reajustable de manera automática de acuerdo a las subidas de los precios de los productos; hay que pelear por el control de precio a través de comités de pobladores y trabajadores, para enfrentar la especulación que realizan con nuestras necesidades las cadenas que comercializan alimentos, insumos, etc. Hay que nacionalizar bajo gestión de los trabajadores, las principales ramas de la economía: la minería, las forestales, los grandes servicios de transporte, etc. Esto implica enfrentar a los grupos capitalistas, a los Matte, los Angelini, a la CPC, y no andar de reunión en reunión con esa gente como hoy en día hace la CUT. Eso implica tomar cada experiencia de lucha de los trabajadores, como la que llevan adelante trabajadores de la salud y la educación en San Bernardo y Atacama, como una oportunidad para impulsar el frente único obrero, desarrollar la autoorganización y la unidad de acción de las filas de los trabajadores y trabajadoras. Implica también no supeditarse a la lógica de que hay que consensuar todo lo importante, como la jornada laboral o la reforma previsional, con los grupos capitalistas. Por ejemplo, a propósito de la jornada laboral ¿se podrían repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, reduciendo eventualmente aún más la jornada laboral (30 horas semanales) a costa de las ganancias de la clase patronal? Pero para una medida así, habría que poner en movimiento las fuerzas de la clase trabajadora a través de un plan de lucha, rompiendo con el gobierno y también con el actual proceso constitucional de la mano del régimen, y derrotando los intereses de la clase patronal, derrotar a las burocracias sindicales que mantienen a la clase trabajadora en un estado de inercia. Esa es una de las tareas que tiene un partido revolucionario que actúa en los sindicatos hoy: ¡sindicatos sin burócratas! Contra el “oportunismo”, independencia de clase luchando contra los intereses capitalistas.