"Tengo miedo de irme de este mundo sin encontrar a mis hijos", fueron las palabras con las que Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, clamó por una investigación que dé con los responsables de las amenazas de muerte de las que ha sido objeto, y las cuales han sido cada vez más violentas.

Junto a las Madres Buscadoras en Sonora, colectivo fundado por Flores en 2019, la activista ha ayudado a localizar innumerables fosas y crematorios clandestinos y han dado con más de mil cuerpos. La labor de Flores ha sido reconocida por medios como Forbes y El Universal, como una de las 100 mujeres líderes de México, así como por la BBC, que la integró en 2022 a su lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Su voz es una de las que señalan que en México la cifra de desaparecidos podría llegar de los 300 mil al millón debido al subregistro y, en repetidas ocasiones, ha denunciado la impunidad e inacción de las autoridades responsables.

En un video difundido a través de redes sociales, Flores cuestionó "¿Por qué el odio contra una madre que lo único que ha hecho es luchar por sus desaparecidos?" y reclamó el derecho de éstos a ser buscados.

Madres buscadoras: expuestas y estigmatizadas

Estas agresiones e intimidación no son nuevas. En 2019, Cecilia Flores encaró a un grupo armado que se presentó preguntando por ella en un predio en el cual el colectivo estaba haciendo labores de búsqueda. En noviembre de 2022, la activista denunció amenazas en su contra, a pesar de formar parte del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación desde julio de 2021.

En México hay cerca de 120 colectivos de familiares rastreadores, de los cuales al menos 70 han sido objeto de agresiones e intimidación de forma sistemática tanto por el crimen organizado como por las autoridades locales. Según registros de Segob, de noviembre de 2012 a febrero de 2022 se han registrado agresiones contra colectivos en 15 entidades.

Michoacán, Guerrero, Guanajuato Sinaloa, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila son algunos de los estados en los que se han conformado agrupaciones de búsqueda, expresión de la crisis de violencia y descomposición social derivada de la política de seguridad militarista iniciada en 2006 por el panista Felipe Calderón y continuada, extendida y profundizada por las siguientes administraciones hasta la fecha.

El crimen contra Teresa Magueyal, madre buscadora asesinada recientemente en Guanajuato, se suma a nombres como el de Aranza Ramos, Rosario Rodríguez y Brenda Jazmín Beltrán, asesinadas en este sexenio y que se suman a la lista de periodistas y defensores de derechos humanos que han visto recrudecer la violencia en su contra en los últimos años.

Ni las Fiscalías Especializadas, ni la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas han sido efectivas para frenar estas agresiones ni para obtener justicia para las víctimas. Asimismo, estas medidas e instancias —obtenidas gracias a la movilización y lucha de familiares y organizaciones— están muy lejos de resolver la crisis estructural que rodea la violencia y sus brutales expresiones. Actos como la entrega de palas a buscadoras por parte de la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, en 2020, son la otra cara de la moneda de las promesas de protección para familiares, y de verdad y justicia para las víctimas.

Además de eludir la responsabilidad del Estado en la atención de esta crisis, muestra la falsedad de una retórica en la cual los distintos gobiernos no tienen ningún interés en poner fin al calvario de miles de familias trabajadoras. Desde La Izquierda Diario exigimos el cese al hostigamiento a las madres buscadoras, y para frenar la ola de violencia desatada en los últimos años, se hace indispensable la desmilitarización del país, pues ha mostrado no solo ser una política impotente, sino contraria a lo que dice ser.