Corrían los últimos años de presidencia de Carlos Ibañez del Campo y la situación económica estaba en crisis, con una fuerte inflación. La receta del gobierno fue, como es común, cargar la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora y los sectores populares. Era una época en la que varios dirigentes sindicales habían sido encarcelados.

El gobierno de Ibañez, ante la crisis, echó mano de la misión Klein-Sacks, un grupo de estadounidenses ultraliberales que, entre otras cosas, recomendaron el congelamiento del alza de salarios (en un contexto donde los precios subían), así como eliminar la fijación de precios en algunos servicios (algo que mantenía a tope el alza de precios para la población en algunos servicios), incluyendo el transporte.

La semana anterior al 2 de abril, a fines de marzo, ya se habían comenzado a desarrollar grandes movilizaciones en Valparaíso en las que confluyeron trabajadores y estudiantes secundarios y universitarios. Para el 30 de marzo la policía hirió de muerte a un trabajador. El primero de abril es asesinada en Santiago por la policía la estudiante de medicina Alicia Ramírez.

Luego de eso, en lugar de aminorar los ánimos, desde el 2 de abril las protestas se volvieron más grandes y los enfrentamientos más violentos. La policía se veía sobrepasada y los sectores sociales más ricos veían con temor el desarrollo de los acontecimientos. Las movilizaciones se extendieron por Valparaíso, Santiago y Concepción.

Los medios de la burguesía de ese entonces criminalizaban las protestas de masas también y mostraban cierto temor a estas. La Tercera, por ejemplo, consignaba:
En tres días trágicos que vivió la capital (a partir del 2 de abril) con motivo de la acción incontrolada de las turbas extremistas, hubo 19 muertos, 350 heridos y daños avaluados en no menos de dos mil quinientos millones de pesos.

Además:
El Gobierno clausuró por breves horas el periodo extraordinario de sesiones del Congreso Nacional, y aprovechó para decretar Estado de Sitio en toda la República, a fin de contener los desbordes, sancionar a los provocadores y restablecer la normalidad.

Se sacó a los militares a reprimir las manifestaciones junto a la policía, dejando el saldo de muertos y heridos anteriormente mencionado. Los días siguientes se continuó con la persecución y consecución de nuevos presos políticos entre dirigentes de las movilizaciones.

Las movilizaciones en Santiago, a diferencia de las de Valparaíso (donde se había creado un Comando contra las Alzas), tenían un carácter mucho más espontáneo, sin embargo tanto el gobierno como la derecha en general pensaban que eran orquestadas por los partidos de izquierda de la época. De hecho, los dirigentes de la FECh de aquel entonces intentaron controlar las movilizaciones del 2 y no pudieron.

El gobierno se vió obligado a congelar las tarifas, retrocediendo en este punto, pero la impunidad también tuvo su lugar. El general Horacio Gamboa, por ejemplo, quedó como juez militar de alrededor de 200 oficiales relacionados con el grupo neonazi Línea Recta. Como juez, los absuelve a todos. Sin embargo, la carrera política de Ibañez tocó fondo.

Además, en 1957 a partir de julio, de una población de 6,9 millones de habitantes en Chile, 1,4 millones padecieron de la pandemia de la influenza y 20.000 personas murieron a causa de la misma enfermedad. Esto añadió aún más pesares a la clase trabajadora y al pueblo pobre, los más afectados en contexto de crisis sanitarias sumado a la crisis económica ya existente.