Entrevistamos a Álvaro Toro, padre de David, asesinado el 8 de abril por carabineros. La prensa y los partidos tradicionales replicaron inmediatamente las declaraciones y la versión de carabineros. Poco a poco ha comenzado a salir la verdad respecto a lo que ocurrió esa tarde noche en Llolleo, San Antonio, y que terminó con la muerte de un joven de 19 años a manos de carabineros. Aquí contamos parte de esta historia.
Revisa la entrevista completa en nuestro canal de YouTube:
Pasadas pocas horas del asesinato de David, el fiscal Fred Silva declaró a los medios que “existió una agresión ilegítima” y un supuesto “afán de provocación”, estableciendo que “el medio utilizado es razonable”, refiriéndose a los disparos con una subametralladora UZI, arma de guerra, por lo que determinó que el carabinero que asesinó a David podía quedar tranquilamente en libertad.
En medios de comunicación tradicionales se repitió la idea de que había muerto un joven “con antecedentes penales”, que “se habían dado a la fuga”, que “atropellaron a un carabinero”, incluso panelistas de televisión aseveraban que los jóvenes al momento de lo ocurrido habían estado “cargados de droga”.
Pero con el pasar de los días, las semanas, con el desarrollo de las investigaciones y la recopilación de pruebas, y especialmente, con los testimonios de familiares, testigos, y las dos víctimas sobrevivientes, poco a poco, esa versión oficial se ha ido cayendo a pedazos, y ha salido a la luz lo que realmente pasó esa noche en Llolleo, comuna de San Antonio.
“Que se den cuenta que no es lo que dijo la prensa a través de carabineros”
La pelea de la familia no ha sido sólo por justicia, sino que también por verdad. Una lucha contra las mentiras que se han instalado en los medios tradicionales y contra una versión oficial que trata de ocultar lo que ocurrió, tachando a la familia de David de narcotraficantes con el fin de encubrir un crimen y de mantener la impunidad: “Da rabia que te carguen algo que no eres, que no somos como familia, que no somos como barrio, siempre nos cuidamos entre todos, y los que nos conocen saben que no fue así.”
Álvaro es electricista y David había cursado toda la enseñanza media en la Escuela Industrial de San Antonio. Quería instalar su propio taller mecánico, lo que se había aplazado producto de la pandemia, pero este año terminaría de cursar Mecánica Automotriz. Desde hace tiempo ya que buscaba ser independiente económicamente, trabajando en cosechas de frutas y verduras en la zona, en trabajos menores de construcción por el barrio y usando su auto, que había comprado con plata propia y algo de apoyo de los papás, para hacer envíos, encargos y para llevar gente, con lo que se ganaba algo de plata extra. Tenía tres hermanos.
Amenazas a vecinos y a testigos
Los hechos ocurrieron en una zona popular de Llolleo, donde David, acompañado por dos amigos de iniciales N y S, se habían estacionado para comprar una cerveza. Luego de los disparos percutados por carabineros, la escena se llenó de vecinos y vecinas que denunciaban a carabineros por lo ocurrido, reclamando por saber qué había pasado.
Vecinos denuncian que escucharon balazos desde un almacén, y desde las cámaras de ese local se podía ver cómo habían asesinado a David. En ese momento ingresó un funcionario de carabineros violentamente obligándolos a borrar las cámaras y toda la evidencia en los dos negocios que habían grabado lo ocurrido.
La denuncia que realizan testigos y vecinos se nos hizo llegar a La Izquierda Diario y pueden revisarla en nuestras redes sociales
Pero si bien muchas pruebas carabineros lograron borrarlas, Álvaro logró acceder a algunos videos. En las imágenes se reafirman las propias declaraciones de N y S.
Cuando el vehículo de David se encontraba estacionado, llegaron dos radiopatrullas que se detuvieron unos metros más adelante. En eso David parte el auto y adelantan, señalizando, a las patrullas estacionadas que no estaban realizando ninguna fiscalización. Al ser una calle estrecha David tuvo que pasarse a la pista contraria y se encontró frente a frente con otro auto que iba en dirección contraria.
Para salir de allí decidió devolverse en reversa, momento en el que topa una puerta de una de las radiopatrullas que se acababa de abrir, y con el abatir de la puerta apretó una pierna de un funcionario policial que estaba bajándose del auto. Eso fue lo que denuncian que ocurrió. Nada más.
“En ningún momento David atropelló al funcionario, y tampoco se dio a la fuga”, señala Álvaro.
Y en ese momento se vino la reacción violenta y criminal de carabineros. El cabo primero Patricio Ignacio Vargas Bascuñán salió de su vehículo y saltó al capó del auto de David, golpeando primero con un pie el parabrisa, para luego disparar en 7 oportunidades con su subametralladora UZI.
David y sus dos amigos se encontraban sentados, con el auto detenido y levantando las manos.
Cuatro días antes se había vuelto a permitir que carabineros utilizara esa arma de guerra que se había prohibido desde el año 2011, cuando en el marco de las movilizaciones estudiantiles el sargento Miguel Millacura asesinó a Manuel Gutiérrez, de 16 años, quien miraba desde una pasarela una de las protestas.
Luego de ese día comenzó la lucha cotidiana de Álvaro y su familia por justicia: “Carabineros le dispararon con una UZI 7 tiros a mi hijo a menos de un metro”, dice.
El asesino libre y las víctimas en prisión
Lo aberrante del caso no se acaba aquí. Luego de asesinar a sangre fría a David, carabineros sacaron a sus acompañantes del auto y los golpearon en el suelo. Ellos mismos denuncian que incluso golpearon a David cuando este ya había muerto. Y para colmo, se los llevaron detenidos.
Al día de hoy, “N” está con arresto domiciliario en su hogar y “S” en prisión preventiva: “Está en la cárcel de Valparaíso. No sé por qué motivo, los abogados tampoco, lo están acusando de tráfico o micro tráfico (…) No hay motivo para que esté detenido. Él no cometió el asesinato. Lo cometió un funcionario del Estado”, señala Álvaro en la entrevista. Le encontraron entre sus pertenencias 6 gramos de marihuana. Cabe destacar que la Ley 20.000 señala que, para considerarse microtráfico, deben ser 20 gramos de marihuana en total.
Hasta el momento de escribirse estas líneas las familias todavía exigen por la libertad de sus hijos, y denuncian que “S” ha sido tratado violentamente por gendarmería en la prisión.
Mientras tanto, Patricio Vargas, el cabo de 32 años que asesinó con un arma de guerra a David Toro, disparándole a tres jóvenes que tenían las manos en alto y se encontraban sentados en su automóvil, tan sólo fue trasladado de ciudad. “Lo trasladaron de ciudad, para que esto se olvide. Pero esto no se va a olvidar. Hay testigos. Hay videos. Y esos videos están”, señala Álvaro.
Luchando por justicia, verdad y para que no haya impunidad
Las evidencias de este caso, lo que vieron los testigos y los testimonios de familiares y amigos, han empujado a que poco a poco se vaya esclareciendo la verdad. A su vez, vecinos y vecinas, amigos de la familia, han ido apoyando la lucha por verdad. De hecho, “A los días de despedir a David se hizo una marcha con la gran cantidad de amigos y vecinos que él tenía, apoderados también, que saben cómo somos como familia, el apoyo de la gente de la zona, nos apoyaron en esa marcha”, relata Álvaro, en una manifestación de más de 200 personas exigiendo justicia, donde tanto en la marcha como “En el velorio y en el trayecto al cementerio carabineros siempre nos estuvo rodeando, hostigándonos”.
A su vez, junto al abogado Lorenzo Morales, de la Defensoría Popular, que presentó la querella en el tribunal de San Antonio, requirieron al Tribunal Constitucional para que este se pronunciase por la inconstitucionalidad de la Ley Naín Retamal, que fue aprobada dos días después de la muerte de David, en el marco del clima represivo y autoritario que la derecha ha venido impulsando y al que el gobierno se ha plegado.
Las manifestaciones, actividades de apoyo y la investigación judicial seguirá adelante, tal como señala Álvaro: “Nuestros abogados están haciendo todas las investigaciones para tener pruebas fehacientes para llegar al momento del juicio, la verdad tiene que salir a la luz, la única, y no existe otra. Que carabineros quiera tapar el sol con un dedo y manchar más a la gente, y ellos quedar impunes de los errores y asesinatos que están cometiendo, van a tener que pagarlo, porque la verdad va a salir.”
Finalmente, Álvaro llama a que las autoridades del gobierno se comuniquen con ellos, porque nadie lo ha hecho: “Señores políticos, señorita Carolina Tohá, señor Presidente, acérquense a la familia, averigüen ustedes (…) No se olviden del venezolano que mató carabineros (…) Del abuso que tienen carabineros con la gente en la calle (…) A mi hijo, con las manos arriba, dentro de su auto, lo mataron a sangre fría, a menos de un metro con una UZI (…) Señores políticos: si ese hijo hubiese sido hijo de ustedes, a ese oficial lo hubiesen encerrado de una.”
