Así lo aseguraron varios testigos en el juicio que se les sigue en La Plata a cuatro efectivos de la Bonaerense que persiguieron hasta la muerte a Aníbal, Camila, Danilo y Gonzalo (sólo sobrevivió Rocío) la madrugada del 20 de mayo de 2019. Desde la parte acusadora afirman que “se van constatando los hechos y nuestra hipótesis del homicidio agravado”.

Este jueves a la tarde culminó la cuarta audiencia del juicio por jurados, oral y público que se le sigue a cuatro policías bonaerenses por el homicidio agravado de cuatro jóvenes y el intento de homicidio agravado sobre una quinta chica, tras una violenta persecución ocurrida la noche del 19 al 20 de mayo de 2019 en San Miguel del Monte, pueblo ubicado a 110 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

En este juicio (que juzga a sólo una parte de los procesados en el caso) están sentados en el banquillo los oficiales Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez y al excapitán Rubén García. Son quienes manejaban los dos patrulleros y quienes, siendo acompañantes, dispararon contra los adolescentes.

Como informó La Izquierda Diario , las dos primeras audiencias tuvieron la impronta del testimonio de las madres, padres y hermanos de las víctimas. Testimonios desgarradores pero a la vez certeros en la acusación a los responsables materiales e institucionales de la masacre de sus seres queridos.

Este miércoles y jueves declararon más testigos, cuyos relatos fueron relevantes a la hora de reconstruir los hechos. Vale decir que todo lo que se vuelca en el debate oral y público debe ser evaluado por los doce jurados populares sorteados para este juicio, quienes determinarán (probablemente el miércoles 17) si los acusados son culpables o no.

En esta dos audiencias cobraron especial relevancia los testimonios de quienes vieron y escucharon varias de las secuencias de la brutal persecución a tiros de parte de los policías contra el Fiat 147 en el que viajaban Aníbal Suárez (22), Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Rocío Quagliarello (hoy de 17). También el conductor del camión contra el que se estrelló el auto donde viajaban las y los pibes.

Disparos antes, durante y después

El miércoles declararon siete testigos. La primera fue Florencia Arosa, una enfermera que vive a metros del sitio en el que el Fiat impactó contra la parte de atrás del acoplado de un camión. Contó que esa noche ya estaba casi dormida cuando la despertaron cuatro tiros y un ruido fuerte y seco. Vio desde su ventana un patrullero estacionándose frente a su casa. Al igual que su madre y otros vecinos, salió a la calle. Minutos después apareció un policía con una botella de plástico y le pidió agua. Mientras su madre iba a cargar la botella, el policía escuchó que Arosa hablaba con una vecina “sobre los disparos”. Sin medias explicación, dijo “yo no tiré”. Era el capitán García, uno de los pistoleros.

Otro de los testigos fue Héctor Garcete, quien vive hace veinte años en Monte y trabaja de albañil. Contó que esa noche vio desde su ventana pasar por delante de su casa al Fiat e inmediatamente detrás una camioneta Toyota Hilux de la Policía. Vio los fogonazos y escuchó los disparos, que se repitieron poco más tarde aunque más lejanos. A la mañana siguiente, caminando hacia su trabajo, Garcete se fue encontrando en la vereda varios casquillos de bala. Cuatro en un recorrido de menos de cuatro cuadras. Sabiendo que serían de importancia como pruebas, pocos días después les entregó los casquillos al papá y la mamá de Danilo Sansone. Efectivamente, con esas y otras pruebas se demostró que la teoría del “accidente” fue creada para encubrir a los policías.

Por ser uno de los testigos claves, Garcete viene padeciendo desde hace cuatro años lo mismo que las familias de los adolescentes masacrados: una permanente custodia de Gendarmería sobre sus casas y sus movimientos. Las víctimas revictimizadas. Mientras, desde el entorno de los policías hasta se animan a lanzar provocaciones contra las familias querellantes.

“Quedate quieto”

Héctor Menci es camionero y vive en Olavarría. Esa noche, haciendo un viaje a Cañuelas, se le rompió el alternador del camión cuando pasaba por San Miguel del Monte y optó por pasar la noche allí, a la vera de la Ruta 3, a la espera de que abriera un taller mecánico. Una hora después de estacionar el vehículo, lo despertó el fuerte impacto en la parte trasera del camión.

“No entendía qué pasaba. Escuché a alguien decir varias veces ‘quedate quieto’ y enseguida dos detonaciones de disparos”, dijo Menci. Aclaró que por haber vivido muchos años cerca del Tiro Federal podía reconocer un disparo de cualquier otro sonido. Recordó que bajó del camión y se resguardó detrás de un paredón, desde donde pudo ver uno de los cuerpos en la calle y el auto destrozado. Al querer subir otra vez al camión lo vio una mujer policía, quien le dijo que el auto había chocado contra el acoplado “mientras huía de la Policía”.

El camionero agregó que la Policía se apuró en tomarle declaración en la comisaría. Pero que cuando dijo que escuchó disparos, los efectivos quisieron convencerlo de que en verdad eran “cortes” de motos y se negaron a poner en el acta que él aseguraba que eran detonaciones de arma de fuego. Gracias a que el abuelo de Camila apareció, horas después, en el lugar de los hechos y lo escuchó contar lo que vio que finalmente el camionero hizo una nueva declaración en la Fiscalía. Ese testimonio fue fundamental, no sólo por lo que Menci vio sino para comprobar la maniobra de los policías.

Intentos de tapar todo

Por videoconferencia dio testimonio el gendarme Hugo Chicahuala, quien en 2019 cumplía tareas en el Departamento de Criminalística de Campo de Mayo y tuvo a su cargo el peritaje del acoplado. De su declaración se desprende que no se mantuvo la cadena de custodia del camión. Se hizo un primer peritaje preliminar, pero después el camión se lo llevaron y Chicauala terminó haciendo las pericias días después en los galpones de la empresa de camiones. Claramente, una maniobra para destruir o tapar pruebas.

Otro de los testimonios relevantes fue el de Susana Cogna, una vecina que minutos antes de la persecución le pidió al marido que llamara al 911 porque llevaba horas escuchando ladrar a los perros afuera. La mujer fue contundente al contar cómo se intentó utilizar su relato en favor de la coartada policial. Dijo que la Policía le fue a tomar declaración a las 2 de la mañana a su casa e intentaron hacerle decir que el llamado había sido para denunciar un robo y que ella había visto a “chicos” merodear. Pero no sólo no vio a nadie sino que, en realidad, sólo habían llamado al 911 para comentar que desde la tarde había unos perros ladrando.

Los tiros del final

El jueves, nuevos testigos demostraron la actitud deliberada de los policías de rematar a los ocupantes del Fiat 147. Ignacio Catáneo atestiguó desde España, donde reside por trabajo. Vivía en Monte, en la calle López, a unos cincuenta metros de donde pasó todo. Esa noche, antes de la una, estaba sentado en la cama por acostarse a dormir cuando escuchó un fuerte estruendo. Pensó que era un choque y salió a la calle.

En la esquina, llegando a la colectora, vio pasar un móvil policial que se dirigía hacia “una gran nube de polvo”. Al frenar el vehículo bajó un policía y, arma en mano, se puso en posición de tiro. Pensó que era un enfrentamiento y se metió rápido en su casa. En ese momento escuchó detonaciones. Vio llegar otro móvil, del que se bajó un policía joven y le dijo que “eran unos chorros que venían persiguiendo del barrio Montemar".

Cuando Catáneo se acercó al lugar vio “una montaña de fierros” y en medio de la calle los cuerpos de dos chicas, una de ellas quería incorporarse y llamaba a su amiga con signos de dolor. Al rato vio llegar a otro auto, particular, del que bajó el subcomisario jefe de Estación de Policía Comunal Julio Micucci, hoy procesado por “falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Luego llegaría el SAME y el intento del personal de salud de sacar los otros cuerpos del interior del auto.

Rodrigo Macías también declaró este jueves. Él es quien filmó parte de la escena esa noche con su teléfono celular y su video (viralizado) fue también un aporte fundamental en la causa. En ese momento caminaba con su primo llegando a la Colectora cuando vio que venía un auto y detrás un patrullero. Escuchó ruidos “tipo disparos” y sintió que un “zumbido” pasó cerca cerca. Enseguida escucharon el impacto estruendoso contra el camión.

Macías empezó a filmar cuando vio que todo se llenó de “humo”. Primero vio dos cuerpos en el piso y el auto partido al medio. Luego a Aníbal Suárez, que movía las piernas como queriendo levantarse. Y a Danilo Sansone, quejándose del dolor. Contó además que la Policía se le acercó al verlo filmar, que le pidieron el DNI y le preguntaron la edad. Él intuyó que “algo raro había pasado”.

Cómo sigue

Hasta el momento en el juicio no ha aparecido ningún indicio siquiera de que los policías hubieran tenido algún tipo de motivación legal para iniciar una persecución contra el auto en el que viajaba el grupo de amigos. Por el contrario, las contundencias probatorias abonan cada vez más la hipótesis de las querellas respecto a que se trató de una despiadada cacería.

Fuentes del bloque acusatorio confirmaron a este diario que en las próximas audiencias la balacera policial quedará aún más certificada a partir de la exposición de los resultados de las pericias balísticas. Además de los cuatro casquillos encontrados por Garcete en su caminata, se encontró un disparo en el glúteo de Gonzalo Domínguez y cuatro orificios de bala en la chapa del Fiat. Además, claro, lo que dijeron varios testigos respecto de, al menos, dos disparos más en la escena del choque.

El diálogo con La Izquierda Diario la abogada Margarita Jarque dijo que “en estas audiencias ya pasaron prácticamente la totalidad de los testigos y la mayor parte de la prueba ya ha sido ofrecida por el fiscal y las querellas. En nuestra opinión se van constatando los hechos que se investigan en relación al recorte de lo que es el homicidio agravado en sí, por el que se imputa a estos cuatro policías. Creemos en se va demostrando la hipótesis que tanto Fiscalía como querellantes venimos sosteniendo”.

Jarque encabeza un equipo de abogades de la Comisión Provincial por la Memoria en representación de las familias de Danilo Sansone y Camila López, a la vez que litiga como querellante institucional. Para ella, queda más que claro que, “en lugar de ser auxiliadores de los jóvenes agonizantes, los policías decidieron seguir disparando”, algo que fundamenta de sobra la acusación de homicidio agravado.

Es poco probable que las defensas de los acusados tengan preparada alguna “sorpresa” para las audiencias que restan, aunque se sabe (como ya lo plantearon al inicio del juicio) que intentarán sostener hasta el final su hipótesis del “accidente”, culpando a Aníbal de “llevar a la muerte” a sus amigos y a él mismo al conducir su auto con alcohol en sangre.

La mayor incógnita es si alguno o todos los imputados decidirán hablar durante el debate. Más allá de su coartada, ya expresada por sus defensores, cuesta pensar con qué “moral” podrían hablar sobre lo que hicieron teniendo delante de ellos a las madres, padres y familiares de las víctimas, incluyendo a la sobreviviente Rocío.

La sentencia del juicio, que se estima para el miércoles 17, estará a cargo de un jurado popular coordinado por la jueza Crolina Crispiani, titular del Tribunal Oral Criminal 4. El jurado deberá decir si considera culpables o no a los oficiales Ecilape, Monreal e Ibáñez y al excapitán García del homicidio agravado de cuatro adolescentes y el intento de homicidio agravado de una quinta chica. Las familias, el pueblo de San Miguel del Monte y gran parte del pueblo trabajador esperan que sí.