La reforma laboral de Yolanda Díaz fue pactada con la patronal y los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT en diciembre de 2021. El Gobierno “progresista” ha presumido desde entonces que es la primera reforma que no supone recortes en derechos laborales. Sin embargo, como muchas organizaciones han denunciado, esta reforma ha dejado intocables muchos de los pilares de la precariedad. Y esto tiene consecuencias en que, mientras se reducen los contratos temporales, crecen los despidos entre los trabajadores indefinidos. La precariedad adquiere nuevas formas.

Según el último informe anual del Banco de España, desde la aprobación de la reforma se ha producido un incremento significativo de los despidos entre los contratados de manera indefinida. Convirtiendo la estabilidad laboral en algo mucho más volátil que hasta ahora. Aunque es cierto que la reforma laboral de Díaz ha rebajado en la estadística y en tiempo récord la tasa de temporalidad (8 puntos menos) hasta dejarla en el 17,3% el Banco de España en su estudio ha destacado otros efectos colaterales que demuestran que la disminución de la tasa de temporalidad por sí sola “no es suficiente para valorar de manera global los efectos” de la nueva reforma.

Según indica el estudio, proveniente de una entidad nada sospechosa de defender los derechos laborales, la reforma ha propiciado el auge de una tipología de contrato indefinido a medio camino entre los contratos temporales y los fijos. Algo que además no sale a la luz en los datos del paro, dado que el aparato de la reforma laboral ha abierto el camino a los ceses temporales de la actividad del trabajador, como fijo discontinuo o por ERTE, sin que computen en las estadísticas como bajas en la Seguridad Social, ni en el desempleo.

Ante esta situación en la que se complica tener una visión clara del mercado laboral, con parados que no computan como tales, o despidos que tampoco son registrados con ese carácter, el estudio realiza una comparativa basada en la tasa de las bajas de afiliación producidas por tipología de contratos.

Los contratos indefinidos son la tipología más abundante de los afiliados al Régimen General suponiendo más de 12 millones en el mes de abril (77,7%). Son las y los trabajadores que según el estudio del Banco de España se encuentran en una situación algo más volátil y precaria que antes, de modo que ser “fijo” ya no es una garantía para no terminar en el desempleo con una cierta facilidad. De hecho, para eso han servido todas las reformas laborales previas, al facilitar y abaratar los despidos. Esta última reforma aplica cambios contra la temporalidad, pero, al dejar intactos otros pilares de la flexibilización laboral, genera este efecto de precarizar más a los segmentos laborales que antes se consideraban más estables.

Los despidos de fijos discontinuos se han incrementado un 221% y las extinciones antes de terminar el período de prueba lo han hecho un 141%. Los despidos propiamente dichos han crecido un 68% anual. De conjunto las bajas de afiliación por ceses de personal fijo se han incrementado un 162%. Como se puede comprobar todos los incrementos porcentuales son bastante significativos. Ahora de hecho, la posibilidad de quedarse sin empleo para las y los trabajadores con contrato fijo se han incrementado pasando de un 39% en 2021 a un 57% en 2022. En los tres primeros meses de 2023 la tendencia se confirma y el porcentaje se ha situado en el 56,4%

La precariedad laboral sigue siendo un pilar del capitalismo español

El capitalismo español se basa en la precariedad y la temporalidad de su fuerza productiva. Se trata de una clase capitalista que logra sus beneficios a partir de la máxima sobreexplotación posible de la mano de obra, garantizada por el régimen político del 78, destinado a favorecer los intereses de los más ricos y las grandes empresas y sostenido por una burocracia sindical que ha firmado acuerdo tras acuerdo con el Gobierno de turno y la patronal para mantener la paz social a ultranza.

Esto ha dado como resultado un proceso permanente de desregulación del mercado laboral, impulsado por los gobiernos del PP y del PSOE de manera pactada, en la mayoría de los caos, con las direcciones burocráticas de CCOO y UGT. Así se han acumulado más de 20 reformas laborales desde el 27 de octubre de 1977 hasta la actualidad.

Recordemos algunos hitos en este proceso de ataque a los derechos laborales. Por ejemplo, la reforma de 1984 que supuso barra libre para los contratos temporales durante 3 años, además de romper el principio de causalidad de los mismos, haciendo cualquier empleo susceptible de temporalidad. Otra cima reformista de precarización socialista fue la de junio de 1994 con la implantación del despido libre sin límites. Desde entonces se pudo despedir procedentemente por cualquier cosa (razones organizativas, tecnológicas, etc..) y la legalización de las ETT, culmen de la maximización de la precarización al legalizar el prestamismo laboral que suponía tratar de romper de raíz la unidad de acción y debilitar la lucha de la clase obrera en las empresas. Posteriormente vinieron las reformas laborales de Aznar, Zapatero y Rajoy facilitando y abaratando el despido aún más. Destacables las de Zapatero y Rajoy que golpearon duramente sobre los derechos laborales ahondando más el surco de la precariedad, el despido barato y fácil y la bajada de salarios que dio pie a la devaluación salarial de caballo producida sobre todo en los años de gobierno de Rajoy.

¿Y cuál fue la política del Gobierno “progresista” de Sánchez y Unidas Podemos ante semejante acumulación de reformas precarizadoras? Una nueva reforma laboral, sin derogar la reforma de Rajoy, tal como habían prometido hacer. Es decir, mantener la flexibilidad en las empresas y no tomar medidas para evitar los despidos de trabajadores fijos.

Para terminar con la precariedad y la flexibilización laboral hace falta una política de otra clase: una política independiente de la clase trabajadora que ataque las ganancias capitalistas. Para tomar medidas elementales como la prohibición de los despidos, subidas salariales indexadas automáticamente a los precios, y el reparto de las horas de trabajo sin rebaja salarial para terminar con el desempleo. Medidas elementales que las burocracias sindicales se niegan a levantar, mientras celebran un nuevo pacto social con las patronales.