En los Tribunales de La Plata, querellas y Fiscalía pidieron las penas más altas para los cuatro bonaerenses ya condenados por matar a Aníbal, Camila, Danilo, Gonzalo y dejar grave a Rocío. Impotente, un defensor pidió anular el juicio. En sus últimas palabras, los condenados reiteraron sus agravios.

Este viernes en los Tribunales de La Plata se realizó la llamada “audiencia de cesura” en el juicio por la Masacre de Monte. Como se recordará, el 17 de mayo un jurado popular declaró culpables al excapitán Rubén García y a los oficiales Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez (los tres últimos siguen integrando la Policía Bonaerense) por el crimen de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Aníbal Suárez (22) y por dejar en grave estado a Rocío Quagliarello (hoy de 17). Los hechos ocurrieron la madrugada del 20 de mayo de 2019 en San Miguel del Monte.

Tras el veredicto del jurado popular de doce miembros, en la audiencia de “cesura” se debate sobre las penas a aplicar a los condenados, para lo cual las partes presentan (con testigos de concepto si así lo desean) los “atenuantes” y “agravantes” con los que justificarán sus pedidos. También se le da a los condenados, si quieren, el derecho a unas últimas palabras. La jornada duró casi seis horas y estuvo a cargo de la jueza Carolina Crispiani, titular del Tribunal Oral Criminal 4 de la capital bonaerense. El próximo viernes 9 al mediodía, finalmente, la magistrada dará a conocer las penas.

Efectos de la masacre

Quienes dan testimonio en una audiencia de cesura no deben haber declarado en el debate previo. Aquí se busca recoger conceptos que den sustento al planteo de eventuales agravantes o atenuantes por parte del bloque acusador y de las defensas.

Convocadas del lado de las querellas, hablaron Blanca Suárez y Loana Sanguinetti, madres de Aníbal y Rocío (otras tres madres ya habían atestiguado en el juicio); la directora de la escuela secundaria a la que concurrían las víctimas y psicólogas que atendieron a parte de las familias. Del lado de la defensa, se convocó a un puñado de familiares, amigos y compañeros de armas de los policías.

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Blanca, la madre de Aníbal, contó cómo su vida dio un vuelco tras aquella noche. La familia es de Misiones. Esa mañana estaba trabajando, cuidando a un adulto mayor, cuando aparecieron su padre y su pareja a informarle lo que le había pasado a su hijo a más de mil kilómetros de distancia. El golpe fue doblemente duro, ya que Aníbal iba a ser padre en pocos meses (su hijo nació en agosto). Desde entonces Blanca sufre de hipertensión, se medica para dormir y en la casa cuesta muchísimo hablar del tema. Aníbal era también un sostén económico, enviaba mensualmente dinero desde Monte. “Espero poder vivir mi duelo después de este juicio”, dijo Suárez mirando a la jueza.

Loana, madre de Rocío, se había mantenido en silencio durante todo el juicio. Con pocas palabras, su testimonio estuvo también cargado de emotividad. Contó que son amigas desde niñas con Yanina Zarzoso, madre de Camila, y que sus hijas eran inseparables. Sobre Rocío, afirmó que el hecho de ser “única sobreviviente” es algo “muy difícil de sobrellevar”, que ella ya no es Rocío sino “la chica de la masacre”, que no pudo seguir estudiando y que probablemente el año que viene retome en una escuela de adultos. “Me cambiaron a mi hija, antes era una chica alegre, sin problemas, hoy es una chica muy encerrada en sí misma”, afirmó.

Silvia Ocampo es la directora de la Escuela Secundaria 1 del pueblo. Allí concurrían al primer año Rocío, Camila, Danilo y Gonzalo. También un sobrino de Aníbal. La mujer contó los efectos de la masacre sobre la comunidad educativa. “Nunca tuve tanta gente llorando en mi dirección, tuve que cambiar mi forma de ser para contener durante meses a muchos estudiantes y docentes”, afirmó Ocampo al tiempo que detalló que en ese proceso aumentaron los ataques de pánico, el miedo a la Policía creció exponencialmente y hasta afloraron rasgos suicidas en otros niños.

Luego hablaron tres psicólogas que atendieron en estos años a madres y familiares de algunas de las víctimas. Relevadas a tal fin de su secreto profesional por parte de sus pacientes, las profesionales dieron detalles de cómo se dieron los procesos subjetivos de esas personas ante semejantes pérdidas. Hubo coincidencia en afirmar que, al no haber una palabra o término lingüístico que defina la pérdida de un hijo o hija (como sí lo hay para la viudez o la orfandad), es muy difícil lograr “inscribir” esa muerte en la psiquis y el trabajo de duelo se transforma en una empresa compleja, muchas veces no alcanzada.

Proyectos de vida guadañados en una noche de terror; la crianza de otres hijes que preguntan cada día el por qué de las ausencias; el miedo sobre el futuro del resto de la familia; habitaciones, ropa y juguetes que quedaron como suspendidos en el tiempo; trastornos de ansiedad, angustia permanente y dificultades para la reinserción laboral; y un “duelo suspendido” durante cuatro años que, tal vez, pueda realizarse tras sellar este proceso judicial. Esos son algunos de los efectos de la masacre policial en decenas de vidas de Monte. A lo que hay que agregar el nunca cesado hostigamiento de sectores de la comunidad vinculados a los criminales de uniforme.

"Buena gente"

Todas las mujeres que atestiguaron a propuesta de las querellas lo hicieron en la sala de audiencias, viajando desde sus lugares de residencia y mirando a la cara a la jueza Cipriani. La cosa fue distinta del lado de las defensas. De las siete personas citadas, sólo una testificó presencialmente. El resto lo hizo por videoconferencia. Hablamos de familiares directos y amigos de los condenados. Algo que repitió la conducta evidenciada durante el juicio, donde los acusados tuvieron un pobrísimo acompañamiento familiar entre el público.

La única testigo presencial fue Andreina Ferrari, prima hermana del oficial Manuel Monreal. Durante varios minutos, sin que le hicieran preguntas, leyó un relato de pretendido contenido literario emocional, donde destacó, a través de anécdotas de infancia y misceláneas familiares, el “buen corazón”, el “sentido de justicia”, la “amistad” y demás atributos del policía. “Somos una familia normal, nunca tuvimos lío con nadie, la vida se nos derrumbó, el no es un asesino, es una persona de bien”, dijo la mujer de 26 años al tiempo que acusó a las querellas de difundir un “discurso de odio” contra su primo y los otros. “Manu perdió a su novia, a su perra, a su cama”, terminó.

Le siguieron una amiga de Monreal y otra de Ibáñez, las parejas de éste y de García y dos amigos de éste último (uno de ellos policía con quien compartió carrera durante treinta años). Todas y todos, virtualmente, dijeron en pocos minutos que los condenados son buenos policías, buenos padres y amigos y que nunca le harían mal a nadie.

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Pedidos de penas

Tras escuchar los testimonios, la jueza dio paso a las partes para que realicen sus planteos de agravantes y atenuantes que pesan sobre cada condenado y luego soliciten las penas correspondientes.

Primero habló el fiscal del juicio, Mariano Sibuet. Como único atenuante mencionó que, al menos formalmente, los cuatro condenados carecen de antecedentes penales. Luego desarrolló una lista de agravantes, como la nocturnidad (que permitió cometer el crimen a oscuras, sin testigos y dando mayor indefensión a las víctimas), el intento de ocultar pruebas luego del hecho y los efectos devastadores en Rocío y en las familias de los fallecidos.

Luego de encuadrar cada elemento en diversos artículos e incisos del Código Penal, Sibuet solicitó las penas de “reclusión perpetua” para García y Ecilapé en tanto que pidió veinte años de reclusión para Monreal e Ibáñez. Las mismas penas solicitaron la doctora Dora Bernárdez, abogada de las familias de Aníbal y Gonzalo, y el doctor Ricardo Minoli, patrocinante de Rocío y su madre.

La Comisión Provincial por la Memoria, en la voz de la abogadas Margarita Jarque y María Santos Morón, también tomó como agravantes la nocturnidad, la multiplicidad y edades de las víctimas, el desapego por la vida humana de los victimarios, el uso de bienes del Estado para cometer el hecho y el daño psicológico a Rocío.

Como querella institucional y patrocinante de las familias de Danilo y Camila, la CPM afirmó que no hay atenuantes por tratarse de una grave violacion de derechos humanos. En ese sentido, pidieron reclusión perpetua para García y Ecilapé y 26 años y ocho meses de reclusión para Monreal e Ibáñez, de cumplimiento efectivo en cárcel común. Y solicitaron una serie de medidas de aplicación por parte del Estado a fin de garantizar una reparación (siempre parcial) para Rocío y todas las familias afectadas.

Por su parte desde el CELS, también como querella institucional, la doctora Agustina Lloret habló de diversos agravantes: el ensañamiento, el desapego a las normas de la fuerza policial, el desprecio a la vida, la negación de haber disparado, la nocturnidad, el nulo arrepentimiento por lo hecho, la ausencia de sospecha fundada y legal para perseguir al Fiat 147, la extensión del peligro y los daños causados, la edad de las víctimas y las secuelas psicológicas.

A diferencia de la Fiscalía y el resto de las querellas, el CELS tiene una posición institucional que cuestiona la figura de “reclusión”. Por eso Lloret solicitó penas de “prisión” perpetua para García y Ecilapé y de veinte años para Monreal e Ibáñez.

Hay que decir que la reclusión es una pena vigente en el Código Penal, pero que desde el punto de vista de la ejecución de la pena (y según fallos de la Corte Suprema provincial) actualmente no tiene diferencias con la prisión, salvo que es más gravosa en términos del tiempo de privación de la libertad. De allí que la Fiscalía y todas las querellas menos el CELS concluyeron en la necesidad de pedir la reclusión para exigir que se aplique el máximo penal estipulado.

En el caso de las llamadas penas “divisibles”, en este caso para Monreal e Ibáñez que fueron condenados sólo por “tentativa de homicidio”, al pedir “reclusión” la escala penal va de quince a veinte años, mientras que si sólo es “prisión” el máximo es de quince años.

Últimos recursos

La defensa de García, Monreal e Ibáñez estuvo representada por la abogada María Celeste Baqué y Luis María Giordano. El histriónico y poco efectivo Guillermo Baqué, quien había encabezado esa defensa durante el juicio, faltó a la cita. Su hija y el verborrágico Giordano marcaron como atenuantes que sus defendidos no tienen antecedentes y éste fue el “primer delito” que cometieron en sus vidas. A su vez cuestionaron los agravantes propuestos por el bloque acusador, no porque no fueran ciertos sino buscando anularlos con vericuetos jurídicos. Y, nuevamente, destacaron la “buena educación, los valores y los principios” de los policías.

Con jeroglíficos discursivos, Giordano rechazó los pedidos de reclusión perpetua, en una supuesta defensa de dignidades republicanas. Le pidió a la jueza que “desoiga las recomendaciones” de las querellas que han “edificado el reproche desde cierto territorio rencoroso”. Y pidió el mínimo posible de penas para sus defendidos.

El doctor Marcelo Di Siervi, defensor de Ecilapé, adhirió a lo que dijeron sus colegas y agregó una impugnación al jurado popular. “Un jurado al que usted, señora juez, le ha leído 65 carillas y no entendieron nada, le puedo asegurar”, le espetó a Cipriani. Para él, los doce jurados “no saben nada” y emitieron “un veredicto absurdo, arbitrario y fuera de la ley”. Pronosticó que el veredicto será “revertido” en la instancia de Casación y le sugirió a la jueza que anule el juicio directamente y ordene la realización de uno nuevo.

Antes de finalizar la audiencia y de anunciar que el viernes 9 a las 12 dará a conocer las penas aplicadas, la jueza Cipriani les dio una última palabra a los condenados. Los cuatro tenían ganas de hablar.

Mariano Ibáñez dijo: “No soy ningún asesino, sólo estaba trabajando. Trabajaba los siete días, todo para darle un techo a mi hija. Cuatro préstamos tenía. Amo la vida, no tengo ningún desprecio hacia la vida. En todo caso si alguien despreciaba la vida, es el que manejaba (el Fiat 147), hacia él, hacia sus amigos y hacia nosotros”.

Manuel Monreal agregó: “Me tratan de criminal, pero un criminal no se presenta sabiendo que va a ser detenido, un criminal huye. Dije la verdad en todo momento, siempre actuamos a derecho como profesionales. Fue una tragedia para todos y no hay vuelta atrás, claramente, pero no somos ningunos criminales, me parece una locura que la sociedad nos señale como si fuéramos unos monstruos”.

Leonardo Ecilapé denunció: “Con nosotros se está haciendo una injusticia terrible. Todo el mundo, esas asociaciones y demás están aprovechando este caso para su propio beneficio, sin importar lo que hay de esta parte. Quieren hacerle creer a la prensa y las demás personas que somos monstruos. Yo no mentí en ningún momento, pero el fiscal y la parte acusadora sí mintieron, hasta el día de hoy. Esta causa se hizo mediática, ellos (las familias) fueron a buscar a la prensa y ahora quieren hacernos creer que no pueden vivir en paz”.

Por último Rubén García, aquel que sacó medio cuerpo de la ventanilla del patrullero y descargó varios disparos sobre el auto perseguido a escasa velocidad, el mismo que luego diría a las vecinas que él no disparó contra los “chorros”, completó: “Le quiero decir a los de los derechos humanos que yo no soy ningún maldito gorila, porque escuché algo que decían de ‘lesa humanidad’, no sé qué. Eso quiero dejar bien en claro”. Tan claro, que oscurece.