En una entrevista concedida este domingo a medio francés Le Parisien, el presidente francés Emmanuel Macron precisó el contenido de su política para los 100 días de "apaciguamiento", luego de que impuso por decreto de la reforma jubilatoria que gatilló la furia de la población.
En el centro de sus planes: la vuelta de la ley de inmigración y un ataque a los beneficiarios de la RSA, un subsidio que garantiza un ingreso mínimo a la población. Una ofensiva contra las franjas más precarias de la clase trabajadora.
Enfrentado cacerolazos y abucheos durante una semana, Macron buscó este lunes mostrar una vuelta al diálogo con los franceses en un marco más cómodo, invitando a los lectores de Le Parisien al Elíseo.
La entrevista publicada este domingo confirma que, para salir del escenario de las pensiones, Macron se dispone a relanzar la ofensiva contra los trabajadores extranjeros y los más precarios. En ella desarrolló su agenda para las próximas semanas hasta el verano, expresando claramente su voluntad de tender la mano a la derecha.
Inmigración, RSA: Macron clarifica sus ataques
En materia de inmigración, los eufemismos han sido dejados de lado para anunciar un endurecimiento de las condiciones de acogida y reforzar el acoso policial a los migrantes e intensificar las deportaciones. "Vamos a endurecer nuestras normas sobre inmigración para que aquellos que no tengan ninguna razón para estar aquí puedan ver estudiado su caso más rápidamente y ser devueltos a su país", explicó Macron. Para ello, vuelve la ley de inmigración, que el Gobierno quería dividir en varios textos, y que deberá ser examinada antes del verano.
Segunda parte de la agenda de las próximas semanas: Macron esbozó nuevas restricciones a los derechos de los beneficiarios de la RSA, declarando que "los acompañaremos para que una hora de trabajo nunca pueda ser menos interesante que la RSA", mientras que se empieza a probar en 18 departamentos el sistema que obliga a los beneficiarios a realizar de 15 a 20 horas de contraprestación por semana. Restricciones que abre la puerta a una condicionalidad de los "mínimos sociales" muy baja y perfilan una ofensiva histórica contra los más precarios.
Los anuncios sobre la RSA y la ley de inmigración se hacen eco de las declaraciones del ministro de Interior Gerald Darmanin del lunes, que calificó a parte del trabajo de los extranjeros como "fraude social". Discursos que responden a la misma voluntad de apuntar a los sectores precarios de la clase trabajadora. El Ejecutivo cuenta con que habrá una respuesta más débil de la población frente a estos ataques gracias a años de discurso antimigrante y contra la "asistencia".
Esta nueva agenda es un cambio respecto del lanzamiento de la "Ley del Trabajo" que Macron pretendía priorizar hasta hace unos días. el Presidente se vio obligado a cambiar de plan porque se encuentra entre la importante bronca popular, que impide a las direcciones sindicales reanudar demasiado rápido el "diálogo social", y las exigencias del MEDEF, la principal cámara empresarial francesa, que considera que "100 días es demasiado poco", insistiendo en que a partir de ahora hay que "dar tiempo" a las negociaciones entre patronal y sindicatos en lugar de precipitar su proyecto de ley.
Enredado en la crisis, una recuperación frágil para el Gobierno
Macron pretende empezar atacando a los más precarios y a los inmigrantes, para ganarse a la derecha e intentar jugar con las divisiones en la clase trabajadora. Pero esta nueva agenda está lejos de estar exenta de dificultades para el Gobierno. En el ámbito de la ley de inmigración, por ejemplo, la voluntad de dividir el proyecto de inmigración en varios textos responde a la dificultad del gobierno para obtener mayorías en el Parlamento. Así podrá hacer votar primero las disposiciones más represivas (sobre la aplicación más rápida de las obligaciones de abandonar el territorio francés, por ejemplo) por la derecha y Los Republicanos (LR), y luego hacer que la izquierda apoye las que pueden parecer, erróneamente, más ventajosas para ciertos trabajadores inmigrantes (como el permiso de residencia por un año), el gobierno esperaba evitar tener que recurrir de nuevo al decreto (procedimiento 49-3).
Por otra parte, este nuevo plan de Macron busca un nuevo equilibrio por derecha y acercarse a las posiciones de Gérard Larcher (LR). En este terreno, presentar un texto único parece ya una concesión al presidente del Senado, que podría ir de la mano de concesiones sobre el plan "empleos en tensión", dirigido a sectores con mano de obra faltante como la construcción y rechazado por LR. Una perspectiva que, sin embargo, podría dividir a sectores de la mayoría de Macron. Varios diputados de su espacio han confiado sus preocupaciones a Le Parisien. Un compromiso muy precario, como demuestran las declaraciones del ministro de Trabajo Olivier Dussopt, que no descarta un nuevo uso de la 49-3 para la ley de inmigración.
En el terreno de la ofensiva antipopular, Macron deberá concentrarse en la reforma de France Travail -el organismo que maneja la política hacia la clase trabajadora desocupada- apostando a que las direcciones sindicales no se pongan al frente de la protesta como durante la contrarreforma de los subsidios por desempleo. Se trata de una apuesta arriesgada, sobre todo por la presión en la base, que obliga a las direcciones sindicales a andar con pies de plomo en lo que se refiere a la reanudación del "diálogo social".
Atrapada entre la determinación de los trabajadores y la obstinación del gobierno en rechazar cualquier concesión, la central sindical CFDT ha tenido que suspender su participación en las negociaciones al menos hasta el 3 de mayo. En otro tono, la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, ha anunciado este martes en BFM TV que "será difícil reanudar las relaciones normales" con el gobierno, apuntando, entre otras cosas al proyecto de "estigmatización de desocupados y precarios" para reformar la RSA. Es una señal de que la vuelta a la normalidad será complicada, mientras que las direcciones sindicales, por el contrario, habían participado en todas las negociaciones sobre el tema de la contrarreforma del seguro desempleo, que sin embargo tenía los mismos objetivos para el gobierno.
Si Macron abusa de la confianza, la crisis política sigue abierta y podría ponerlo muy rápidamente frente a nuevas dificultades. Éstas podrían estallar, en particular, en el seno de la mayoría relativa, frente a los compromisos insolubles a los que Macron se ve obligado por la inextricable situación, como sostiene el medio Le Monde en un artículo. En resumen, tras la voluntad del Ejecutivo de recuperar la iniciativa, las dificultades vinculadas a la crisis política e institucional no se desvanecen.
El gobierno apunta a los más precarios: rechazar el "diálogo social" y vincular esta lucha a la lucha por las jubilaciones
Aunque la bronca sigue siendo enorme, como lo demuestran los escraches a todos los miembros del gobierno, lo que está en juego es continuar la batalla contra la reforma de las jubilaciones y vincularla a la lucha contra estos nuevos ataques del gobierno.
Para ello, será necesario rechazar cualquier vuelta al "diálogo social" que el gobierno y la patronal intentan reanudar para canalizar la bronca de los de abajo. Esto implica también ampliar las reivindicaciones del movimiento, defendiendo, por ejemplo, el rechazo de la ley Darmanin o la derogación de la reforma del seguro desempleo, al mismo tiempo que un programa que defienda un aumento general de los salarios y de las prestaciones sociales mínimas, su indexación a la inflación, el reparto del tiempo de trabajo entre todos para que todos puedan tener un empleo. |
