Desde que la ministra de la Suprema Corte de la Nación, Yazmín Esquivel, fue señalada por plagio – que dicho sea de paso, todas las pruebas indican que es responsable— el debate al interior de la UNAM – y de todas las universidades del país— sobre el plagio académico se ha centrado en la cuestión ética.

La ministra, como es del conocimiento público, es un personaje aliado al gobierno de la 4T y que en su momento aspiró a ser la presidenta de la Corte, lo que la colocaba en una posición especial entre los 11 togados para impulsar los proyectos del gobierno de Morena. Fue en este contexto en que el escándalo estalló sobre Esquivel Mosso, pues se han dado pruebas claras de que plagió su tesis de licenciatura en Derecho. El resto es historia: la aspirante perdió la votación y la presidencia cayó en otra persona.

En la mayoría de los medios que mantienen una oposición por derecha al gobierno se resaltaba la deshonestidad de la ministra y la falta de ética en su proceder –es decir, su no conducción según ciertas normas sociales—, mientras que los medios adictos al gobierno señalaban que se trataba de una maniobra de la derecha para descarrilar a la 4T.

Ninguna de las dos posiciones problematizó la cuestión de los privilegios y la estructura de poder antidemocrática que sostiene a la SCJN, sino que se limitaban al intercambio de acusaciones entre sí.

¿Por qué se plagia?

Esta situación detonó toda una serie de cursos, conferencias, publicaciones en el ámbito universitario sobre la ética y la honestidad intelectual que debe prevalecer entre los académicos, que sí bien, nos parece importante, no toca un tema fundamental respecto al debate: el que refiere a los derechos laborales de los profesores.

Sólo recordemos que el 75% de los maestros que imparten catedra en la Máxima Casa de Estudios son de asignatura, es decir, que no cuentan con condiciones dignas de trabajo, como es un salario suficiente, estabilidad en el empleo, vivienda, etc.

Por otra parte, existe un conjunto de catedráticos que además de su labor docente, se desempeñan como investigadores, o sea, generadores de nuevo conocimiento. En este sentido, según la lógica que ha impuesto el neoliberalismo, para que se consideré “de impacto” el resultado de una investigación se debe publicar en revistas de “prestigio”.

Ahora, la cosa no acaba ahí, según esta política científica, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, y Tecnología premia la cantidad sobre la calidad, ya que mientras más artículos se publiquen más puntos se consiguen, lo que es básico para los investigadores para acceder al Sistema Nacional de Investigares y poder cobrar los apoyos económicos, los que se han vuelto fundamentales para completar el ingreso mensual.

Esta dinámica productivista sostenida y profundizada por el gobierno de AMLO –a pesar de su retórica humanista— han generada que los investigadores estén más preocupados por publicar –no importando la calidad, si los datos se repiten o simplemente se le da vueltas al mismo argumento— que por crear conocimiento original y profundo, lo que ha provocado que la mayoría de las investigaciones sean irrelevantes para la mayoría de la población y de la comunidad científica en general o, de plano, por la desesperación de no perder parte de sus ingresos, los investigadores acudan al plagio, lo cual es condenable, pero como hemos explicado es una consecuencia de la propia precariedad al cual el sistema los somete.

Justamente aquí es donde entran los derechos laborales, pues sí los académicos contaran con salarios suficientes, prestaciones sociales completas y recursos para sus investigaciones la presión por escribir artículos sería menor y los casos de plagio también disminuirían. Por supuesto que la adopción de una ética que tenga en el centro a la comunidad y el bienestar de la clase trabajadora y sectores populares es necesario, pero esto sólo se puede lograr con un cambio en las condiciones materiales.

Esta situación injusta es así porque en las universidades se han enquistado lo que algunos han llamado “casta dorada”, grupos privilegiados de académicos y funcionarios, que concentran la mayor parte de los estímulos y del presupuesto que va a parar a sus sueldos, con frecuencia, aportan poco a la generación de conocimiento o incluso, descargan la mayoría de la carga de las clases sobre los profesores de asignatura.

Esta estructura administrativa que genera tales desigualdades funciona a partir de mecanismos como el control de estas burocracias académicas de los órganos de gobierno, como lo es la Junta de Gobierno de la UNAM, que nombra tanto a los rectores como a los directores de las facultades y de los institutos y a otras autoridades universitarias. Es decir, ellos se autoasignan sus sueldos mediante estos organismos que son profundamente antidemocráticos, pues excluyen de las decisiones a la inmensa mayoría de la comunidad.

Para cambiar esto se vuelve urgente la democratización de las universidades suprimiendo las juntas de gobierno y sustituyéndolas por asambleas tripartitas, donde tanto académicos, estudiantes y trabajadores no académicos puedan decidir el rumbo de estas instituciones de educación superior. Como es el reparto equitativo de los recursos para que existan salarios dignos al igual que un reparto democrático de los ingresos para la investigación, la cual debe estar al servicio de los intereses y de mejorar la calidad de vida del pueblo trabajador y no de enriquecer a empresas con los avances tecnológicos.

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