En medio de dudas sobre la continuidad del proyecto de inversión y constantes comparaciones con los marcos regulatorios de otros países, Fortescue Group aprovecha el Foro organizado por el Gobierno de Rio Negro para exigir todo tipo de beneficios antes de seguir con el plan de inversión

A más de un año de distintas promesas sobre una Ley Nacional de Hidrógeno que regule la industria del hidrógeno como vector energético, sigue sin presentarse para su tratamiento en el Congreso Nacional, generando reclamos por parte de la multinacional australiana a cargo de la inversión.

Además de un marco legal para que la empresa opere, el interés radica en una baja en los derechos de exportación que garanticen rentabilidad al negocio al menos en sus primeros años. Lo que no podemos dejar de considerar es que el gobierno del Frente de Todos necesita dólares para afrontar los pagos con el FMI, tanto como Río Negro tiene que pagar el Bono Castello, y por esto no puede resignar por completo de percibir esos aranceles.

Numerosos medios se encargaron de poner este tema en agenda oportunamente una semana antes del Foro Global de Hidrógeno Verde 2023, el cual se está realizando hasta el día de hoy en el Hotel Llao Llao, mismo lugar y un año después que el Encuentro Nacional Hidrógeno 2030.

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Como era de esperarse, durante el Foro la Secretaria de Energía, Flavia Royón, anunció que el proyecto de Ley Nacional está listo y será enviado al Ejecutivo. Sin embargo sigue siendo un nuevo anuncio sin garantía de que se sancione ni en que horizonte de tiempo. En lo que hay una base de acuerdos entre el lobby empresarial y el gobierno nacional y provincial es en un tipo de ley nacional que le permita a la empresa el acceso ilimitado a las divisas para fugarlas a su casa matriz, exenciones impositivas entre otros beneficios.

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Esta cumbre de funcionarios, empresarios, embajadores de potencias imperialistas y ejecutivos del capital global se reúne con la mirada puesta en la generación de Hidrógeno justificando la necesidad de impulsar el negocio como parte de medidas hacia una transición energética. Sin embargo a pesar del discurso verde, los gobiernos impulsan una economía absolutamente dependiente del FMI, del fracking y la megaminería. Esto sumado a no cobrar impuestos para exportar es una entrega grave, lo poco que se reciba iría a fondos privados, y no a salud, educación o a las comunidades originarias que serán desplazadas.