El gobernador Mariano Arcioni, envió a la Legislatura provincial el proyecto de Ley de Soberanía Energética. En una economía atada al FMI, el proyecto de Arcioni se parece más a una nueva ofensiva para avanzar con el extractivismo y el saqueo que a una salida ante la crisis energética que sufre la provincia.
Gustavo Monesterolo, titular del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) y referente de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, que impulsa el Sindicato de Luz y Fuerza de la provincia señaló que “El envío a la Legislatura es importante porque pone en discusión un tema muy sensible porque la ley habla de la soberanía sobre los recursos naturales y sobre el federalismo del Estado provincial respecto de su propio territorio”, y, agregó que “la Provincia tiene una deuda histórica en materia energética ya que “el 85% del territorio no tiene conectividad estable y segura y se sustenta a base de generaciones aisladas”.
Lo que no dice Monesterolo es que el proyecto plantea que la provincia de Chubut tienen la capacidad de “usufructuar el producto de la explotación de sus recursos naturales con potencial energético”. Y agrega el texto enviado a la legislatura que “de los mencionados recursos cabe distinguir los siguientes: hídricos, eólicos, fotovoltaicos, mareomotriz, geotermia, y sus vectores energéticos, sus potenciales combinaciones o nuevas fuentes que se desarrollen en el futuro con afectación directa al uso del suelo, mar, recursos renovables o no”.
Queda claro que tras la “soberanía energética” el gobierno provincial aliado del Frente de Todos prepara una nueva ofensiva extractivista al servicio de las multinacionales y el FMI.
Un ejemplo de esta nueva ofensiva extractivista es el proyecto que está en manos de la minera Green Shift Commodities Ltd., que tiene 300 mil hectáreas en Neuquén, Río Negro y Chubut, con la opción de adquirir 200 mil hectáreas más para la exploración y explotación de litio.
La particularidad para la explotación del litio en las provincias patagónicas es que el mineral se encuentra en rocas, con lo cual es necesario un marco legal para que se pueda realizar la explotación, ya que en Chubut la megaminería a cielo abierto está prohibida por ley. La “soberanía energética”, ¿será un artilugio para avanzar sobre los bienes comunes y evitar el repudio y la lucha como sucedió en diciembre de 2021 cuando se derrotó a la zonificación minera de Arcioni y el Frente de Todos con miles en las calles, en una verdadera rebelión obrera y popular?
La energía, ¿vector para la transformación social o herramienta para el saqueo?
Días atrás en “Experiencia IDEA Energía” realizado en Neuquén donde estaban presentes los grandes empresarios del sector, como Bulgheroni, Markous, Rodríguez, Juliano, Andrews, Aguilar, Murchison, Gadano, González, Arceo, Eurnekian, Gismondi y Ferrero, entre otros, Sergio Massa decía que "La energía debe ser una política de Estado que no debe ser modificada por un cambio de gobierno", agregó que el país posee “la oportunidad de tener dos turbinas de desarrollo que son el campo y la capacidad de exportación en el sector energético” y señaló que “elegir al sector energético como uno de los grandes jugadores no solo locales, sino geopolíticamente globales de la Argentina para los próximos años”.
Durante el evento Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, remarcó que Chubut "como provincia productora de energía es fundamental el apoyo de los actores públicos y privados para desarrollar grandes inversiones" y destacó que "los recursos de nuestra provincia nos posicionan como líderes en exportación de petróleo y en aportes a la matriz eólica nacional". "Para nuestra gestión es muy importante continuar trabajando en favor del desarrollo y potenciación de este sector indispensable para los chubutenses", completó el mandatario.
Queda claro que el gobierno nacional y el provincial están de acuerdo en buscar los dólares que necesitan para pagar la deuda externa redoblando la matriz extractivista de la economía y a su vez, buscan ampliar y maximizar las ganancias de las multinacionales.
Massa y el gobierno del Frente de Todos llevan adelante la política que instaló Cambiemos quien con las licitaciones Renovar I, II y III ampliaron el poder de las grandes corporaciones nacionales y globales y acentuaron la mercantilización de la energía, independientemente de la fuente. Arcioni, su amigo y aliado, quiere hacer lo mismo en Chubut. No podemos permitirlo.
En síntesis, el proyecto de Arcioni de “soberanía energética” es parte de la entrega de los bienes comunes al saqueo de las multinacionales y grandes empresas, como vemos con la explotación del litio en Jujuy. Un sistema energético pensado para para la extracción y la acumulación de ganancias, dejando de lado los bienes comunes y las necesidades de la población, permitiendo la contaminación de aire, suelo y agua generada por la utilización de agrotóxicos, las actividades ligadas a la megaminería y la explotación de hidrocarburos (convencionales y no convencionales), entre otras.
A principios de marzo la bancada de diputados y diputadas del Frente de Izquierda Unidad presentó un proyecto de ley para avanzar en la expropiación y estatización de las empresas de energía eléctrica. Con las firmas de Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Plá, el proyecto propone “garantizar la calidad del servicio porque la energía eléctrica es un derecho”.
A su vez, las y los legisladores del FITU detallaron que “la crisis energética se explica por una constante falta de inversión y mantenimiento, de más de treinta años”. Es decir, desde la misma privatización de las entonces empresas estatales (en concesiones que durarían cien años) por parte del entonces gobierno peronista de Carlos Menem, acompañado por todos los gobernadores de entonces.
Hay que ponerle un freno a esta nueva ofensiva de los gobiernos que nos llevaron a esta crisis económica, social y energética. La salida no va a venir de aplicar las mismas recetar de quienes gobernaron y nos llevaron a esta situación. Por eso desde la izquierda planteamos que hay que luchar por reorganizar al país desde abajo.
Hay que derogar todas las leyes que existen en el país del sector energético que son de la dictadura o del periodo neoliberal, y en ese sentido las que se fueron firmando posteriormente son continuidades de ellas. Hay que oponerse al proyecto de ley de “soberanía energética” que impulsa Arcioni y el Frente de Todos.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda levantamos la perspectiva de una reforma energética que contemple la producción de energías renovables bajo control de los trabajadores, con un mayor presupuesto destinado a la investigación científica y tecnológica y garantizar la reconversión energética. Esto solamente puede hacerse mediante la organización independiente de los trabajadores.
Lejos de proponer la “vuelta” a gestiones como la de la vieja Agua y Energía Eléctrica (plagadas de corruptelas y negociados), el FITU plantea en su proyecto de ley “la anulación de las concesiones y la expropiación a las privatizadas de energía eléctrica, su estatización y puesta en funcionamiento bajo el control de los trabajadores, usuarios populares y técnicos (con mayoría trabajadora)”, además de “una profunda investigación sobre las causas de la crisis energética y, por sobre todo, medidas urgentes para resolver las penurias que sufre la población afectada”.
Esto nos permitiría tener una decisión democrática sobre qué tipo de energía necesitamos, como planear estratégicamente una matriz energética. Y cuales son las vías para que ese desarrollo sea sustentable sin dañar el medio ambiente, planeando una transición energética a medida de las necesidades actuales del planeta. Y sobre todo, que la provisión de energía eléctrica sea un derecho y no un negocio para unos pocos.
