Entre 2022 y 2023, años de un retorno más declarado a la presencialidad en la educación, ya se ha vuelto común escuchar en las noticias y los medios, las distintas crisis educativas en la regiones y ciudades del país, que dan cuenta de una grave precariedad en nuestras escuelas, liceos y jardines. Estas situaciones van desde mala infraestructura, plagas de todos tipo, insalubridad, problemas en la alimentación, faltas de insumos y recursos tecnológicos.

El saldo amargo que nos dejó la pandemia fue el haber tenido que sostener la educación pública con nuestros propios recursos como educadores, normalizando la utilización de nuestro propio Internet y recursos tecnológicos, además de un aumento en el agobio laboral. En medio de ese proceso, el Colegio de Profesores no cumplió ningún rol, lo cual contribuyó a la normalización de todos estos abusos.

Es así como todos hemos sido testigos de cómo han disminuido las condiciones para la educación pública, con escuelas abandonadas o sin ningún tipo de mantención de infraestructura, sumado a serios problemas de salubridad y hacinamiento, lo cual se viene denunciando en varias comunas del país, tal como Antofagasta, ciudad en donde se han movilizado más de una treintena de escuelas con profesores y trabajadores de la educación en unidad con los apoderados.

Sumado al desfinanciamiento en que la derecha dejó la educación pública, hoy, las comunidades escolares somos testigo del completo abandono en que las autoridades municipales, de gobierno y de los Servicios Locales de Educación, mantienen a las escuelas, liceos y jardines del país, haciendo oídos sordos a sus necesidades y al requerimiento de un urgente plan de reactivación de la educación, con recursos frescos para las comunidades escolares. Sin embargo, muy lejos de ello, una de las propuestas actuales del gobierno de Boric para “reactivar” pasa por inscribir voluntarios sin ningún tipo de filtro para que trabajen de forma gratuita dentro de las aulas, sin remuneración.

Además de la grave crisis de representatividad que aqueja al Colegio de Profesores (por no organizar a los docentes desde las bases en planes de acción reales prácticamente del 2019), debemos dar cuenta de cómo los dirigentes nacionales del CdP se encuentran en una completa tregua con el Mineduc y el actual gobierno, “predicando en el desierto“ desde el año pasado con vídeos por redes sociales, pero sin ningún tipo de organización para luchar por todo esto en la realidad. Mientras el petitorio docente duerme en los escritorios del gobierno, la estrategia del Directorio Nacional CDP sigue pasando por organizar mesas de trabajo completamente estériles con las autoridades; desde noviembre del 2022 amenazaban con movilizaciones para marzo de este año si la situación se mantenía igual, y pese a que la respuesta al petitorio ha sido prácticamente nula de parte del gobierno, el supuesto “plan de acción” del Colegio de Profesores, no pasa de ser una consigna sin organización real en las distintas regionales. Ahora se encuentra anunciado un paro para mayo, pero sin convocar asambleas de base que permitan que las verdaderas necesidades de la educación pública emerjan en el debate, elevando la discusión del piso en que la mantiene la dirigencia del Cdp, quienes anuncian supuestas “ganadas” que no pasan de una mera suspensión temporal de ciertos instrumentos de la evaluación docente o modificaciones (arreglos) a leyes que se encontraban mal hechas o implementadas. Las asambleas y organización desde las bases es clave frente a dirigencias que se encuentran totalmente desconectadas de la realidad de las aulas, ya que muchos dirigentes del gremio no trabajan, o son docentes directivos o ya se encuentran fuera del sistema tras jubilar.

Incluso hoy somos testigos de como el pésimo proceso de evaluación docente 2022 nos sigue pegando coletazos, y frente a todo esas injusticias el Colegio De Profesores se ubica como un vocero del CPEIP y del gobierno, limitándose apenas a difundir aclaraciones acerca de las medidas que toma el Mineduc, y que hoy afectan directamente a los docentes en nómina a evaluar. Ni siquiera la gran promesa de acabar con la evaluación docente que elevaron las diligencias del Cdp y el gobierno se ha cumplido, y es así como hoy, además de soportar las malas condiciones de la educación pública, los profesores deben someterse a todo el agobio y el estrés que implica esta medición injusta.

Frente a la decadencia y el abandono de este sistema educativo, desde la agrupación de trabajadores de la educación “Nuestra Clase” creemos que los efectos de esta crisis no pueden seguir recayendo sobre los hombros de las comunidades escolares. Esta crisis no solamente afecta a los educadores, sino sobretodo a nuestros estudiantes, quienes además de sufrir diversas precariedades en su vida -producto de la crisis y la carestía de la vida- asisten establecimientos que no se encuentran en óptimas condiciones para sus procesos de enseñanza aprendizaje, lo cual se refleja en la crisis de salud mental que se viene advirtiendo desde el año pasado. Se hace necesario replicar los ejemplos de escuelas como el Liceo A-22, Escuela E-77 y Escuela Huanchaca (Antofagasta) donde las comunidades escolares se han unido entre profesores, estudiantes y apoderados para luchar en común por las necesidades de la educación. Dirigencias tan importantes como las del Colegio de Profesores no pueden seguir haciendo oídos sordos a esta situación y deben convocar ya a asambleas de base en todas las escuelas del país, y a una gran asamblea nacional abierta delegados de todas las regiones, para que se pueda ampliar el debate de la crisis educativa, y organizar así un gran movimiento a nivel nacional que permita defender y rescatar a la educación pública de la crisis en la que se encuentra, ya que al seguir administrando este modelo de educación de mercado las autoridades solo siguen profundizando la brecha y la precariedad de las escuelas.