La que ya era una paritaria nacional a la baja, fija un piso de 130mil para quienes recién se inician. La conducción actual del SUTE, alineado con la burocracia de la CTERA, es parte de avalar la política de ajuste y paritarias a la baja del gobierno nacional. Firmaron garantizar ese piso a través de la llamada cláusula de garantía. Pero la Azul Naranja de Mendoza tuvo una línea más ajustadora, y en acuerdo con el gobierno de Suarez de Juntos por el Cambio, fijó el piso salarial en 110mil.
El acuerdo licúa la antigüedad y la zona porque el aumento está dado en su mayoría por la cláusula de garantía, que es remunerativa pero no bonificable, es mayormente un aumento en negro. Es ínfimo el aumento sobre el básico conformado (estado docente y asignación de clase) que son los ítems que tienen impacto sobre la antigüedad y la zona. La mayor parte del aumento se realiza sobre un ítem que es un gris, la llamada cláusula de garantía, que es remunerativa (relacionado a los aportes jubilatorios) pero no bonificable, estos ítems lo que hacen es achatar cada vez más la escala salarial perdiendo peso en nuestro salario el tener muchos años de antigüedad, por ejemplo, es decir perjudica a quienes tienen antigüedad, a quienes tienen zona y a quienes se están por jubilar.
“Bienvenidos a la provincia de los salarios más bajos del país”. Así decía el cartel que colgó en el nudo de costanera la actual conducción del Sute en 2022. Lo que pensábamos que era una denuncia al gobierno de Suarez por parte de la agrupación Azul Naranja dirigida por Gustavo Correa, ligada a Sagasti y al gobierno nacional del Frente de Todos, resultó ser una propuesta.
El 20 de marzo se cerró el acuerdo paritario entre el gobierno provincial de Cambia Mendoza y la conducción sindical Azul Naranja, dirigida por Correa y ligada a Sagasti y al gobierno nacional, que, con métodos burocráticos (patotear delegadxs, votar contra los mandatos llevados desde las escuelas), garantizó que se apruebe un nuevo ajuste sobre los salarios. Este nuevo acuerdo sin recomposición y con salarios iniciales de pobreza es un ataque más a las condiciones de vida y a la educación que es sostenida por trabajadorxs cada vez más precarizadxs. Ayer mismo se ha visto en las escuelas y en redes la bronca que sienten docentes y celadores por no haber cobrado un peso de aumento a comparación al mes pasado.
La aceptación de la propuesta del gobierno por parte del sindicato ha generado mucha bronca en las escuelas porque básicamente solo se beneficia a quienes recién se inician, algo que está bien visto, que alguien que recién se inicia en la cerrera docente tenga un salario que alcance para vivir y más, pero todxs -docentes, celadores y jubilados- debieran cobrar, por lo menos, acorde a la Canasta familiar. La paritaria nacional fija un piso de 130mil para quienes recién se inician, entonces el sindicato apoya la política del gobierno nacional, que es la de garantizar ese piso a través de una cláusula de garantía, porque en provincia el salario inicial es de 110mil. Este acuerdo licúa la antigüedad y la zona (no es bonificable), da aumentos irrisorios y prácticamente en negro, excepto algunos ítems, como el previsional, que si estaría blanqueado (remunerativo).
La gran mayoría de las trabajadoras de la educación son mujeres, madres solteras o no, que realizan un gran esfuerzo para mejorar el oficio, sostener las escuelas, alimentar a los chicos y las chicas a la vez que realizan tareas de cuidado y domésticas en sus hogares. Cada vez es más común que las trabajadoras de la educación tengan 2 o 3 trabajos más porque no llegan a fin de mes, lo que las deja sin tiempo para descansar, para disfrutar con sus familias, para ir al cine, al teatro (tampoco alcanza el dinero para esos eventos culturales) o para profesionalizarse y mejorar la educación de las futuras generaciones.
Cuando las trabajadoras de la educación dicen que sostienen las escuelas hacen referencia a que sacan plata de su bolsillo para que el estudiantado tenga lápiz, goma, una tortita o un te caliente. También llevan adelante la organización de rifas para arreglar techos, paredes, comprar ventiladores, etc. El gobierno busca garantizar 180 días de clase a costa de que la comunidad educativa esté en las aulas sin condiciones mínimas para la salud, como son ventiladores o agua en medio de una ola de calor histórica como sucedió el pasado noviembre, diciembre y febrero de este año.
La comunidad educativa toda es víctima de la política de ajuste del gobierno nacional y provincial que está generando una creciente desigualdad social, con un aumento de la pobreza que impacta sobre todo en las niñeces (según el Indec más del 54% es pobre). La inflación descontrolada golpea con fuerza a las familias trabajadoras, mientras que el reciente robo a los jubilados de parte de Massa constituye un verdadero saqueo a los derechos adquiridos por quienes han trabajado toda su vida.
Desde que asumió Alberto Fernandez diciendo “entre los jubilados y los bancos, me quedo con los jubilados” el gobierno nacional del Frente de Todos no ha hecho más que contradecir en los hechos lo prometido en campaña. La situación de los jubilados en Argentina es crítica, con haberes que no alcanzan a cubrir la canasta de consumos, mientras los bancos tienen ganancias millonarias.
Además, estamos asistiendo a una creciente persecución política a los sectores que defienden los derechos de los trabajadores y los más vulnerables. Los ataques a las organizaciones sindicales y sociales, y la criminalización de la protesta, son ejemplos claros de esta tendencia. Hace unas semanas el gobierno de Suarez metía presxs a militantes del Polo Obrero y del FOL por manifestarse en las calles contra el ajuste, el recorte de cientos de miles de planes y la precariedad de la vida. Para hacer campaña electoral, el gobierno de Cambia Mendoza atropella las libertades políticas sin ningún derecho. El mismo gobierno que, con Cornejo a la cabeza, demoniza y persigue a las comunidades originarias mapuche de nuestra provincia pretendiendo despojarles de sus tierras que son por derecho de preexistencia suyas. La prepotencia de Cornejo recuerda a la de Patricia Bullrich, quien fuera responsable como ministra de seguridad de Macri de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Para defender los intereses de los terratenientes, de las empresas extractivistas, de empresas amigas como El Azufre, persiguen, demonizan a las comunidades mapuche, tanto como el gobierno nacional que es responsable de que sigan detenidas las machis del sur por defender sus territorios.
Desde la corriente nacional 9 de abril, lista bordo en el SUTE nos solidarizamos con todas las luchas que se están llevando a cabo en defensa de los derechos sociales, políticos, ambientales y de las comunidades originarias. En nuestra provincia, por ejemplo, las conducciones de los sindicatos, incluido el SUTE, no movió un dedo frente a la represión y encarcelamiento de militantes políticos, mientras garantizaban que se cierren a la baja todas las paritarias salariales.
En 2022 lxs trabajadorxs de la educación protagonizaron una gran lucha, con paros y movilizaciones masivas, que la conducción del sindicato no estuvo dispuesta a profundizar, con fondos de huelga por ejemplo, para poder sostener las medidas y así vencer al Gobierno. El SUTE “que se vino” garantiza el ajuste que impulsa Massa al servicio del FMI. En julio del año pasado, luego de que el gobierno descontara los días de paro y la conducción sindical no consiguiera aumentos salariales ni mejoras en el sector, la Azul Naranja militó de manera vergonzosa la aceptación de la propuesta que realizó el Gobierno este año. Más allá de esta situación, es destacable que buena parte de las escuelas rechazó la propuesta salarial. En este sentido es importante profundizar la organización en las escuelas y construir un plan lucha, de unidad en las calles, para que ningún sector de trabajadrxs se conforme con migajas y para derrotar el ajuste en curso. |
