Según la explicación de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, de aprobarse, la reforma quitaría concesiones o multaría a mineras que operen sin permisos de extracción, o en caso de existir riesgo de contaminación o daño al equilibrio ecológico.
También propone que haya previos estudios de impacto social para evaluar a las mineras antes de otorgarles concesiones de explotación y que apliquen medidas de prevención, mitigación y compensación en caso de haberlo.
Las mineras tendrían un permiso específico de los minerales que pueden extraer y deberían informar y entregar a la Secretaría de Economía si encuentran otros minerales o sustancias no autorizadas en su permiso.
Pero, debido a que el actual periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados concluye el 30 abril, las comisiones de Energía y Economía pospusieron esta discusión, que ya ha generado polémica entre congresistas y expertos, hasta septiembre.
Algo más que penaría la reforma es la falta de seguridad de las y los mineros. Pues debido a las pésimas condiciones de trabajo, tan solo en Coahuila han fallecido más de 3 mil 100 mineros en accidentes laborales desde que se empezó a extraer carbón en el siglo XIX (1884). La labor es tan peligrosa y se toman tan pocas medidas de riesgo que incluso suele ser imposible el rescate de los cuerpos, por lo que expertos han propuesto abandonar este tipo de extracción conocida como pocitos.
Otros estados en números rojos por accidentes en minas son Chihuahua, Durango, Zacatecas y Sonora.
¿Qué tanto puede servir la reforma a la Ley Minera en las condiciones actuales de explotación?
La Ley Minera vigente fue decretada en 1992 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y permite que empresas trasnacionales obtengan concesiones de explotación de agua y minerales a través de filiales en México, además de que pueden operar sin contar con una concesión de explotación de agua. Actualmente, 51 % de minas operan en acuíferos sin disponibilidad y en acuíferos sobreexplotados, y el 66 % no cuenta con concesión de extracción de agua.
Por otro lado, según datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), las concesiones se otorgan sin importar el tipo de terreno, así tenga importancia productiva, ecológica o hídrica, sean áreas naturales protegidas o pertenezcan a núcleos poblacionales.
Aunque la reforma pretende ser progresiva, es dudoso que sirva si quienes se encargarán de seguir dando las concesiones son las mismas dependencias estatales y quienes se encarguen de negociar con ellas el impacto que pueden causar sean los mismos dueños de empresas mineras.
Según datos de CartoCrítica y la Fundación Heinrich Böll en su trabajo “Minas en el territorio mexicano” y recuperado por “Polemón”, en México se explotan 188 mil 320 hectáreas con 874 minas en operación. De éstas, 249 son minas metálicas: 97 a cielo abierto y 152 subterráneas.
Además, 95 no cuentan con el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el 55% no cumplen con la obligación de informar anualmente sus descargas al aire, agua y suelo en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes de la Semarnat; no han presentado reportes en 17 años.
El oro es el principal mineral que se extrae, especialmente en Sonora, Zacatecas y Durango. Para ello, existen 114 operaciones pero solo 73 cuentan con un estudio de impacto ambiental autorizado.
Ante este panorama no basta una reforma, se necesita un cambio radical en la administración minera. Las consultas públicas no son suficientes para obtener una respuesta libre de la población rural e indígena. Una verdadera discusión informada debería realizarse en forma de asamblea y con el apoyo de expertos en la materia.
Mientras las mineras se quedan con las ganancias, los habitantes se quedan con la contaminación y la destrucción medioambiental; esto, más allá de la remediación ambiental, mitigación o compensación social que la minera prometa resolver.
Por ejemplo, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental de 2013 no ha resuelto las denuncias por la mega contaminación de Grupo México en la mina Buenavista del Cobre, ocasionada desde 2014. Eso no impidió que en 2017 se extrajeran 8,600 kg de oro con valor de 77,354 millones de pesos; cantidad de la cual se exportó el 80.56 %, dejando sólo 6,832 millones de pesos al país.
Por su parte, la Asociación de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) solicitó al Congreso un “parlamento abierto” para que “todos los involucrados de la industria minero-metalúrgica participen” y puedan discutir la reforma antes de que se apruebe. Cabe preguntar si incluirán a la población de territorios mineros y a la población trabajadora del país en ese parlamento, pues a todos nos afecta la industria minera.
Si ésta pasara a manos de sus trabajadores, organizados con las comunidades y acompañados de expertos en minerales y medio ambiente que fueran independientes de las empresas y el gobierno para evitar que tergiversen la información prometiendo empleo y progreso, todas esas ganancias (de las que hoy se obtiene menos del 20 %) podrían ser canalizadas a garantizar y mejorar los servicios públicos, como salud, vivienda y la educación, y se podrían implementar formas de explotación con el menor impacto ambiental posible, evitar la sobreexplotación del agua y la contaminación que destruye los ecosistemas que son nuestra fuente de vida. | 
