Este lunes el gobierno nacional dispuso la creación del Comando Unificado Conurbano (CUC). Según se informó a través de la Agencia Télam, el objetivo oficial es “brindar de una manera más ‘eficiente’ las tareas de seguridad de las fuerzas policiales y de seguridad federales que actúan en ese territorio de la provincia de Buenos Aires”.
La medida se traduce en la Resolución 186 del Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Aníbal Fernández, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del propio ministro.
Según establece la resolución, el “CUC” estará integrado por por cinco “comandos”, identificados con un número cada uno. El N° 1 es el “Norte” y comprende a los distritos de Escobar, Pilar, General Rodríguez y Marcos Paz. El N° 2 es el “Noroeste”, con funciones en Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas. El N° 3 es el “Suroeste”, con funciones exclusivamente en La Matanza. El N° 4 corresponde al “Sur”, comprendiendo a Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza. Finalmente el N°5 se llamará “La Plata” y, además de la capital de la provincia, abarcará a Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas.
La coordinación del Comando Unificado Conurbano estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad que conduce Mercedes La Gioiosa, mientras la coordinación operacional estará en manos del director nacional de Gendarmería, Andrés Severino (aunque puede ser reemplazado por “el Comandante que esa dirección designe a tal efecto”).
La Gioiosa será la encargada de determinar qué fuerza federal tomará a cargo cada uno de los cinco comandos, “de conformidad con los relevamientos estratégicos y operativos a los que arribe conjuntamente con los directores generales de operaciones de cada una de esas instituciones y del coordinador operacional”.
Para fundamentar la puesta en pie del CUC, el Ministerio de Seguridad afirma que “las fuerzas policiales y de seguridad federales actúan en el conurbano bonaerense ejecutando distintas operaciones y medidas en cumplimiento de los requerimientos jurisdiccionales que ordenan su labor como auxiliares del servicio de administración de justicia”. A su vez, “conjuntamente con las fuerzas provinciales y locales intercambian información y, a partir de tales intercambios, se confecciona el llamado ‘mapa de calor’ en el que se consignan las zonas con mayor conflictividad en las que se encuentra más amenazada la seguridad ciudadana”.
Según el discurso oficial, con esta nueva medida “cada uno de los comandos, en tanto integrante de una coordinación estratégica, permitirá ejercitar más eficientemente las tareas que actualmente despliegan las fuerzas policiales y de seguridad federales en el territorio de diversos municipios del conurbano bonaerense y redundará en un servicio de más y mejor seguridad para las ciudadanas y ciudadanos”.
Aún no se sabe qué opinan al respecto el gobernador Axel Kicillof y quien lleva adelante la política de control social y represiva del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, el ministro Sergio Berni. Vale recordar que hace una semana el propio mandatario bonaerense le mandó un carta a Aníbal Fernández pidiéndole explicaciones sobre el envío de tropas federales al conurbano sin consulta previa con la gestión provincial.
De todos modos, tal como sucede en la ciudad santafesina de Rosario, el despliegue de gendarmes, prefectos y policías federales en zonas determinadas como “calientes” o “peligrosas” desde hace años se realiza de forma coordinada por la Casa Rosada y las gobernaciones. No hay muchas razones para pensar que ésta sea una excepción. De hecho Berni hizo exactamente lo mismo cuando fue secretario de Seguridad de la Nación durante la presidencia de Cristina Kirchner.
El caballito de batalla de los diferentes gobiernos para poblar de efectivos armados, patrulleros, cámaras y demás (onerosos) implementos de “seguridad” las calles de los barrios populares del país es el supuesto “combate” al crimen organizado, empezando por el narcotráfico. Pero desde hace décadas, paralelamente al crecimiento de esas tropas en las barriadas y a la detención de jóvenes pobres por portación de rostro (o de visera), también crece el gran delito. Algo que ningún funcionario, sea peronista o antiperonista, puede explicar sin pisar el palito.
¿No será, precisamente, que las llamadas fuerzas de “seguridad” participan activamente de negocios multimillonarios como el narcotráfico, la trata de personas, el robo de autos de alta gama, la prostitución, el juego clandestino, la piratería del asfalto, el cuatrerismo y demás delitos que son imposibles de realizar sin una organización aceitada y anclada estructuralmente en los territorios?
Escándalos como los de la narcopolicía santafesina o los múltiples crímenes cometidos día a día por la Bonaerense no pueden ser explicados con rigor si no se da cuenta de esa realidad. Sin embargo, entre los gobiernos “progresistas” y la derecha política y mediática no hay grieta a la hora de sostener campañas de control social y represión con la excusa de intentar enfriar el “mapa de calor”.
Lo cierto es que, cotidianamente, lejos de aplacarse la violencia callejera y la facturación de fortunas por parte de los negocios capitalistas de la ilegalidad, el crimen organizado sigue su curso sin mayores inconvenientes mientras crecen el gatillo fácil, las causas armadas a jóvenes inocentes, las muertes en comisarías y cárceles y el sojuzgamiento de la población trabajadora y pobre por parte del Estado y sus voceros.
En el marco de la profunda crisis económica y social por la que atraviesa el país, con sus lógicas consecuencias en términos de degradación en las condiciones de vida de las masas, el reforzamiento de los dispositivos represivos del Estado tiene el objetivo principal de controlar las regiones populosas a fin de evitar al máximo que la bronca y el descontento social se organicen y expresen en forma de lucha colectiva. La ecuación no es muy difícil de ver. Y, pese a los intentos de Fernández, Berni, Bullrich, Pichetto y compañía, no puede ser tapada con discursos cada vez más reaccionarios.
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