Esto ha significado a nivel nacional mayores escenarios de represión y criminalización de la protesta social, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazados, las decenas de miles de muertos, torturados, detenciones arbitrarias, presos políticos, ataques a la integridad física y sexual, etc., comandados por los partidos en el poder PRI, PAN, PRD, PVEM entre otros.
Esta política, que implica a los tres niveles de gobierno y a sus respectivas fuerzas, dio un salto con el caso de Tlatlaya y Ayotzinapa con la desaparición de los 43 normalistas, para luego repetirse en Tanhuato, Zacatecas, Apatzingan, Ostula, la Narvate, Xochicuautla entre otros muchos casos más.
Ha sido desde entonces una práctica generalizada del Estado mexicano que ante la falta de consenso con las reformas estructurales y los planes de despojo acordados en el Congreso, que estas medidas se vienen implementando a sangre y fuego contra la juventud, los trabajadores, las mujeres, los luchadores sociales, los líderes comunitarios o sindicales, periodistas, luchadores de derechos humanos, etc., a manos del ejército y las policías, los grupos paramilitares y el sicariato.
En la capital particularmente esto se expresaría primero con Ebrard y Mondragón y luego con Mancera con los eventos represivos del 10 de junio (el Halconazo de Mancera), 2 de octubre, 1 y 13 de septiembre de 2013, 22 de abril, 26 de noviembre y 1 de diciembre de 2014.
A dos años del 10 de junio de 2013 y a casi un año de la desaparición de los 43 normalistas, el día 13 de septiembre de 2015 fueron emitidas la recomendaciones 9, 10 y 11 todas del 2015, por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que precisamente expone un patrón de conducta de criminalización de la protesta social en la capital por parte del gobierno de Mancera después de lo ocurrido el 1 de diciembre de 2012. Dicho patrón responde a una misma política del Estado mexicano en su conjunto.
Lucha contra la criminalización de la protesta social y las detenciones arbitrarias
Las recomendaciones son un punto de apoyo para identificar este patrón con el escenario de violencia y violación a los derechos humanos que están sufriendo los trabajadores y el pueblo pobre y sus derechos, en el marco más general de lo que sucede en todo el país. Los alcances de la recomendación son destacados.
Reconoce que la protesta social es un legítimo derecho de todos y, en consecuencia señala que aquellos que defienden sus derechos son defensores permanentes o circunstanciales de los derechos humanos.
Señala el incumplimiento de la recomendación 7/2013 derivada de los acontecimientos del 1 de diciembre del 2012 y la repetición de los actos señalados en la misma recomendación por parte del represor gobierno de Mancera y su policía.
Reconoce a como víctimas a los quejosos; identifica la criminalización a la protesta social en el DF y particularmente estigmatiza a la juventud; que hubo detenciones arbitrarias e ilegales, atentándose contra el derecho a la libertad e integridad individual y con relación al derecho a un debido proceso y garantías judiciales, al derecho a la manifestación y reunión y al ejercicio de la libertad de expresión.
Enfatiza que la policía capitalina y demás autoridades incurren en tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Señala la violencia sexual a Gabriela Hernández y otros detenidos por parte de los elementos de las SSP; graves violaciones procesales del juez 40 de lo Penal.
Indica que ha sido a través de la fuerza punitiva y el uso de las instituciones y por medio de la aplicación ex profeso los delitos de ataques a la paz pública y ultrajes, artículos 287 y 362 del Código Penal del DF, como se ha reiterado práctica de criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias, la violación a los derechos aludidos y en particular a la criminalización y estigmatización de la juventud, etcétera.
En consecuencia, y a diferencia de la recomendación 7/2013, se hace un llamado explícito a la Asamblea Legislativa del DF para que deroguen los artículos 287 y 362 del Código Penal que vienen siendo utilizados para coartar, limitar o intimidar el ejercicio de los derechos mencionados. En otras palabras, señala el uso político de estos delitos.
Sin embargo, la recomendación en sus puntos resolutivos señala que deben de revisarse los protocolos de actuación de las policías y la SSP y hace una especie de llamamiento a la “democratización” de los cuerpos de policía capitalina.
No compartimos estos postulados, puesto que la antidemocrática y represora policía del DF sirve directamente a los intereses de los gobiernos que garantizan los intereses capitalistas nacionales y extranjeros ya la sagrada propiedad privada y la explotación.
En ese sentido, aunque la disolución del cuerpo de granaderos sería un paso adelante, la misma resultaría insuficiente: es necesaria la disolución de todos los cuerpos represivos del Estado, lo cual solo puede ser garantizado mediante la movilización de los trabajadores y el pueblo, con sus métodos de lucha como la huelga.
Estas recomendaciones son un paso importante contra la criminalización de la protesta social. Estamos dando la pelea en tribunales por estas mismas causas y la del 1Dmx y porque se deroguen los delitos de ataques a la paz pública y el de ultrajes.
No estamos por democratizar a la represiva policía del DF y del represor Mancera -parte del Pacto por México y el policía del PRI en la capital- ni protocolos contra el derecho a la protesta y reunión y la libre manifestación de las ideas.
Si bien rescatamos la parte que alude a las violaciones a los derechos de las víctimas, nuestra pelea en la Liga de Abogados 1dmx, plantea la desaparición de los cuerpos represivos junto con sus protocolos. Necesitamos comenzar la lucha contra el espionaje que hace el GDF contra luchadores sociales y manifestantes.
Esto es un triunfo de todos los que estamos peleando contra la criminalización de la protesta social en el DF y a nivel nacional.
Esta pelea es compartida por muchos que no formaron parte en los casos pero que la han venido dando. Seguiremos desarrollando esta lucha hasta la reparación integral del daño y la responsabilidad del Estado, para sentar un precedente en favor de las luchas, la protesta social, la defensa de los derechos humanos y por la libertad de todos los presos políticos del DF y del resto del país.
Por ello seguimos luchando en los tribunales contra el GDF y sus cuerpos represivos. Ahora más que nunca protestar no sólo es un derecho, sino que es un imperiosa necesidad que pasa por luchar en las calles y no en los tribunales contra las reformas estructurales, la militarización del país, por la aparición con vida de los 43, la derogación de los artículos 287 y 362 del Código Penal del DF, contra esta democracia para ricos y la cada vez mayor subordinación de México al imperialismo y a los designios de la patronal mexicana en contra de los trabajadores y el pueblo oprimido. | 
