1. Este martes 4 de abril el presidente dio a conocer que México adquirirá 13 plantas eléctricas de la española Iberdrola, el 80 % de sus activos en México. La capacidad instalada total que se está negociando es de 8.539 megavatios (MW), de los cuales 8.436 se corresponden a ciclos combinados -transforman la energía térmica del gas natural en electricidad- y 103 a un parque eólico terrestre. Pasará a manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organismo que así avanzará a de concentrar 39 % de la producción y distribución de energía eléctrica al 55 %.

2. López Obrador lo presenta como “nacionalización” de la industria eléctrica -aunque 45 % de la producción no es generada por la CFE. Pero tampoco constituye un monopolio, como alega la derecha. mientras la derecha a través del diario Reforma afirma que CFE “toma” Iberdrola. En redes sociales se multiplican las voces a favor y en contra del anuncio de López Obrador.

3. La derecha cuestiona que es un negocio innecesario y que la compra de estas plantas ahuyentará las inversiones. Otros cuestionan que las plantas que compra México son “chatarra” y tecnología antigua.

4. La operación se realizará a través de a través de un vehículo de inversión con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), administrado por MIP, y con financiamiento de instituciones bancarias, como Banamex, que participa de MIP y está actualmente en venta. El costo de la adquisición se estima en 6 mil millones de dólares.

5. El CEO de MIP es un exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón, Mario Gabriel Budebo, quien fungió como subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

6. El Fonadin fue creado en 2008, durante el sexenio de Calderón. Uno de sus principales objetivos es llevar al máximo y posibilitar la inversión de capital privado en proyectos de infraestructura. Por eso distintos analistas destacan que López Obrador utiliza instrumentos creados durante los gobiernos neoliberales para ganar que el Estado recupere terreno en el sector energético.

7. Con la intervención del Fonadin, la secretaría de Hacienda afirma que el costo de 6 mil millones de dólares de las plantas de Iberdrola no implicará la contratación de nueva deuda. Sin embargo, de acuerdo con Jorge Gómez, consultor independiente entrevistado por El País, “Lo que están haciendo es buscando dinero privado y buscando la manera de inyectarle dinero público. El detalle está en cuánto dinero va a invertir el Gobierno mexicano vía capital o vía deuda que contrate”.

8. Al conseguir este trato con Iberdrola luego de años de tensión a partir de la iniciativa de reforma eléctrica, López Obrador, quien había acusado en conferencias matutinas a la trasnacional de abusar del pueblo mexicano de hacer lobby contra la reforma que había propuesto, se anotó un tanto a favor de su gobierno. Sus críticos señalan, sin embargo, que esta operación beneficia a la compañía española porque le permite deshacerse de tecnología que no cumple con los estándares de descarbonización que se exigen a nivel internacional a cambio de un buen pago.

9. Desde Palacio Nacional, los ayer adversarios dieron la noticia. “El acuerdo alcanzado con Iberdrola, que permite avanzar en la implementación de la nueva política energética de México, supone el inicio de una nueva etapa en la que la compañía participará activamente en el desarrollo renovable del país”, declaró López Obrador. El presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, destacó que “Iberdrola agradece el apoyo y la flexibilidad mostrada por el Gobierno de México para alcanzar este acuerdo, a la vez que considera a México un país estratégico con potencial de crecimiento y expansión donde mostrará su apoyo a México y al Estado desarrollando capacidad renovable”.

10. Más allá de este acuerdo, para de verdad conquistar la soberanía energética es necesario atacar los intereses de las trasnacionales, expropiando sin pago a las empresas trasnacionales privadas del sector y dejar sin efecto las leyes que habilitaron el saqueo desde la década de 1990, algo que López Obrador no hace porque, al contrario de lo que dicen sus detractores de la derecha, no tiene ninguna intención de ahuyentar las inversiones privadas.

Quienes pueden encabezar la lucha por la renacionalización sin pago y bajo control obrero de los sectores entregados al capital privado de la industria energética son las y los trabajadores del sector. Son ellos quienes pueden imponer con la movilización y métodos como el paro y la huelga la abolición de la reforma energética y la suspensión de todos los subsidios a las trasnacionales, así como desarrollar un plan de transición energética que apunte a dejar el uso de los combustibles fósiles y avanzar hacia la explotación de fuentes de energía renovable de forma racional y sin violentar el derecho al territorio de comunidades y pueblos originarios.