El gobierno de Boric tomando la agenda seguritaria de la derecha, no hecho más que continuar lo que hicieron los gobiernos de la concertación. Amplios sectores que lo votaron con ilusiones democráticas, hoy se estrellan viendo que es un gobierno de gestión neoliberal que fortalece los rasgos autoritarios del estado chileno.

En un artículo anterior de la revista, Pablo Torres desarrolla sobre el transformismo histórico de apruebo dignidad, con su integración al régimen pos-pinochetista. En este desarrollaremos el salto que se da en el gobierno de Boric en la tendencia a profundizar los rasgos autoritarios del estado, como parte de restaurar la legitimidad de la democracia capitalista degradada.

Esta tendencia más profunda surge desde la rebelión popular, que abrió una profunda crisis orgánica [1]. Piñera responde con la utilización de mecanismos autoritarios otorgados por la constitución del 80, el Estado de Excepción y la Ley de Seguridad del Interior del Estado, herramientas que desde el retorno a la democracia fueron ocupadas contra el pueblo nación mapuche, se masificaron para reprimir las jornadas que estaban poniendo en cuestión el régimen de dominación neoliberal.

Pero como veremos, será desde el Acuerdo por la Paz, que empieza el Estado a dotarse de nuevas herramientas autoritarias. El desvío constituyente, operación política de todos los partidos del régimen, que fue encabezado por el actual presidente, cumplió un rol fundamental en evitar que hiciera caer a Piñera (por la acción de masas en las calles). La burguesía tenía el objetivo de pasivizar la calle para emprender el camino de restauración de su hegemonía, para lo que requería fortalecer a su Estado y régimen que quedó debilitado y deslegitimado.

El Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) cumplieron un rol clave, en pasivizar las calles de la mano de las burocracias sindicales y de los movimientos sociales. Ya con el desvío en curso, la Concertación se suma a la línea criminalizadora de la derecha contra la primera línea y los sectores más de vanguardia, es así como se aprueba la ley anti protestas, con la complicidad del FA que votó a favor de legislar.

El Covid 19 y el confinamiento fue utilizado por el gobierno de Piñera y el régimen como excusa para instaurar durante varios meses el Estado de Excepción y los toques de queda.

El gobierno de Boric se arrodilla a la agenda securitaria de la derecha

Pero fue en el gobierno de Boric donde se llevó adelante lo que no pudo el régimen con Piñera en materia represiva. La primera medida de su gobierno fue extender el Estado de Excepción al norte y ratificar el de la Araucanía.

Mantuvo la política criminalizadora y represiva que ha tenido el Estado chileno contra el pueblo mapuche, expresado en las 20 prórrogas al Estado de Excepción desde que asumió la presidencia, manteniendo la militarización y la prohibición de libertades. Pero esta política dió un salto cuando aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado para detener al dirigente de la CAM Hector Llaitul, bajo el argumento de que en sus discursos políticos cometía los “delitos de incitación y apología a la violencia”, en un claro acto de persecución política.

Tras el triunfo del rechazo la tendencia centro izquierdista del gobierno se hizo más evidente, justificando en su derrota la renuncia de su programa (reforma de las policías). Si bien ya venían impulsando una agenda seguritaria con medidas como las descritas, comienzan a asumir más la retórica y agenda securitaria que instaló la derecha junto a los medios de comunicación.

La propuesta presentada por la derecha el 2020, conocida como Ley de Infraestructura Crítica, fue aprobada en el gobierno de Boric, con la abstención de muchos de los diputados de Apruebo Dignidad y votos a favor de Socialismo Democrático.

Esta ley dió una nueva facultad al poder Ejecutivo: el uso de fuerza militar en instalaciones que su funcionamiento es indispensable para los servicios esenciales, tales como energía, gas, agua o telecomunicaciones, así como conectividad, aérea marítima o terrestre, también aquellas de asistencia sanitaria “con tal de mantener el orden público” hasta por 90 días. Por ejemplo, si los trabajadores quieren parar el metro, hospitales, puertos, el presidente puede enviarle a los militares. Una medida que finalmente es contraria a los métodos de paralización y huelga. Además Boric junto a Tohá agregó a esta norma, las fronteras, echando encima de las personas migrantes a las fuerzas militares.

Así, mientras el gobierno progresista hacía demagogias con simbolismos sobre derechos democráticos y sociales con las ilusiones de sectores medios, en la práctica iba desarrollando la agenda represiva que Piñera no había podido impulsar.

El clima reaccionario empujado por todos los partidos del régimen y los grandes medios de comunicación producto del asesinato de la carabinera Rita Olivares hizo que la agenda seguritaria y la defensa de Carabineros se tomara aún más la agenda política. La derecha salió ofensiva para que se aprobaran una serie de medidas de populismo penal que le otorgan más poder autoritario a las policías y al Estado, entre ellas la ley Nain Retamal que establece una “presunción de racionalidad”, la cual funciona como un eximente de responsabilidad penal a favor de Carabineros. [2]

El gobierno cediendo a la derecha y al clima reaccionario impulsó la ley Nain Retamal, y si bien en un inicio generó crispación en sectores de Apruebo Dignidad por lo aberrante de la ley, todos los partidos de gobierno se alinearon luego del asesinato del cabo Palma. El Partido Comunista y el Frente Amplio dieron gala de su subordinación a la derecha y al poder policial, desarrollando en su gobierno enormes prerrogativas y blindaje institucional a las Fuerzas Armadas, las policías y Carabineros

De la mano del gobierno de Boric, se da un salto en la tendencia de potenciar los rasgos bonapartistas o autoritarios del régimen, herramientas que servirán para aumentar el negocio del narcotráfico, a la vez, que para blindar la democracia capitalista desgastada, dotando de mayor poder y autonomía a las policías contra el pueblo pobre y trabajador como forma de prepararse para nuevos embates de la lucha de clases.

La búsqueda de restauración neoliberal y las tendencias bonapartistas

La clase capitalista, en particular sus sectores más concentrados ligados al capital financiero y exportador, está en la búsqueda de cerrar definitivamente el ciclo de crisis que abrió la revuelta popular de noviembre de 2019. Esto para generar las condiciones que permitan reimpulsar el ciclo de acumulación neoliberal de los últimos 30 años, abriendo nuevas vías de saqueo con el litio y el hidrógeno verde. Para ello apuestan a una reedición de la política de los consensos, defendiendo el modelo de saqueo, con cambios parciales.

Pero los fundamentos que abrieron la rebelión, la necesidad de mejores pensiones, salarios, educación, no se han resuelto. La búsqueda de los capitalistas a nivel internacional de que la crisis la pague el pueblo trabajador, las tendencias inflacionarias, han empeorado las condiciones de vida de las grandes mayorías, aumento de los precios, estancamiento de salarios, precarización del trabajo son la base que explica fenómenos como las crisis migratorias y la mayor descomposición social.

La derecha ha salido a disputar ofensivamente los sentidos comunes, para poner como centro de todos los males el problema de orden y seguridad, con el fin de instalar una agenda de criminalización y fortalecer la legitimidad social de las policías, muy en crisis tras los escándalos de corrupción y el rol represivo en la revuelta.

Toda la ofensiva con la agenda del “orden y seguridad”, tiene el propósito de desarrollar las condiciones de fortalecimiento de las policías y militares en la vida nacional. Buscan fortalecer su Estado, legitimando el “principio de autoridad” y consolidar a la policía como la única fuerza legítima para el uso de la violencia.

La agenda de “orden público” que viene enarbolando la derecha desde la revuelta, se ha abierto paso y mantiene hoy, una enorme legitimidad. Logrando recomponer la agenda derechista histórica.

Eso lo ha logrado por la serie de concesiones y traiciones de parte de la izquierda institucional, la desmovilización de los movimientos y pasivización general, que, en un marco de crisis, ha permitido a la derecha recuperar terreno.

Dentro de este del proyecto estratégico de la clase capitalista (cerrar el ciclo que abrió la rebelión y generar las condiciones para reimpulsar un ciclo de acumulación neoliberal), la función del gobierno de Boric es crucial. No se trata que Boric sea “derechista”, sino que en el gobierno, ha actuado como una Concertación 2.0, gestionando el modelo neoliberal favorable a las grandes empresas mientras la mayoría ve un deterioro en sus condiciones de vida, que en ese marco acentúa los grados de descomposición social y la delincuencia.

El uso político de esta campaña por el “orden público” es estratégico: fortalecer al viejo régimen para cerrar el ciclo abierto de la revuelta, aún abierto, y sobre todo, preparar las condiciones para más neoliberalismo y para blindar al régimen respecto de nuevos procesos de lucha de clases. Para ello, mientras el consenso es “menor”, como muestra el fraude constituyente que no engancha a las grandes mayorías (más allá que una mayoría quiera cambiar la constitución de Pinochet), fortalecen el aparato represivo, su legitimidad e imponen el “orden” del consenso neoliberal. De esta manera es que invocan rasgos bonapartistas para el régimen político. El bonapartismo, según Trotsky es "el régimen en el cual la clase económicamente dominante, aunque cuenta con los medios necesarios para gobernar con métodos democráticos, se ve obligada a tolerar -para preservar su propiedad- la dominación incontrolada del gobierno por un aparato militar y policial, por un "salvador" coronado". En Chile aún no llegamos a ese punto de "dominación incontrolada del gobierno por un aparato policial", pero el trayecto que acá describimos denota un proceso creciente de bonapartización. Las facultades entregadas a Carabineros con la Ley Retamal, van precisamente en ese sentido.

Uno de los problemas estratégicos que surgen es que se están fortaleciendo cada vez a nuevos populismos de derecha. Lo vemos con Carter, ex militante de la UDI, que se ha caracterizado por medidas mediáticas, autodenominadas de “liderazgo”, demoliendo las ampliaciones irregulares de viviendas en una supuesta “lucha contra el narcotráfico”, llamando a instalar el Estado de Excepción en la Región Metropolitana. Medidas populistas, es decir que no combaten el problema pero que generan réditos políticos, el mismo Carter que en el 2019 fue suspendido de su cargo por irregularidades en su administración y un déficit presupuestario de más de $20 mil millones durante su gestión. Un outsider con promesas vacías.

La lucha contra estas medidas autoritarias y la defensa de las libertades democráticas

Es necesario combatir estas medidas autoritarias, que se traduce en un mayor peligro para los sectores populares, las comunidades mapuche, la juventud, los trabajadores y para todo quien se proponga luchar.

Es una farsa que con más estado autoritario, más control e impunidad policial se enfrentarán las condiciones que generan elementos de degradación social. La experiencia histórica e internacional demuestra que para que el narcotráfico emerja y se extienda como problema de crimen organizado, tienen que estar vinculados a estructuras de poder, ya sea directamente del Estado o de grandes poderes económicos. Por ende, fortalecer las instituciones del estado que concentran el monopolio de la violencia, solo puede ser caldo de cultivo para escaladas de violencia, y aumento de la ligazón de sectores de dichas instituciones con bandas delictuales

Las condiciones de vida de amplias mayoría están peor, es la degradación que lleva la crisis capitalista que hace pagar los costos al pueblo trabajador, y para que su poder no sea cuestionado se muestran como los garantes de resguardar la seguridad, fortaleciendo los aparatos que son los agentes que resguardan su dominio contra las condiciones de las grandes mayorías, lo que se hace evidente en momentos de mayores embates de la lucha de clase. Como quedó en evidencia en la rebelión, mientras eran cientos de miles de personas que luchaban por echar abajo el Chile de los 30 años, eran las fuerzas policiales y armadas las que reprimían, torturaban, mutilaban y asesinaban manifestantes.

El populismo penal no resolverá las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras, solo un programa que ataque el origen social de fondo como terminar con la precarización, garantizar trabajo estable, acceso a una educación y salud gratuita y de calidad, garantizar la vivienda. Llevar adelante un programa así implica afectar las ganancias empresariales de aquellos que se han enriquecido a costa del trabajo de las grandes mayorías y de la destrucción del medio ambiente. El aumento en los rasgos autoritarios, solo deja en peores condiciones para luchar por un programa de fondo, por eso es necesario que la izquierda, junto con organizaciones de mujeres, trabajadores, y organismos de derechos humanos impulsen una gran campaña democrática contra estas medidas.