Crédito imagen: Enfant Terrible
Víctor Gustavo Calderón, joven de 21 años, fue acribillado de trece disparos a quemarropa por un efectivo policial que se encontraba vestido de civil en el momento del hecho. Sucedió en la zona de los barrios Parque de la Vega 3 y Las Violetas, en el oeste de la capital cordobesa el 15 de febrero de 2021.
Hace más de dos años que ocurrió el asesinato. Si bien el policía fue detenido en su momento, fue liberado al día siguiente. Los familiares decidieron el 16 de febrero de 2021 manifestarse frente a la casa del mismo y la respuesta que recibieron fue el amedrentamiento de infantería.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) dialogamos con la familia de Gustavo. Relatan que "esa noche Gustavo salió con un amigo a comprar comida, a lo cual escuchan que el policía, llamado Franco Paglino les dice “ahi van las ratas” por lo cual terminan en una discusión y Gustavo con 13 balazos”.
A los 9 meses del hecho la fiscal cerró la causa y se estableció que fue “legítima defensa” ya que Franco Paglino declara que Gustavo intentó robarle.
Cuando hablamos con la madre y hermana de Gustavo nos preguntamos, si es como el policía relata que Gustavo estaba robando ¿Por qué no lo redujo? ¿Por qué se le negó el debido proceso de un juicio? Preguntas que le hacemos tanto al policía como al fiscal y juez que intervinieron en la causa.
Mientras vemos cómo se profundiza la crisis social y económica en el país -con Córdoba encabezando el índice de inflación nacional- podemos ver cómo las situaciones de represión policial, de hostigamiento y asesinato por parte de las fuerzas policiales se profundizan. El Estado y los gobiernos utilizan los mecanismos de represión en los barrios populares, y luego la Justicia incorpora figuras jurídicas que tienen una doble función como la legítima defensa cerrando cualquier vía posible para la familia en el proceso judicial que corresponde.
¿Legítima Defensa o apología del homicidio?
El Código Penal en el artículo 36 inciso 6 establece que para que exista legítima defensa es necesario la concurrencia de tres requisitos, a saber: a) agresión ilegítima, b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Ahora bien, si vamos al caso específico del asesinato de Gustavo, no sólo ninguno de los 3 requisitos se consta que hayan existido (ya que el único que declara intento de robo es el autor del hecho), sino también desde el primer momento la respuesta del gobierno de Schiaretti fue más policía y represión. Cuando la familia acudió al Poder Judicial -ente que, se supone, debería respaldar y velar por la justicia- se le cerraron todas las puertas hasta que 9 meses después la fiscal Liliana Copello cerró la causa dictaminando legítima defensa y Franco Paglino quedó libre.
En general, la "legítima defensa" es una figura que se usa a nivel nacional para justificar lo que se conoce como “justicia por mano propia” cuando se trata de enfrentamientos entre civiles y también como justificación al accionar policial fuera de servicio.
No son casos aislados, la intención es clara. La policía circula los barrios más pobres de la provincia, el hostigamiento y la “portación de rostro” tienen larga data en Córdoba, los casos de gatillo fácil como Blas Correa o de desaparición forzada como Facundo Rivera Alegre son la que nos convocan cada año a las calles, a tribunales, a ministerios para exigir verdad y justicia.
La hermana de Gustavo nos comentaba: “Lo único que nos queda ahora es ir a las marchas, hablar con otras familias, porque no recibimos ninguna respuesta desde donde deberían darla”.
A Gustavo le pegaron trece balazos, no hubo voz de alto, no hubo oportunidad de defenderse, ni de correr. Salió a comprar comida y no volvió. Tenía 21 años y un futuro por delante. La policía sigue arrebatándoles los sueños a los pibes de los barrios, mientras la Justicia hace oídos sordos y vista gorda. Fallos como este profundizan la impunidad de la institución policial.
La familia y amigos de Gustavo siguen pidiendo justicia y salen a las calles, conocieron a nuestras compañeras del CeProDH a partir del contacto con Guillermo Castro, padre de Ezequiel Castro asesinado por la policía el 14 de junio del 20022. Familiares y amigos de las víctimas del Estado y los gobiernos siguen uniéndose y organizándose para pedir verdad y justicia, dando un mensaje claro: no queremos más pibes hostigados, asesinados y desaparecidos por la policía.
No es un solo policía, es toda la institución puesta en función de reprimir a los más golpeados por la crisis y lograr la impunidad. Pero, como vimos este 24 de marzo, nosotros seguimos luchando en contra de la impunidad de ayer y de hoy.
Para los estudiantes de derecho y abogados, hoy se vuelve fundamental poner sobre la mesa debates como ¿Por qué existen figuras como la legítima defensa y que implicancias tienen en la realidad? Pero también tomar acción ante los hechos, solidarizarnos con las familias y conocer en profundidad los casos teniendo una mirada crítica y cuestionando el status quo que quieren imponer distintos sectores del gobierno junto con el funcionamiento de poderes estatales como lo es el poder judicial y las fuerzas represivas del Estado con el brazo ejecutor como la policía.
Por todo esto nuestros compañeros del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos convocan a estudiantes de derecho y abogados que quieran sumarse a contactarse por sus redes y siguen exigiendo verdad y justicia por Gustavo Calderon, Emmanuel Tost, Ezequiel Castro, Facundo Rivera Alegre, Blas Correa y todos los asesinados por la policía. | 
