El gobierno PSOE-UP envía este miércoles a Bruselas la adenda al llamado Plan de Recuperación para recibir 94.344 millones más de fondos europeos. Esta nueva inyección se suma a los 70.000 recibidos en el primer tramo.
Del total de la nueva partida, un tercio se destinará a subvencionar proyectos industriales de grandes empresas. En concreto, serán 28.275 millones, 10.000 millones en subvenciones directas y 18.000 millones en préstamos, que se suman a los 14.200 millones que se están repartiendo del primer tramo.
Un total de 42.475 millones, cifra que se acerca a los 50.000 millones desembolsados en la crisis anterior para rescatar a los bancos. Como en aquella ocasión, un 30% corresponde a "ayudas a fondo perdido" (que el beneficiario no debe devolver) y el resto es previsible que tampoco se recupere como pasó con las ayudas a la banca.
Sea como sea, estos créditos no tendrán nada que ver con la asfixia que imponen los bancos a las familias hipotecadas o a los autónomos endeudados. El gobierno les ofrece préstamos a un tipo de interés 30 puntos básicos por debajo del coste de emisión a diez años del Tesoro, y a devolver en de 30 años.
Por otra parte, estas “ayudas” europeas no son ningún cheque en blanco. De esta nueva partida, 84.000 millones pasarán engrosarán la deuda pública española. De la anterior fueron otros 60.000 millones. Pero además, estos préstamos están vinculados -como en la crisis anterior- a controles de gasto por parte de Bruselas y nuevas contrarreformas laborales y de pensiones que intentarán imponer en los próximos años.
Estas transferencias de dinero público se realizarán a través de los Planes Estratégicos para la Transformación y Recuperación Económica (PERTE). De entre los PERTE más destacados está el ligado a la promoción del vehículo eléctrico. En esta segunda entrega las multinacionales del automóvil dispondrán de otros 1.250 millones entre transferencias y préstamos. Las empresas ligadas al hidrógeno renovable recibirán una inyección de casi 5.500 millones, y el sector de la industria de semiconductores y microprocesadores de 2.720 millones, una cantidad casi idéntica a la de las eléctricas que inviertan en energías renovables. Las grandes compañías de gestión del agua se embolsarán 3.000 millones más.
Los 20.000 millones destinados a la financiación de proyectos de inversión sostenible de las comunidades autónomas, irán también a parar a empresas que gestionarán las externalizaciones ligadas a la construcción de vivienda pública, obras públicas o gestión de aguas y residuos.
También las supuestas ayudas para la financiación de las pequeñas y medianas empresas, son ante todo una gran oportunidad de negocio para la banca. Serán varios fondos que suman cerca de 45.000 millones, y que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) cederá a los bancos privados para que los gestionen. Así, Santander, BNVA o La Caixa podrán especular libremente cobrando intereses a precio de mercado a sus clientes -mientras ellos los reciben a tasas subvencionadas-.
El gobierno “progresista” decidió presentar la petición mucho antes del plazo límite fijado por la Comisión Europea, que era el mes de agosto. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, justificó las prisas en poder garantizar que las ayudas se recibían en la fecha estimada: “no era realista pensar que se pudiera iniciar un trabajo nuevo después de las elecciones, por responsabilidad y por no poner en este momento freno a todo el proceso en marcha”.
En una cosa tiene razón la ministra: éste se puede considerar el último cheque-regalo del gobierno del PSOE-UP a las grandes empresas, ya que todo indica que perderán las elecciones a manos de una derecha que sus propias políticas ayudaron a fortalecer. PSOE y Unidas Podemos pasarán a la historia como uno de los ejecutivos que mayores transferencias de dinero público han realizado al sector privado en cuatro años. Los fondos europeos se suman a las ayudas extraordinarias aprobadas durante la pandemia. Su política ha servido para blindar los beneficios empresariales, que han aumentaron un 93% solo en 2022, mientras los salarios se han perdido 8 puntos de poder adquisitivo durante esta legislatura según la OCDE.
Una política compartida y defendida por las dos alas del gobierno. No solo Calviño es fanática de los fondos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también presume de esta ayuda que preanuncia los ajustes y contrarreformas de los próximos años. En la misma línea, y con una sinceridad sin complejos, el secretario general del Partido Comunista de España se enorgullecía el pasado mes de marzo que “en la historia de España, no ha habido una transferencia de recursos del Estado tan grande a las empresas privadas como la que ha llevado adelante este gobierno”.
El precio de esta transferencia será uno de los ejes de la siguiente legislatura. La Comisión Europea comienza a avisar que la flexibilidad fiscal está llegando a su fin y que los distintos gobiernos tendrán que aplicar medidas de ajuste del gasto público. Como vimos con Zapatero primero, y Rajoy después, tanto un gobierno de la derecha como del social-liberalismo, cumplirán con estos compromisos a base de recortes en servicios públicos, salarios públicos y aplicación del artículo 135 de la Constitución que prevé el pago de la deuda pública como prioritario frente a cualquier otro gasto. También las contrarreformas formarán parte de la nueva agenda del gobierno que entre, como la de las pensiones, que de hecho está ya recogida en el acuerdo entre Escrivà y las direcciones de CCOO y UGT, que definen que en los próximos años serán los “hombres de negro” del AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) los que revisarán la viabilidad del sistema de jubilaciones.
Prepararse para enfrentar estos planes de ataque, los aplique quien los aplique, es una de las tareas urgentes de toda la izquierda anticapitalista, del sindicalismo combativo y de los movimientos sociales. Contra la paz social impuesta estos últimos años por la burocracia sindical, es necesario avanzar en la organización, empezando por rodear de solidaridad y coordinar todas las luchas en curso, muchas de ellas en contra de los techos salariales o convenios a la baja firmados por la burocracia, como la de Telepizza, el sector informático o el audiovisual.
Al mismo tiempo, frente a la trampa del mal menor, que nos quiere condenar a ser recolectores de votos para un próximo gobierno ajustador "progresista", es urgente dar pasos en construir una alternativa política independiente de la clase trabajadora, que luche por que las consecuencias de la crisis se descarguen en los capitalistas que se están embolsando miles de millones en beneficios y ayudas públicas. | 
