La crisis de la educación pública se viene arrastrando por años, pero ésta se acrecentó debido a la pandemia, el deterioro de la infraestructura de los establecimientos educacionales que estuvieron en el abandono durante dos años, sumado a los problemas de “deserción escolar”, hacinamiento, violencia, de alimentación, etc. que nos encontramos en el retorno presencial a clases, todas problemáticas son estructurales en la educación pública.

Aún transcurridos ya un año y medio del retorno presencial a clases, a la mal llamada “normalidad”, es recién cuando los dirigentes del Colegio de Profesores deciden indignarse y votar entre cuatro paredes un plan de acción que incluye en palabras de Carlos Díaz Marchant, un “eventual paro nacional”, haciendo un llamado a debatir en asambleas de bases comunales, algo que puede ser progresivo para el momento de pasividad actual en el que nos han envuelto, pero es un llamado que primero, llega tarde y sin decisión de organizar realmente a las bases y segundo, nuevamente expresa que para los dirigentes del CdP, las bases somos utilizadas como maniobra para sus diálogos parlamentarios y presiones por arriba, demostrando que no existe confianza en la fuerza organizada y movilizada que podamos desarrollar las y los trabajadores de la educación.

Esto no es casual, ya que durante todo el año pasado las dirigencias nacionales que son en su mayoría del Frente Amplio y Partido Comunista, no quisieron realizarle ninguna olita al gobierno de Boric, su propio gobierno, adaptándose por completo a la espera de la ilusión de los posibles acuerdos parlamentarios, mientras las bases nos movilizamos fuertemente el año pasado contra los SLEP, contra la precariedad en la que nos encontramos realizando clases en este retorno presencial, los dirigentes solo se limitaban a viajar y saludar estas manifestaciones pero jamás llamaron a un plan unificado de lucha ni a un paro nacional que permitiese unificarnos a nivel nacional.

Todavía hay trabajadores de la educación a los cuales no se les ha pagado el sueldo de manera íntegra, sobre todo en el sur del país, así como en el norte hay docentes a los cuales se les ha castigado por movilizarse como los descuentos que se hicieron por dos días de paro en Antofagasta por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Las demandas siguen en pie, pero no puede ser que estas dirigencias utilicen a las bases para sus presiones y no apuesten a mantener una organización viva que le exija real financiamiento a la educación pública, de emergencia. En pronunciamientos de este año, el ministro de educación Marco Antonio Ávila ha dejado ver su perspectiva de que los profesores nos hagamos cargo de la situación y hagamos clases en hacinamiento como un “esfuerzo” a la contingencia que ocurre en la zona norte del país. Esta línea política de no reactivar verdaderamente la educación pública con recursos frescos, ignorando la profunda crisis que hay, se corrobora en la última cuenta pública del presidente Boric este pasado 1 de junio, donde los anuncios no alcanzan ni siquiera a cubrir las supuestas promesas de campaña de este gobierno, como la deuda histórica y la condonación del CAE. Así como el gobierno pone suma urgencia para aprobar millones de dólares para Carabineros por la ley Nain Retamal ¿Por qué no lo hace con educación? ¿Por qué no son prioridades la salud y educación para este gobierno? Al cual representan nuestros dirigentes del único gremio nacional del país.

Por eso desde la agrupación Nuestra Clase, exigimos que este plan de acción sea debatido y resuelto en las bases, con una organización real de parte de las dirigencias regionales y comunales que hoy vienen completamente adaptadas a los ritmos de las CMDS o SLEP locales. Que el llamado a paro nacional no sea solo una amenaza, sino que un llamado efectivo, donde nos organicemos desde todos los rincones del país y los dirigentes no sean piedra de tope para ello.