La inflación de abril de 8,4% publicado por el Indec casi triplica lo que esperaba Sergio Massa a fin de año. En los alimentos se siente mucho más. Es lo que cuentan los testimonios recogidos en la calle por nuestro móvil.
Mientras tanto, las grandes empresas de la alimentación están ganando miles de millones aunque se quejen de los acuerdos de precios oficiales. Es el caso de Molinos, Arcor, Ledesma, Mondelez.
La contracara de las ganancias empresarias es el deterioro de los salarios, sobre todo de los sectores informales, monotributistas y estatales.
El Gobierno nacional es el principal responsable con su política económica y su pacto con los “formadores de precios” y el FMI. La oposición de derecha no puede resolverlo ni mucho menos. Juntos por el Cambio impulsó ese ajuste que pulveriza los bolsillos populares. Las propuestas de Milei, como la dolarización, implicarían una fenomenal devaluación y una caída del salario en dólares. La canasta familiar que depende de las agroexportadoras sería inalcanzable.
El Frente de Izquierda viene planteando una serie de medidas:
1. Aumento salarial de emergencia para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales. Por un ingreso mínimo que cubra la canasta familiar, para lo que se necesita un paro y plan de lucha de la CGT y la CTA, junto a las organizaciones sociales.
2. Control de precios por medios de comités de trabajadores y consumidores. La clase trabajadora tiene el potencial de poder garantizar el abastecimiento a precios accesibles para toda la población a través del control obrero de la industria alimenticia.
En el caso de las empresas que no cotizan en la Bolsa, la exigencia del acceso público de los registros contables y de los movimientos bancarios es esencial. Las grandes patronales acuden a miles de trampas para dibujar sus costos y los ingresos reales. Esto abriría el camino para un verdadero control de precios realizado por comités de trabajadores y sectores populares sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados.
3. Nacionalización de las empresas de servicios públicos. Para cumplir con el FMI el Gobierno avanzó con la reducción de los subsidios energéticos, haciendo recaer sobre los sectores populares este recorte que se traduce en una suba de tarifas segmentada. Con la nacionalización de los servicios públicos, bajo control, administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios populares, se podría acceder a tarifas bajas o gratuitas para quienes no pueden pagarlas. Haciendo que los servicios esenciales dejen de ser un negocio.
4. Los problemas de la inflación no se pueden enfrentar hasta el final sin tomar medidas que den soluciones de fondo a las contradicciones estructurales de la economía nacional, de atraso y dependencia que se profundiza con el sometimiento al FMI y pago de la deuda externa. Los grandes empresarios son los que fugan divisas y organizan sus negocios en función de las ganancias que obtienen a nivel internacional. El monopolio estatal del comercio exterior permitiría controlar la entrada y salida de dólares bajo control de los trabajadores, frenando así las maniobras especulativas que hacen las grandes patronales, la estatización de los puertos que hoy están en manos privadas, y la expropiación de los 4.000 principales.
5. A su vez, la nacionalización de la banca bajo control de sus trabajadores es clave para evitar la fuga masiva de capitales, para proteger a los pequeños y medianos ahorristas y canalizar el ahorro nacional hacia el crédito que permita desarrollar las actividades más urgentes para responder a las necesidades sociales. |