Con la firma del secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto; su par de Nación, Martín Fresneda; y el intendente local, Martín Insaurralde, el Pozo de Banfield se suma a los Centros Clandestinos de Detención convertidos en museo por decisión oficial.
Durante un acto, en la esquina del Pozo de Banfield, Fresneda dijo que “es un placer poder estar presente en este día tan esperado. Venimos junto a los militantes y a todos los argentinos y argentinas que han hecho de la memoria una forma de vivir la vida”.
Esta afirmación del titular de la secretaría de DD.HH. de la Nación no es convalidada por todo el espacio de organismos de Derechos Humanos. Muchos de sus miembros han expresado sus discrepancias con la decisión oficial de transformar los ex CCD en museos. Fueron años de debates de qué significa la memoria, cuando se habla del genocidio de clases que ejecutó la última dictadura militar. Muchos de estos militantes por los derechos humanos se niegan a pensar en una memoria petrificada en un museo cuando todavía miles de víctimas pelean por justicia y, cuando en esos mismos lugares convertidos en museos, todavía se encuentra sin realizar tareas de investigación del cuerpo forense de antropología, donde habrían pruebas valiosas para saber dónde están algunos de los compañeros desaparecidos. La memoria, así como no puede estar petrificada en un museo, tampoco puede estar archivada bajo siete llaves. Como ocurre con los archivos de la dictadura, todavía en poder del Estado y de la Iglesia. Los archivos están y este gobierno entregó algunos de forma muy restringida y esporádicamente. En doce años no fue política del gobierno desclasificar todos los archivos para conocer toda la verdad de lo ocurrido: quiénes fueron los genocidas, qué pasó con los desparecidos, a quienes entregaron los bebés robados nacidos en cautiverio. Abrir los archivos sería una valiosa manera de contribuir a la memoria.
Cuando transformaron a la ESMA en un museo con espacios recreativos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) sostuvo “la ESMA no es un museo, es historia de lucha y resistencia”.
María Victoria Moyano, nieta recuperada, nació en el Pozo de Banfield, sus padres estuvieron secuestrados en este centro clandestino. Hoy están desaparecidos y Victoria todavía no sabe qué pasó con ellos. Sus cuerpos no se encontraron. Sobre la decisión oficial de transformar este centro del horro en un espacio para la memoria, Victoria sostuvo: “hace años nos hicimos presentes en la secretaria de DD.HH. de provincia de Buenos Aires porque querían pintar y refaccionarlo. Sistemáticamente nos tuvimos que enfrentar ante funcionarios preocupados por gestionar inmuebles. El Pozo de Banfield, el edificio completo, sigue siendo una prueba fundamental para determinar la verdad de lo ocurrido en dictadura, el destino de los desparecidos y de los niños apropiados. Ahora resulta que lo convirtieron en un Espacio para la Memoria, pero esto afecta la investigación que hay que hacer en el lugar. Miles de personas entrarán al lugar y eso pone en riesgo la prueba, en una causa que, como sabemos, avanza a paso de tortuga”.
Victoria también se refirió al convenio firmado por Fresneda, Carlotto e Insaurralde, junto a un sector de organismos de DD.HH. y agrupaciones políticas y sociales del kirchnerismo: “es una muestra de que para ellos es más importante hacer museos que investigar si hay pruebas dentro de estos centros de detención” y agregó “llevamos casi 40 años exigiendo el juicio y castigo a los genocidas y que abran los archivos de la dictadura, y seguiremos peleando por todo esto”.
Sobre las declaraciones de Juana Campero, integrante de H.I.J.O.S., de que “la historia de Mary (en referencia a la mamá de Victoria, María Asunción Artigas Nilo de Moyano) es una de las tantas que se resignificarán a partir de la apertura del Espacio de Memoria” Victoria sostuvo “quiero decir de que la historia de mi madre se resignifica en la lucha que llevamos todos los días por una sociedad diferente, sin explotación y opresión, y por quienes consecuentemente luchamos contra la impunidad de ayer y de hoy de manera independiente, y por todo es que no nos reconciliamos. Muy lejos se resignificará la historia de mi madre, y la de sus compañeros, en un Museo, ‘Espacio’, en un circo como la ESMA”.
Nilda Eloy, ex detenida desaparecida en el llamado Circuito Camps, y miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, indicó que "la utilización que hace el gobierno provincial y nacional de los Centros Clandestinos de Detención, como en esta oportunidad el Pozo de Banfield, creando “espacios de memoria” donde hay actividades recreativas y artísticas significa la banalización de los lugares donde operó el terrorismo de Estado, pero además el gobierno kirchnerista hace una utilización descarada de las personas que fuimos víctimas, y también de nuestras historias. Mientras nosotros seguimos exigiendo justicia y pidiendo la apertura de los archivos, el gobierno interviene avalando el desguace de las causas como es el Pozo de Banfield, no entrega los archivos de la dictadura y hace oídos sordos a la medida de no innovar que pesa sobre el centro clandestino, por ser parte fundamental de las pruebas en las causas de lesa humanidad".
María Luz Santos Morón, integrante del CeProDH, y una de las abogadas querellantes en la causa Pozo de Banfield, planteó que “lo que está haciendo el gobierno en el predio del Pozo de Banfield, a través de la Secretaria de DD.HH. y de la Comisión Provincial por la Memoria es parte de la política que lleva adelante el kirchnerismo, ahora con la ola naranja de Scioli que transforma a los lugares del terror en circos para la campaña electoral, como sucedió en la Comisaría 5° de La Plata; mientras el 90 % de los genocidas continúan impunes. Los organismos de DD.HH. rechazamos la pretensión de la justicia Federal de elevar incompleta y fragmentada la causa por los crímenes cometidos en el Pozo de Banfield durante la dictadura. Además reclamamos que se preserve el predio, cuestiones que fueron planteadas en varias oportunidades ante el Juzgado N°3 por Justicia Ya, sin tener respuesta concreta cuando continúa vigente una medida de no innovar dictada por el Juez Corazza en 2006, ya que sigue en curso la investigación sobre los crímenes cometidos en el Pozo”.
A su vez, la abogada Santos Morón, cuestionó al gobierno nacional y provincial porque no han realizado grandes aportes para que avance la causa sobre Pozo de Banfield: “esta causa es el paradigma de lo que tantas veces denunciamos: se fragmentó. El primer tramo fue elevado a juicio oral en abril de 2012, imputando a siete represores por 134 casos; el segundo tramo de la causa es el que pretende elevar a juicio el actual juez de la causa, Dr. Kreplak, con un total de 21 represores por 253 casos. Quedando así muchos casos fuera del juicio y omitiendo imputaciones graves, como hacer pasar la sustracción de menores por privación de la libertad, no imputar los homicidios de compañeros cuyos restos han sido identificados hace 25 años. De hecho, de los al menos 15 asesinatos constatados en autos (12 víctimas cuyos restos fueron identificados por el EAAF) sólo un puñado de imputados fue procesado por el homicidio de sólo 3 víctimas. Todo esto desvirtúa lo que fue el genocidio, el plan sistemático de represión y exterminio que se llevó acabo en nuestro país”.
Las entrevistadas concluyeron invitando a movilizarse el próximo viernes en todo el país, para reclamar por la desaparición de Julio López. |
