La convocatoria se realiza en el marco del compromiso de las máximas autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional con la política extractivista y de primarización de la economía del gobierno actual, en este caso con una práctica como el fracking que debido a su impacto ambiental ha sido prohibido en múltiples estados de los EE. UU., en Francia y más países de Europa.
El viernes 21 de abril, el rector, Rubén Soro, junto a un grupo de 28 decanos y decanas de las diferentes facultades a lo largo y ancho del país, asistieron a un recorrido por diversos puntos de la provincia de Neuquén con el objetivo de afianzar los vínculos de la universidad con el sector petrolero y en particular con la explotación no convencional de Vaca Muerta.
El itinerario comprendió una visita al Complejo Loma Campana, denominado así debido a su ubicación en el corazón del yacimiento homónimo de producción de petróleo, a la Facultad Regional de Neuquén donde fueron recibidos por el decano Pablo Liscovsky, al Centro de Estudios Terciarios y Universitarios (CETU) y al Colegio Tecnológico localizados en Cutral Co.
Estuvo presente Guillermo Oliveto, decano de la Regional Buenos Aires, quien a través de la secretaría de prensa lo comunicó como “el futuro de la industria en la provincia de Neuquén”.
Las problemáticas del fracking, un negocio para pocos a costa del ambiente
Este método de extracción de combustible fósil, también denominado fractura hidráulica, consiste en la inyección de grandes caudales de agua en combinación con productos químicos y arena con el objetivo de provocar una fragmentación en sustratos rocosos que contienen gas natural o petróleo.
Las consecuencias que conlleva y por las que fue prohibida su práctica en varios países, ya se hacen visibles en la provincia de Neuquén. Veamos a qué nos referimos.
El aumento de la actividad sísmica, como indica Javier Grosso, geógrafo y docente de la Universidad del Comahue, se manifiesta en los 29 sismos registrados en la región de Añelo y Sauzal Bonito durante el transcurso del año 2022, que se integran a los contabilizados en el plazo que contempla desde enero del 2019 hasta el mes de septiembre del 2022, alcanzando la cifra de 320, sin tener en cuenta, aproximadamente 100 microsismos que no fueron georreferenciados ni por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), ni por la Red Geo Científica Chile.
Desde el año 2015 hasta el 2021 se registraron 9242 incidentes ambientales. Año a año fueron en aumento, hasta alcanzar su pico en el 2021 con un promedio de 5,6 incidentes diarios (obteniendo un total anual de 2049) Los declarados por las empresas son de distinto tipo: derrames de crudo, de agua de producción, de fluidos con concentraciones de hidrocarburos, de lodos, de gas oil, de productos químicos, de aceite hidráulico, de lubricantes, combustibles, y de aceite refrigerante; fugas de gases; principios de incendio; y “blow out” (o “reventón”, como se denomina a la pérdida total del control de los pozos que produce una liberación descontrolada de petróleo y/o gas). Entre los yacimientos con más incidentes declarados, se destaca por sobre el resto Chihuido de la Sierra Negra (1151), en la zona de Rincón de los Sauces, seguido por Loma Campana (828), el yacimiento que visitaron las autoridades de la UTN, donde inició el fracking de la mano de YPF y la norteamericana Chevron.
Esta práctica implica una gran ocupación del territorio, donde se enumeran sucesivos conflictos con los habitantes de las inmediaciones, en particular, avasallando derechos de los pueblos originarios, despojándolos de su tierra, impidiendo sus actividades tradicionales, persiguiendo y judicializando a las comunidades, como en los casos que denuncian la Lof Campo Maripe o la Lof Fvta Xayen.
Las grandes compañías internacionales ExxonMobil, Shell, Chevron, Total y las nacionales como YPF o Pan American Energy, que llevan a cabo la explotación de hidrocarburos, se reparten las ganancias de un sector privilegiado por las políticas públicas, como la exención de pagar las retenciones correspondientes a un 20% de las exportaciones de su producción, impulsada mediante un decreto firmado por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2013. Mientras que, el superávit comercial que se obtendría a partir de la explotación de Vaca Muerta, se escurriría en saldar la deuda odiosa e ilegítima con el FMI.
Estos negociados, a espaldas de estudiantes, docentes e investigadores, atenta contra todo tipo de democracia y transparencia que debería existir en el ámbito académico y no tiene otro objetivo más que cumplir con las exigencias del mercado, dejando de lado las verdaderas problemáticas que aquejan a la mayoría de la población.
El colegio Tecnológico de la UTN y el CETU en Cutral Co, diseñados a medida del negocio petrolero.
Las autoridades van en dirección contraria a la lucha por una transición energética hacia vías renovables para mejorar las condiciones ambientales, afectadas por las problemáticas que conlleva el consumo de hidrocarburos y sus emisiones.
La transición debe ser liderada por profesionales, técnicos y usuarios bajo gestión obrera, con el fin de manejar nuestros recursos contemplando las necesidades de los distintos territorios y sus pobladores. El control obrero permitiría no solo brindar un mejor servicio; también se socializarían de forma amplia y democrática la toma de decisiones y la distribución de los beneficios, que hoy dependen de unos pocos CEOs, managers o directivos que acumulan enormes riquezas.
¿Qué fuerza hay que construir?
El Gobierno ya tiene sus agrupaciones, para militar por una universidad al servicio de los grandes empresarios y no de las causas populares. Defendiendo los negocios espurios que realizan las autoridades, como cuando se denunció en este medio hace unos años al decano de la regional Buenos Aires. Atentando contra la gratuidad histórica de nuestra universidad pública, donde año a año surgen numerosos cursos y posgrados pagos. En muchos casos empleando métodos patoteriles, como salió a la luz la semana pasada en la Facultad de Derecho de la UBA, donde también conduce el centro de estudiantes la Franja Morada, para eliminar las elecciones de este año, cercenando en una asamblea fraudulenta el derecho de los estudiantes a votar anualmente para el centro de estudiantes.
El decano radical Guillermo Oliveto, junto a su agrupación, la Franja Morada.
El rector peronista Ruben Soro, junto a su agrupación, la 19 de Agosto.
Como ingenieros tecnológicos, la agrupación En Clave Roja del PTS e independientes, en cambio, se propone utilizar el conjunto de herramientas, técnicas y conocimientos adquiridos en la facultad de manera responsable con el medio ambiente para mejorar la calidad de vida de las personas y no para llenar los bolsillos de unos pocos.
La revolución energética tiene que venir de la mano de un cambio de fondo en la sociedad donde se pueda garantizar el acceso a servicios esenciales a toda la población en pos del progreso de la humanidad.
El compromiso de esta agrupación se manifiesta en la participación de las luchas que día a día llevan a cabo la clase obrera, los ambientalistas, el movimiento de mujeres, de pueblos originarios y estudiantil.
La colaboración con las fábricas recuperadas como Madygraf y Zanon sintetiza en varios aspectos esta coherencia. La agrupación impulsa un comité de apoyo a las gestiones obreras, que actualmente colabora con la implantación de paneles solares, para aportar a la transición energética, y con la puesta a punto de la nueva línea de producción, a base de materias primas obtenidas de bosques responsables (con certificación FSC, Forest Stewardship Council), en Madygraf.
La agrupación estudiantil, En Clave Roja, que impulsa el comité de apoyo a las gestiones obreras.
