Después de varios años de espera, comenzó este jueves el debate oral y público a cargo del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata presidido por primera vez por una mujer, la jueza subrogante Karina Yabor, junto a los jueces Ricardo Basílico y Andrés Basso. Se trata del primer proceso por delitos de lesa humanidad ocurridos en los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía bonaerense y en la Comisaría 8va de la capital provincial.
Los delitos que se imputan a los 18 acusados contra 299 víctimas son privación ilegítima de la libertad, tortura, abuso sexual y homicidio. Los acusados son ocho exmilitares del Regimiento de Infantería 7 y tres del Destacamento de Inteligencia 101, un exintegrante de la Policía Federal, cuatro expolicías bonaerenses y dos civiles.
Por el Regimiento 7, los exoficiales de Inteligencia Jorge Alberto Crinigan y Luis Gustavo Diedrichs, los exoficiales de Operaciones Ismael Ramón Verón y Lucio Carlos Ramírez, elexjefe de la Compañía A Lucas Marcelo Castro, los exoficiales de Personal Enrique Francisco Welsh y Rubén Vicente Sánchez, y el exoficial de Logística Enrique Armando Cicciari;el excabo primero de la Policía Federal Carlos Hugo Leguizamón.
Los expolicías bonaerenses Claudio Rubén Mejías, Tomás D’ottavio y Raúl Ricardo Monzón, quienes se desempeñaron como oficiales en las instalaciones de 1 y 60, y Juan Antonio Vidal, exjefe del denominado Grupo Cóndor. Los exoficiales del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale. Los civiles acusados son Carlos Ernesto "El Indio" Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y el abogado Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La mayoría de las personas que pasaron por los dos centros cladestinos sobrevivieron. La excepciones fueron las desapariciones/homicidios de Ana Teresa Diego, María del Rosario Portela, Gladis Mabel Amuchástegui, Mario Salerno, Jesús María Plaza y Edgardo José Cardinali, quienes estuvieron ilegalmente privados de su libertad previamente en 1 y 60, y de Elena Arce, Nora Formiga y Margarita Delgado, Jorge Caravelos, Lucía Mirta Swica, Hector Baratti, Humberto Fraccaroli, Eduardo Bonin y Ramón Cascallares, quienes habían estado confinados en la Comisaría 8va.
El mayor número de víctimas que pasaron por el centro clandestino ubicado en las calles 1 y 60, el cual comenzó a funcionar el mismo 24 de marzo de 1976, fueron trabajadores y delegados sindicales de empresas de la zona secuestrados desde el inicio de la dictadura cívico militar eclesiástica. A lo largo de 1976, esas instalaciones funcionaron como ingreso al sistema represivo ilegal y como centro de tortura, para lo cual dependía del Regimiento de Infantería 7 del Ejército. La fiscalía llevó a juicio los casos de 193 víctimas que pasaron por esos lugares.
En la misma elevación, se mencionó, en base a los testimonios, la presencia de médicos en las sesiones de tortura "controlando el límite de la aplicación de la misma", porque "de ese modo evitaban que los detenidos muriesen antes de obtener de ellos la información buscada". En el mismo sentido, hicieron mención a la presencia de integrantes de la Iglesia Católica.
En cuanto a los crímenes sexuales cometidos, parte de los testimonios tomados en cuenta detallan que "las condiciones de detención padecidas en dicho lugar, incluían de manera sistemática, la desnudez forzada, tocamientos, picana en genitales y otras formas de violencia sexual"
En cuanto a la Comisaría 8va, allí llegaban las y los detenidos desaparecidos que pasaban a ser "blanqueados". "Un paso intermedio entre la total clandestinidad de la que la mayoría de los detenidos provenían al blanqueo que se daba al poner a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a las personas y remitirlas a unidades penitenciarias o liberarlas. En ese contexto los detenidos eran anotados en los libros de la Comisaría que también eran usados para anotar a detenidos comunes que estaban a disposición de jueces en el marco de causas judiciales", precisó la fiscalía.
De los 18 imputados, solo tres están detenidos en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal: Sánchez, Di Pasquale y Castillo. El resto goza del privilegio de la prisión domiciliaria, sin mencionar el número de represores acusados que murieron impunemente, antes de llegar a realizarse el juicio. |
