El fiscal federal de San Isidro Claudio Scapolán queda destituido de su cargo del que ya había sido suspendido el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento, por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por el procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand.
Scapolán está acusado de otorgar cobertura judicial a una banda integrada por policías y abogados que extorsionaban a narcotraficantes y que, incluso, robaron un enorme cargamento de cocaína en un operativo.
El jury dispusó, en un fallo que contó con diez votos a favor y uno en contra, que el fiscal federal sea inhabilitado para volver a ocupar cargos públicos y que pague las costas del proceso.
El jurado estuvo presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte provincial y de la Cámara de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso. También lo integraron los conjueces legisladores Juan Pablo Allan (Juntos, senador), Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos, diputado), Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos, diputado), Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos, senadora) y María Eugenia Brizzi (Juntos, diputada) y los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.
El narcotráfico es un delito federal, por lo tanto el fiscal general de San Isidros tenía acceso a los procesos judiciales e investigación de estas bandas criminales. Es así que logró vincularse con una organización integrada por policías y abogados que extorcionaban a una red de narcotraficantes.
Scapalón está acusado de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La práctica delictiva del fiscal federal de San Isidro está lejos de ser una excepción. El crimen organizado solo puede desarrollarse en alianza con fuerzas policiales, funcionarios públicos, jueces y fiscales.
|
