El pasado 20 de mayo, Roberto Velasco fue agredido a disparos por un vecino en una localidad del Puerto de Veracruz y falleció unos días después en el hospital local. Mientras sus agresores siguen prófugos, las autoridades han sido omisas y, según la denuncia de activistas del colectivo Soy Humano del Puerto de Veracruz, no ha habido avance en la investigación a casi 10 días del crimen.
Con este crimen, suman 15 agresiones letales contra personas LGBTIQ+ en la entidad tan sólo en 2023, de las cuales sólo una ha tenido resolución judicial. De acuerdo al registro de Letra S, de los 95 crímenes de odio registrados en la entidad entre 2015 y 2022, en el estado actualmente gobernado por el morenista Cuitláhuac García prevalece la impunidad en el 82% de los casos.
A nivel nacional, la entidad ocupa el primer lugar en crímenes de odio, por encima de Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Puebla y Morelos. Los municipios con mayor incidencia de agresiones por odio, según activistas locales, son Xalapa, Las Choapas, Minatitlán, Coatzacoalcos y el Puerto de Veracruz. Según cifras de la organización Letra S, las mujeres trans y los hombres homosexuales son parte de la población LGBTIQ+ más afectada, así como lesbianas, bisexuales, masculinidades trans, muxes, migrantes y defensores de derechos humanos.
Con marco en la décimo sexta marcha del orgullo gay en Córdoba realizada este domingo 28 de mayo, algunos sectores organizados de activistas, colectivos y organizaciones exigieron a las autoridades la creación de una Fiscalía Especializada para la Atención a Crímenes de odio, con la esperanza de que de esta manera se hará justicia a las víctimas. Sin embargo, las autoridades han demostrado su desinterés por la vida y la salud de la población LGBTIQ+, mientras que sus agentes policíacos protagonizan las violaciones a los derechos humanos. El ejemplo más reciente es la brutal agresión de la que fue objeto una pareja gay en manos de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal el pasado 19 de mayo en el Puerto de Veracruz, mismo que continúa impune.
Medios locales como El Diario de Xalapa, destacan que hasta principios de "marzo de 2023, el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) no ha emitido sentencias en materia penal por el delito de homicidio, con perspectiva de orientación sexual (identidad y expresión de género y características sexuales), conforme al Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género". Las leyes locales, que penalizan hasta con 70 años los crímenes con motivos de orientación sexual o expresión de género, son letra muerta en el estado con más crímenes de odio en el país.
Los derechos obtenidos hasta el momento, así como la relativa visibilización de la diversidad sexual y de género en instituciones, si bien han sido una conquista de años de organización y lucha por plenos derechos, también han pretendido ser presentados como el tope de lo que el Estado puede "conceder". Tan importante es la lucha por verdad y justicia para las víctimas de crímenes de odio como por mejores condiciones de vida, así como pleno acceso a derechos elementales como salud, vivienda y educación. |
