En febrero de 2022 el juez Ramos Padilla desaprobó los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos realizó en las PASO en la Provincia. Determinó que estaban fraguados los datos de los aportantes.
El fallo de Padilla fue posteriormente apelado por los partidos que conformaron la alianza Cambiemos en Buenos Aires. Uno de ellos fue Santiago E. Espil, apoderado de la Coalición Cívica, el partido que tiene como líder a Elisa Carrió, quien hace del eje de sus discursos la supuesta defensa de las instituciones y la República. Lo mismo cuenta para el resto de los partidos, como la UCR y el PRO.
En la investigación ordenada por Padilla se demostraba que monotributistas y personas que vivían bajo la línea de la pobreza figuraban como aportantes a la campaña de Cambiemos “por un total de $22.290.550”.
Según el reciente fallo, se desprende que el juez obtuvo testimonios de 98 personas de las cuales “47 denunciaron penalmente su aparición como aportantes de campaña. De esas 49 personas, “19 fueron convocadas por estar registradas como beneficiarias de planes sociales; 17 negaron haber realizado aportes de campaña. Además “24 fueron convocadas por ser monotributistas cuyo aporte excedía el límite de facturación mensual promedio, de las cuales 9 negaron el aporte”.
La denominada causa de los "aportantes truchos" fue un verdadero escándalo político durante la gestión del expresidente Macri y de la exgobernadora de PBA, Vidal. En un primer momento la entonces gobernadora intentó esquivar las acusaciones, pero al ver que no podía salir tan facilmente del escándalo, le terminó soltando la mano a la entonces secretaria de Legal y Técnica de su gobierno, María Fernanda Inza, quien como tesorera del PRO era la encargada de manejar las cuentas del partido durante esa campaña. | 
