“Mi hija no quería morir, le faltaba poco para volver a casa”, dice a este diario la madre de la mujer de 34 años que murió hace cuatro meses en la Unidad 13 de Junín. Les dijeron que María “se ahorcó”, pero desde el penal aseguran que hay una violencia sistemática contra presas y presos. La familia denuncia que Fiscalía no da información y oculta lo que pasó.
El 25 de noviembre del año pasado el Servicio Penitenciario Bonaerense realizó actividades en varios penales de la provincia con la consigna “Campaña 25N”, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la Unidad 13 de Junín se hizo un video-debate para un grupo de agentes del SPB, del que participaron el director de la Unidad Miguel Di Nápoli y los subdirectores Jorge Fermanelli, Nicolás Vukojevich y Alejandro Varela.
Pocos días después de ese acting institucional, en una de las celdas del penal murió María Elsa Saubidet. Tenía 34 años y casi todos la conocían como la Fer Quintana. Fue el domingo 4 de diciembre. A su familia, que vive en Mar del Plata, le avisaron el lunes 5. Como causa de muerte les dijeron que María se había “ahorcado”. Pero nadie cree que haya sido así. Por eso su madre, Mirna Saubidet, se contactó con La Izquierda Diario para hacer pública la denuncia mientras exige respuestas al Estado.
La madre de María Saubidet cuenta que la mujer llevaba ocho años presa y esperaba ansiosa a fines de 2023 para poder cumplir el resto de la pena en su casa de Mar del Plata, junto a sus padres y su hija de quince años. Mirna asegura que el crimen que María cometió fue “en defensa propia” y, por lo tanto, la dura condena era injusta. Pero agrega que su hija llevaba con entereza los años de encierro y siempre manifestaba el deseo de salir. Al decir de su madre, la idea de un suicidio no habitaba en su mente.
Hasta junio del año pasado María pasaba sus días en la Unidad 50 de Mar del Plata. Su familia cuenta que adentro de ese penal no la pasaba bien, sobre todo por el maltrato constante que recibía de parte del personal penitenciario y también de algunas de las otras detenidas. “Cuando íbamos a visitarla nos contaba que le hacían la guerra, que ahí, más que vivir, sobrevivía”, dice Mirna a este diario.
Y detalla: “Una vez la quemaron con agua hirviendo y otra quisieron ahorcarla, por lo que estuvo una semana internada en el Hospital Interzonal de Mar del Plata. La dejaban todo el tiempo en los buzones y tuve que presentar un habeas corpus para que la sacaran de ahí, porque se estaba volviendo loca”.
Finalmente María consiguió que la trasladaran a otra cárcel. Su destino fue la Unidad 16 de Junín, uno de los penales que tienen población de mujeres y varones (separadas por módulos). Ahí conoció, entre otras personas, al “Correntino”, un detenido que, según Mirna, “le hizo la vida imposible, sometiéndola psicológicamente”. Y con otra interna (también trasladada desde Mar del Plata) mantenía una relación muy conflictiva. Además María le hizo saber a su mamá que, ante cualquier “enojo” de las guardias, las represalias solían ser muy duras.
Complejo penitenciario de Junín | Foto Diario Actualidad
Días antes de morir, María le mandó a Mirna algunas fotos que la mostraban con sus brazos llenos de moretones y cortes, producto de una golpiza de las agentes penitenciarias. Eso generó gran preocupación en la familia, distante a 550 kilómetros. Pero el sábado 3 de diciembre Mirna recibió un audio donde, muy feliz, su hija le decía “viejita, quedate tranquila, que el martes me llevan para Mar del Plata, voy a estar este último año más cerca, vamos a poder pasar las fiestas juntas”.
La mañana del lunes 5, mientras Mirna abría su verdulería, se acercó al local un patrullero de la Subcomisaría Jorge Newbery de la Policía Bonaerense. Tras preguntarle si era la madre de María, los efectivos le dijeron que debía comunicarse cuanto antes con la Unidad Fiscal de Investigaciones N°1 del Departamento Judicial de Junín, a cargo de la fiscal Vanina Lisazo. Cuando llamó, del otro lado una voz deshumanizada le dijo que su hija se había ahorcado en su celda la noche anterior. Mirna rompió en llanto.
La familia Saubidet está convencida de que las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y la Fiscalía hicieron un trámite exprés para entregarles rápido el cuerpo y dar por cerrado el caso. Como parte del aparente plan, a Mirna le dijeron que, si el deseo de la familia era que María tuviera sepultura en Mar del Plata, debían hacerse cargo del traslado. Si no, su destino sería un “pozo” del cementerio local. La familia debió sacar un préstamo para completar los $ 200 mil que les salía contratar una ambulancia para hacer esos 1.100 kilómetros, ida y vuelta.
En la Fiscalía a Mirna sólo le pidieron que reconozca el cadáver que yacía en una de las camillas de la morgue de la Policía Científica de Junín. No le pidieron que firmara ningún papel ni le dieron certificación alguna al momento de retirar el cuerpo. Al único que le pidieron una firma fue al ambulanciero. Las pertenencias de María fueron entregadas por personal penitenciario, pero en la misma Fiscalía. “No me dejaron ir al penal a buscarlas, no querían que fuera”, dice la madre a este diario.
La familia y sus allegados velaron a María en una funeraria del barrio Jorge Newbery. La enterraron sin poder cremarla, porque en la Fiscalía les dijeron que debían esperar a que se cerrara por completo el expediente. Desde entonces, ni a Mirna ni a ningún familiar les volvieron a llamar. Y en el número que les dieron para comunicarse no atiende ni siquiera un contestador.
“Hace cuatro meses que estoy esperando que me digan qué le pasó a mi hija. Varias detenidas que la conocieron me llamaron para darme el pésame y me dijeron ‘no dejes las cosas así, porque acá las del Servicio Penitenciario nos cagan a palos a cada rato’”, recuerda Mirna. En esos llamados desde las celdas, algunas chicas le dijeron que durante esa mañana de domingo escucharon gritos de pelea entre su hija y la detenida que conocía de Mar del Plata. Una de ellas aseguró haber escuchado de la propia María: “Me dieron una pichicata, me siento mal”.
Mirna dice a La Izquierda Diario: “Yo no sé si la mataron ellos o la indujeron a que se matara. Lo que sé es que no me la van a devolver, ya van cuatro meses y ni me informaron qué dijo la autopsia”.
La madre de María tomó contacto con familiares de víctimas del crimen organizado por policías y servicios penitenciarios. Una de las primeras personas con las que se comunicó es Antonella Abregú, hermana de Daiana Abregú, la joven de 26 años hallada muerta en junio de 2022 en la celda de la Comisaría de Laprida de la Policía Bonaerense. Otro caso en el que la primera respuesta del Estado fue “se suicidó” y donde la causa judicial está plagada de irregularidades y maniobras.
Hay un dato que puede parecer menor, pero en este caso no lo es. El 4 de enero, al cumplirse un mes de la muerte de María, su madre sufrió el hackeo de su cuenta de Facebook donde denunciaba públicamente el hecho y exigía justicia para su hija. Sin poder recuperar ese perfil que tenía desde hacía años, Mirna debió crear una cuenta nueva y volver a pedir solicitudes de amistad.
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que conduce Julio Alak (bajo cuya órbita funciona el SPB), no emitió ninguna información oficial respecto al caso. Al igual que en muchos otros hechos, la lógica del silencio y el encubrimiento se impone por sobre la verdad y la justicia.
