En las industrias de la alimentación como Mondelez o de las automotrices como Ford, Toyota, están utilizando los contratos a plazo fijo, para las mismas tareas que realizan los trabajadores efectivos. Los trabajadores de Mondelez comenzaron a denunciar el acuerdo entre el sindicato y la empresa porque cada vez aumentan más la cantidad de puestos con contratos, rotando cada 6 meses, para evitar que queden “efectivos”, entre otros atropellos patronales a los trabajadores.
Esta diferenciación busca quitar derechos conquistados por los trabajadores colectivamente, no solo a los contratados, sino en forma de cascada al conjunto.
¿Cómo funcionan los contratos a plazo fijo?
La Ley de Contratos de Trabajo, que rige los derechos y obligaciones laborales de trabajadores y empleadores a nivel nacional, tiende a buscar la estabilidad del trabajador en su relación laboral, manifestando que todos los contratos de trabajo deben ser “a tiempo indeterminado” o como comúnmente se llama “efectivos”, y lo protege del despido sin causa con las indemnizaciones obligatorias.
Pero también establece excepciones a esta regla, dentro de otras modalidades como es el contrato a plazo fijo (art. 93 a 95). Como excepción a la regla de “tiempo indeterminado”, toda determinación del contrato (por tiempo/plazo, por eventualidad o por temporada) deben ser “razonablemente apreciadas” según “las modalidades de las tareas o actividades”, y que “así lo justifiquen”, (art. 90 inc b). Además, esta excepcionalidad o situación extraordinaria debe ser probada por el empleador (art. 92).
Para poder ver si esta modalidad de contratación es realizada de modo ilegal, es preciso tener en cuenta que se cumplan esas condiciones. Pero como expresan los y las trabajadoras de Mondelez, las tareas de los contratados a plazo fijo son iguales a los otros trabajadores, generando además en consecuencia, la eliminación de los derechos laborales. Esto hace que los contratos a plazo fijo hechos por estas empresas no sólo sean ilegales, sino también fraudulentos.
Los políticos voceros de las empresas, pretenden flexibilizar los contratos de trabajo, para que contratar y despedir trabajadores sea como “comer y descomer” o que el Estado no se entrometa en la “Libertad de contratar” . Porque la primera diferencia entre estar efectivo y contratado es que te puedan despedir sin causa y el trabajador no tenga derecho a cobrar una indemnización. La reforma laboral de la que muchos hablan en canales de televisión y redes sociales, y pocos se animan a llevarla a una ley -aún- en los hechos se empieza a hacer realidad con este fraude.
¿Por qué es un fraude?
Porque es una acción que aparenta ser legal (contrato por escrito) pero contraria a la ley, perjudicando a trabajadores o grupos de ellos y tiene la finalidad de eludir lo que la ley les obliga a hacer (contratar por tiempo indeterminado o de modo efectivo).
El fraude se evidencia porque los trabajadores contratados de ésta manera, hacen, como se dijo, las mismas tareas y horarios que los efectivos, siendo esto, ilegal y discriminatorio, a razón de que las empresas efectúan un trato desigual entre trabajadores/as.
Lógicamente, quien hace las mismas tareas que otro nunca puede ser considerada extraordinaria o excepcional, por más que en el contrato diga para cubrir “licencias por vacaciones”, “necesidades de la producción” o “temporalidad productiva”.
Todas estas variantes son predecibles por el empresario, quien sabe de antemano que los trabajadores se toman vacaciones o que pueden enfermarse o que pueda llegar a tener mayor demanda productiva por vender más su producto.
Las ganancias son privadas, y por ende, los costos y todas las cuestiones vinculadas a la producción, también lo son y no pueden ser descargadas en los trabajadores.
¿Qué derechos son eliminados mediante el fraude?
Este tipo de contrato no contempla la indemnización en caso de despido sin causa, un derecho conquistado históricamente por los trabajadores que además de la necesaria remuneración para subsistir, es una forma de expresar el derecho a la estabilidad en el empleo.
También elimina la posibilidad de que el trabajador/a, pueda tener derecho a la antigüedad (es un aumento del 1% al 5 %, según convenio, por cada año trabajado) y derivado de los años en el trabajo se relaciona la posibilidad de especializarse en el trabajo y subir de categoría y cobrar más, como también de aumentar los días de vacaciones de 14 a 21 a 28 o 35 días.
Este tipo de contrato además afecta la salud de los que trabajan, porque los trabajadores/as saben de antemano que el contrato tiene un vencimiento y que deben aprovechar al máximo este tiempo para juntar todo el dinero que puedan, haciendo la mayor cantidad de horas extras posibles (haciendo 12 o 14hs por días) los que, por supuesto, van a trabajar enfermos o inclusive sin denunciar accidentes laborales.
Entonces, estos contratos también les elimina la posibilidad de cobrar indemnizaciones derivadas de los accidentes de trabajo y, lo más importante, poder hacer uso de las licencias pagas por enfermedades inculpables o no.
¿Recuerdan la campaña contra el ausentismo y los “vagos” en el trabajo? Así lo están resolviendo las empresas.
Vulneración de derechos colectivos
Que las empresas hagan este fraude, afecta de sobremanera a la fuerza de los trabajadores/as, ya que los divide en trabajadores de “primera” o de “segunda” e impide que los contratados puedan ser parte activa de la vida gremial en los sindicatos o comisiones internas e imposibilita que participen de las medidas de fuerza que se decidan.
Así también, les impide votar a sus representantes gremiales o sindicales (esto de acuerdo al tiempo trabajado) o inclusive poder presentarse como delegado.
Es una política empresaria de marginar a un grupo de personas con el objeto de obtener mayores ganancias y quitar fuerza ante los reclamos. En estas formas de explotación, radican sus riquezas.
Dejar hacer, dejar pasar
Estas empresas, por su volumen y peso en la industria, así como por su capacidad de exportar y generar ganancias en dólares, las ubica dentro de más importantes, “los pesos pesados”, de la Argentina.
Estas patronales deciden todos los días el rumbo económico, pero no solo dentro de los lugares de trabajo, sino también las políticas públicas a través de presiones en el mercado, y se agrupan en Cámaras empresarias por Sector e Industria , internacional y nacionalmente.
Por medio de éstas Cámaras o por sí, negocian con el Gobierno (sea Dictatorial –como en el golpe del 76-, o en Gobiernos peronista o Menemista Liberales o Macrista) los subsidios millonarios para el desarrollo de su actividad privada, subsidiando sus ganancias. También, acuerdan con el Ministerio de Trabajo suspensiones, reducciones salariales o despidos masivos. Con la ANSES obtienen reducciones en los aportes a la seguridad social (jubilaciones) y con la AFIP consiguen planes de facilidades para pagar impuestos en 30, 60 o 120 cuotas.
En la crisis que atraviesa al país, las voces de estos empresarios se escuchan en los discursos que piden por devaluación del peso o dolarización (golpe al salario), reforma laboral y jubilatoria, y todo un plan de guerra que les asegure aumentar sus ganancias, a costa de las condiciones de vida y derechos de los trabajadores. El fraude extendido y naturalizado de los contratos a plazo fijo son parte de ataques que preparan a toda la clase trabajadora, con la complicidad de los sindicatos que dejan pasar cada quita de derechos y rebaja de salarios.
Los trabajadores de Mondelez, y en cada lugar que se empiezan a organizar contra este fraude marca el camino. Hay fuerzas para resistir y exigir a los sindicatos un plan de lucha para recuperar nuestros derechos.
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