Como “insuficiente” fue tildada la política de seguridad del Estado para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, por parte del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien además señaló que hay que quitar el prejuicio por parte de su sector político, con la toma de medidas más duras para enfrentar la delincuencia, a lo que sumó la visión más “integral” de las medidas.

En sintonía con su lógica de municipalismo “localista”, el alcalde señaló que es necesario fortalecer las herramientas de persecución penal ligadas a la seguridad pública, el control territorial y preventiva. Sharp considera que el fortalecimiento de las policías es una parte de la solución, a la que habría que sumar las de “seguridad ciudadana” donde la población local juegue un rol en la prevención.

Además, criticó la absoluta falta de presupuesto de las municipalidades para afrontar los desafíos actuales, aún cuando Valparaíso ha venido invirtiendo en vehículos de patrullaje en sectores turísticos y el plan de la ciudad.

Consultado sobre el asesinato de la carabinero Rita Olivares, Sharp señaló que quienes cometieron el asesinato deben estar en la cárcel y deben tener penas efectivas.

En relación a la información que podría entregar la fiscalía, sobre causas vinculadas con drogas, a los municipios, el alcalde señaló que “siempre es útil” y que dicha información se trabaja en mesas de coordinación junto a Carabineros y la PDI.

Como viene siendo la tónica, Sharp sin tener algún compromiso directo con el gobierno de Boric, cede a la presión de la derecha pidiendo mayores atribuciones a las policías y al fortalecimiento de la represión, incluso pidiendo mayores recursos para gendarmería y un perfeccionamiento del sistema carcelario.

Este giro de diversos personeros ligados al Frente Amplio y Apruebo dignidad no deja de llamar la atención. Una de las últimas figuras en salir a avalar la política represiva fue el gobernador Rodrigo Mundaca, quien se sumó al pedido de un Estado de excepción constitucional en la región de Valparaíso. Todo esto no hace más que darle mayor confianza a la misma policía que hace solo dos años violaba los derechos humanos de los manifestantes, y a los que hoy se les quiere cubrir con un velo de impunidad frente a su actuar.