El ajuste no pasa sin represión. No es una frase hecha. Es una descripción de como parecen desarrollarse los hechos en la política nacional. O por lo menos, en ciertas partes de su geografía.
Gerardo Morales, en Jujuy, tomó la posta hace rato. El gobierno del radical aliado a Rodríguez Larreta y Martín Lousteau viene implementando desde siempre una política represiva dura. Ahora quiere darle carácter “constitucional” a la prohibición del derecho a protestar. Lo intenta mediante la reaccionaria reforma que se “discute” por estos días. Las comillas no son casuales. Como viene denunciando el Frente de Izquierda Unidad -al que censuran continuamente- la instancia es un verdadero circo donde ni siquiera está presentado el texto que debiera reemplazar a la Constitución actual.
Este viernes, en la provincia norteña y en la Ciudad de Buenos Aires habrá movilizaciones de repudio a ese reaccionario intento de limitar el derecho a reclamar que ejercen trabajadores ocupados y desocupados, pueblos originarios, jóvenes, el movimiento de mujeres y muchos otros sectores más.
Algunos kilómetros hacia el sur, el massista Gustavo Sáenz intenta avanzar por el mismo camino en Salta. Este miércoles, a propuesta suya, la Cámara de Diputados le dio media sanción a una “ley antipiquetes” que también busca impedir el derecho a reclamar. La normativa pasa ahora al Senado, donde el oficialismo provincial contaría los votos para aprobarla.
Este ataque abierto al derecho a reclamar llega luego de varias represiones duras contra la masiva lucha docente que se desarrolla hace semanas en esa provincia. Una de las últimas, además de múltiples heridos, dejó 19 personas detenidas. Saénz pretende darle entidad legal a ese conjunto de arbitrariedades.
Cuando decimos que el gobernador es “massista” no exageramos en nada. El ministro de Economía nacional -por estas horas de viaje en China- es amigo personal del mandatario que manda a reprimir a la docencia salteña por reclamar un salario que no pierda tan categóricamente contra la inflación.
Los ataques contra el derecho a protestar no se ejercen solo desde los gobiernos. Las grandes patronales también montan su propia ofensiva. Este mismo miércoles se conoció una causa penal que la patronal de la multinacional Bridgestone armó contra Alejandro Crespo, secretario general del Sutna (neumático) y dirigente del Partido Obrero.
El ataque viene a tono con el reclamo que tiene lugar en esa planta, ubicada en Lavallol, en el conurbano bonaerense. Allí la patronal viene respondiendo con despidos al reclamo obrero contra la reorganización de las condiciones laborales. Quien denuncia a Crespo es, justamente, uno de los gerentes de la empresa.
Este conjunto de ataques tiene un denominador común. Constituyen un intento de cercenar el derecho a la protesta para facilitar el avance del ajuste. Un ajuste que, como reconoce la propia clase dominante, debe profundizarse muchísimo a futuro. Ese horizonte es el que anuncian las propias coaliciones políticas que responden a los intereses empresarios. Allí tampoco hay grieta. Hay, a lo sumo, matices. Mientras el Frente de Todos aplica el ajuste ordenado por el FMI, Juntos por el Cambio y la derecha rabiosa de Milei, exigen una dureza aún mucho mayor.
Es necesario enfrentar políticamente y en las calles estos intentos de cercenar el derecho a protestar. Luchar contra la avanzada represiva es esencial para estar en mejores condiciones de pelear contra el ajuste que pretenden profundizar. | 
