La casta universitaria y el Consejo Social, dos caras de la misma moneda

Desde Contracorriente y Pan y Rosas llevamos años denunciando que las universidades públicas están secuestradas por bancos y grandes empresas, cuyos intereses son defendidos en la universidad por rectores, decanas y buena parte de los catedráticos atornillados a sus sillones. Esto es lo que denominamos "casta universitaria".

Esta casta gobierna mediante un régimen antidemocrático que parece casi feudal donde el resto de la comunidad universitaria está totalmente infrarrepresentada, sobre todo las estudiantes. El organismo que toma las decisiones más importantes, llamado Consejo Social, está compuesto por representantes de empresarios, representantes de partidos políticos capitalistas, el rector o rectora de turno y un estudiante al que no eligen directamente el resto de las estudiantes.

Hagamos un repaso más concreto: el presidente del Consejo Social de la Complutense es Jesús Nuño de la Rosa desde 2020, el director general de Viajes el Corte Inglés y ha sido también el presidente de esta empresa, que no es solo una de las mayores explotadoras del Estado español, sino que también es una de las que más reprimen a sus trabajadores por organizarse sindicalmente. ¿Qué política favorable a estudiantes o a los trabajadores puede tener, pues, un Consejo Social gobernado por esta empresa?

El Consejo Social de la UCM está también integrado por empresarios como Luis Suárez de Lezo Mantilla (consejero de Repsol y ex director general), Juan Manuel de Mingo Azcárate (directivo de varias empresas e hijo de un directivo del Corte Inglés), el rector Joaquín Goyache, "célebremente" conocido por dar galardones a la reina y a Isabel Díaz Ayuso mientras enviaba a la policía a reprimir a los estudiantes que protestaban en contra y Carlos González Bosch (presidente de una comisión de la CEOE), Luis Suárez de Lezo Mantilla (Secretario del Consejo de Administración de Repsol), entre otros.

¿Seguimos?

En el Consejo de la UAM gobierna Eduardo Sicilia Cavanillas, un ex asesor de Ayuso, que además ha sido asesor de un fondo de capitales británico, del que fue destituido por no informar de su fichaje por la UAM. También la rectora Amaya Mendikoetxea, que desde 2020 envía a la policía a reprimir asambleas en el césped, "sangriadas" y, más recientemente, las legítimas protestas de los trabajadores subcontratados del servicio de deportes que se encuentran en unas inaceptables condiciones de precariedad y de los que su gobierno no quiere saber nada.

En la Carlos III, el presidente es ni más ni menos el periodista de extrema derecha Francisco Marhuenda García, conocido por sus lazos con políticos corruptos y que ha pertenecido al Consejo de Administración del desaparecido Eurobank, que quebró en 2002 dejando una desaparición de 30 millones de euros. Una figura que ha sido premiada por Hazte Oír por su "defensa de la vida" y por sus discursos católicos. Por si fuera poco, no ha dudado en expresar abiertamente sus opiniones sobre la precariedad juvenil: "La gente que viene a mi periódico lo que quiere es un trabajo de 500 euros, les parece maravilloso con 23 años cobrar 500 euros". Del Consejo también participan Pedro Sainz de Baranda Riva, presidente de varias empresas de ascensores, Elena Betés Novoa (Rastreator) y José Luis Perelli Alonso (Ernst&Young). Estos Consejos son quienes deciden qué estudiamos, cuánto nos cuesta y qué vínculos tiene la universidad con las empresas.

Por eso, desde Contracorriente y Pan y Rosas decimos que, contra la casta universitaria y sus empresas, es necesario democratizar la universidad y pelear por una universidad que esté gobernada de forma realmente democrática por profesores, trabajadores y estudiantes, con mayoría estudiantil. Somos el alumnado la mayor parte de la comunidad universitaria y no tenemos voz en las decisiones que nos afectan. Los órganos en que podemos participar (como el Claustro) solo son consultivos, nuestro voto en las elecciones al rectorado vale de 30 a 40 veces menos que el de un catedrático dependiendo de la universidad y no tenemos ni voz ni voto en ese antidemocrático y elitista Consejo Social.

El personal subcontratado, por su parte, cuenta todavía menos. Los y las trabajadoras del servicio de limpieza, de las cafeterías, de mantenimiento y del servicio de deportes, entre otros, están invisibilizados en la universidad. Con salarios a menudo de miseria, el rector elige su sueldo, pero ellos ni siquiera pueden votar. ¡Pero la universidad no funciona sin estas trabajadoras y trabajadores!

Las leyes y reformas universitarias: otro ataque a trabajadoras y estudiantes

La represión que vive el estudiantado no es solo una decisión de rectores y decanas. Las autoridades universitarias nos persiguen si protestamos contra la extrema derecha, como ocurrió en la UAM, amenazan con abrirnos expedientes si organizamos charlas con contenido LGTB, actos antimonárquicos, pero toda esta represión está avalada y profundizada por los gobiernos de todo signo político. Es especialmente indignante la política que este gobierno (el más progresista, lo llaman) está teniendo a través del Ministerio de Universidades de Unidas Podemos. Primero Manuel Castells y ahora Joan Subirats han aprobado una reforma universitaria que profundiza en la relación entre las empresas privadas y la universidad pública a través de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) y también avala la represión estudiantil con la Ley de Convivencia Universitaria (LCU). Desde ya, nosotras decimos ¡Basta ya de represión y policías en los campus!

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Esta ley, que nosotras llamamos "Ley Mordaza Universitaria" sustituyó a un código franquista de 1954. Por increíble que parezca, la LCU establece un régimen que en algunos puntos es todavía más represivo que este código, limitando la actividad estudiantil bajo criterios de "no interrumpir la actividad universitaria". ¿Es esto una ley "progresista"? Está claro que no.

La LOSU, o Ley Orgánica del Sistema Universitario es una ley que reafirma la presencia de las empresas privadas en la universidad. No contentos con esto, establece la desaparición de los profesores asociados, pero no queda establecido qué sucede con esos trabajadores, que en España son el 44% del profesorado total y que podrían ir a engordar las filas del paro a finales de año. Lo necesario sería establecer un pase a plantilla fija de estos trabajadores.

Esto no solo sería una buena noticia para los trabajadores docentes: los estudiantes aprenderíamos mucho mejor en aulas con menos estudiantes, donde el profesorado no estuviera permanentemente preocupado por publicar y participar en congresos a riesgo de perder su puesto de trabajo.

Desde Contracorriente y Pan y Rosas consideramos que estas leyes universitarias son represivas y están al servicio del IBEX 35 y sus requerimientos. Ayudan a perpetuar un modelo de universidad en el que se nos forma como futuros trabajadores de empresas como las que están en el Consejo Social: multinacionales precarizadoras que persiguen a quien se organiza. Nos quieren como estudiantes pasivos en los centros de estudio, adaptadas a un modo de evaluación medieval basado en memorizar contenidos que tiene por objetivo doblegar cualquier inquietud o crítica con la que podamos venir de casa.

Todo ello se alimenta de forma constante: cada año se hacen ferias de empresas que convierten a la universidad en un escaparate empresarial, se nos ofrecen cursos de emprendimiento, gestión del estrés o se crean "cátedras" que en realidad son chiringuitos con empresas como Roche o Leroy Merlín. Nosotras creemos que es necesario luchar contra estas leyes universitarias represivas y por una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo.

Por una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo

Una universidad al servicio de los intereses de los trabajadores y el pueblo sería una donde todos los recursos y conocimientos se dirigen, por ejemplo, hacia resolver la crisis climática, problemas de la sanidad pública, o el desempleo masivo, grandes crisis sociales urgentes que genera el capitalismo. En lugar de eso, empresas muy contaminantes como Acciona, Repsol (la más contaminante del país), el Corte Inglés o Roche (responsable del escándalo del fármaco Tamiflu con el que se trató la gripe A) campan a sus anchas por el campus. La universidad podría ser un espacio privilegiado para poner sus recursos al servicio de las necesidades de la población trabajadora y el pueblo y, sin embargo, hoy por hoy solo benefician a los capitalistas.

Nosotros no queremos ser abogados para defender a las empresas, ni sociólogos que les hagan las estadísticas sobre cómo mejor explotarnos. Queremos ser historiadores que recuperen la historia de las y los oprimidos, abogados al servicio de las luchas de la clase obrera, economistas que cuestionen la explotación y precariedad y plantean planes para reducir la jornada laboral o terminan con el desempleo, arquitectos que pongan sus conocimientos al servicio de planes de vivienda pública, y no de las grandes constructoras. Pero sabemos que, para eso, no solo tenemos que cuestionar esta universidad de clase, al servicio de las empresas, sino también pasar al cuestionamiento de la sociedad de clases, el capitalismo. Por eso, nuestra lucha es también por transformarlo todo, por poner todos los recursos de la ciencia y la técnica en manos de las mayorías sociales, y no como ahora en manos de un puñado de capitalistas.

Es necesaria la unidad obrero estudiantil

Esta universidad es una universidad de clase. Que no solo perpetua las desigualdades sociales generando nuevos trabajadores precarios para que el sistema los explote, sino que en su interior reproduce la misma desigualdad y jerarquías antidemocráticas que hay en la sociedad capitalista. Es por ese motivo, por ejemplo, que las universidades se llenan la boca creando planes de "igualdad", pero el servicio de la limpieza lo tienen subcontratado a empresas que explotan mujeres en su mayoría migrantes.

Si algo podemos aprender de las enormes movilizaciones que hoy sacuden el país vecino, Francia, es que en la unión desde abajo y con la lucha está la fuerza. Estudiantes y trabajadores llevan meses poniendo en jaque al gobierno y a su plan de matar trabajando a la clase trabajadora, mediante la subida de la edad de jubilación. La juventud que hoy sale a luchar en Francia, no solo lucha contra la reforma jubilatoria, sino contra la precariedad, el sistema educativo, por los derechos de las mujeres y de las migrantes. Es en esta unión entre trabajadores y estudiantes en la que está el potencial de su lucha. Trasladando este ejemplo, para nosotras, es fundamental que toda esta pelea contra la universidad al servicio de las empresas se dé mano a mano con los y las trabajadoras de la universidad.

Nos oponemos rotundamente a cualquier visión que piense que el movimiento estudiantil puede desarrollarse con independencia de la fuerza, la opinión y los intereses del profesorado y el personal laboral de la universidad. Es necesario hacer un gran movimiento estudiantil que haga frente a estos ataques, y para eso, este movimiento debe integrar las reivindicaciones y demandas del resto de sectores de la comunidad universitaria. Solo así podemos hacer frente a la casta universitaria, las empresas, los gobiernos autonómicos y el gobierno central. Por eso, luchemos por la autoorganización, al margen de decanatos y rectorados, por la unidad obrero-estudiantil. Esto es: ¡luchemos como en Francia!

Solo con grandes asambleas de estudiantes, de trabajadores y de profesores podremos imponer un plan de lucha que pelee por: