Según se informa en distintos medios, la función de los policías era intimidar a familiares y a las madres biológicas con problemas de adicciones. Bajo amenaza de órdenes de aprehensión las obligaban a firmar documentos para la adopción de los bebés.
Esta perversa red de tráfico, donde las mercancías son los niños, abarca Hermosillo, Nogales, Guaymas, zonas agrícolas de la Costa de Hermosillo y valles de Guaymas-Empalme.
Recientemente la cámara de diputados de Sonora solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República que tomen el caso.
A su vez, la nueva gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se dijo dolida, ofendida por la situación por la que hizo pasar a los niños. Sin embargo, omitió mencionar la compraventa de niños, una de las brutales expresiones que tiene el tráfico de personas en la decadencia capitalista.
No se trata de compraventa de ganado, ni de inmuebles, ni de objetos de ningún tipo. Fue a niñas y niños a quienes se redujo a la condición de meras mercancías, como explicamos acá.
El Estado contra las y los hijos del pueblo trabajador
En el caso de la compraventa de bebés en Sonora de nueva cuenta aparece el Estado como principal responsable. Como en la violencia desatada contra los periodistas críticos –cuya máxima expresión es el caso de la colonia Narvarte–. Como en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Están implicados funcionarios públicos, como Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex subprocurador de la Defensa del Menor y encargado de la Línea Protege. Están implicados policías. Y todos están prófugos, porque gozan de la protección de las instituciones de gobierno.
Ahora la nueva gobernadora promete justicia. ¿Qué justicia? ¿La misma que ayudó a garantizar en el caso del incendio de la guardería ABC, que cobró la vida de 25 niñas y 24 niños, mientras 106 infantes resultaron heridos y más de 70 de ellos tendrán secuelas de por vida?
Claudia Pavlovich, durante su mandato como diputada, se encargó de defender a los dueños de la guardería ABC -del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) subrogada a particulares en el marco del vaciamiento del instituto- ante el terrible incendio de 2009.
Gracias a la defensa ejercida por Pavlovich los dueños de la guardería -Gildardo Francisco Uribe Serrano, ex secretario de finanzas del PRI en Sonora y Sandra Lucia Téllez Nieves, esposa de Alberto Escalante, subsecretario de ganadería estatal en esos años- siguen impunes.
Peor aun, la PGR giró 22 órdenes de aprehensión maestras, trabajadores de intendencia y a la entonces directora de la guardería ABC, pretendiendo hacerlos responsables por el incendio.
No es el único acto de barbarie cometido contra los niños en Sonora. Se estima que alrededor de 50,000 menores trabajan en largas jornadas laborales comercio, servicios y en labores agrícolas. En estas últimas están expuestos a pesticidas. Son sujetos de brutal explotación.
Para ellos no rigen el derecho a la educación ni a cuidados de ningún tipo. Sólo tienen ante sí el rostro descarnado del lucro, que les impone hasta la última gota de energía de sus cuerpos y sus mentes en desarrollo.
Ninguna justicia puede venir del asesino régimen del PRI-PAN-PRD. Tanto ante el tráfico de niños, como ante el caso de la guardería ABC la justicia sólo puede venir de la mano de poner en pie una comisión de investigación independiente encabezada por los padres de los niños afectados. De la misma deben participar organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos, que mantengan independencia política del Estado de los empresarios y las trasnacionales. Y que tomen las calles para exigir castigo a los responsables políticos de todos los ataques contra la niñez. | 
